Hace un tiempo recomendé esta nota del diario La Nación sobre algunos de los motivos por los cuales hay reticencia en los Tribunales a permitir el ingreso del periodismo en general y de las cámaras de televisión en especial.
Fue grato encontrar a un camarista de La Plata que está de acuerdo con que los que no quieren a la TV son los jueces porque sienten que los están sometiendo a examen.
Se trata de Eduardo Hortel, presidente de la cámara que condenó a prisión perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo José López por “torturas seguidas de muerte” contra Miguel Bru, y al odontólogo Ricardo Barreda por el asesinato de su esposa, sus hijas y su suegra.
Está en Neuquén como jurado externo del concurso para elegir juez de Cámara para Zapala. Mientras los cuatro aspirantes rendían el examen escrito, en el piso 11 del lujoso edificio donde está el Consejo de la Magistratura, Hortel hizo declaraciones.
-Usted integró el jurado que condenó a Barreda; un imputado muy mediático y en un caso muy mediático...
-Sí, fue el único juicio oral que se trasmitió por televisión a todo el mundo.
-¿Cuál es su postura sobre la trasmisión televisiva, en vivo o en diferido, de los juicios orales?
-Yo digo que es una forma de publicidad del juicio oral, pero admito que hay juicios orales que no se pueden trasmitir por televisión. Lo principal es que las partes estén de acuerdo que se trasmita. Sobre todo si la defensa se opone me parece que corremos el riesgo de que se dicte una nulidad por trasmitir el juicio por televisión. Estoy a favor de la publicidad, observo que sobre todo en la capital federal algunos juicios orales que se podrían trasmitir y en realidad no se trasmiten porque en el juicio oral la trasmisión televisiva le está tomando examen a los jueces, y a ningún juez le gusta que le tomen examen. Esa es una de las razones fundamentales por la cual no se trasmiten los juicios por televisión. Algunos se podrían trasmitir, como fue el caso de Barreda. Pero en Nación en general y la provincia de Buenos Aires en particular, los jueces no quieren que se trasmita por televisión.
El resto de la entrevista saldrá pronto en el diario.
La comisión de Asuntos Constitucionales, que se reúne el martes, tiene en su agenda el concurso de la Cámara de San Martín. Los diputados ya recibieron todos los antecedentes, tal como se lo habían solicitado al Consejo de la Magistratura, con una notita de presentación (que acompaña este post).
Tarde o temprano los pliegos de los tres ganadores llegarán al recinto y ahí se sabrá cuál es la postura de la Legislatura no ya respecto de este concurso, sino del Consejo de la Magistratura.
Porque si los diputados declaran nulo todo el concurso (hay que ver de qué manera formal se traduce esa eventual decisión política), será la campana de largada para el tratamiento de los proyectos de reforma de la ley del Consejo.
Pero si les prestan acuerdo a algunos sí y a otro/otros no, la lectura será que no hay por ahora reforma a la vista.
Actualización: la reunión de hoy 21/10 se suspendió.
El lunes, el expediente menos codiciado de Neuquén aterrizará en el despacho de la jueza correccional María Antonieta Gagliano. ¿Atenderá a la prensa aunque sea para decir “me excusé” o “no me excusé”.
BUENOS AIRES, oct 16 (DyN) - Para contrarrestar un criterio reinante en algunos tribunales porteños, el juicio por el contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador que se inició hoy es verdaderamente oral y público: los magistrados dejaron entrar sin cuestionamientos ni restricciones a la prensa para que pudiera registrar el seguimiento de la audiencia.
Es que el inicio del juicio concitó la atención periodística de la prensa local e internacional, cuyos representantes llegaron al tribunal para corroborar qué hacía ante la anunciada ausencia del ex presidente Carlos Menem, el principal imputado.
Había periodistas de medios internacionales, más de ocho cámaras de televisión y los cronistas de los principales diarios y agencias de noticias locales que se apostaron para mirar los detalles de la primera audiencia donde se enjuiciaba a un ex presidente.
Pero el interés de los periodistas fue decayendo con el correr de las horas, al igual que el de los imputados, que se habían acomodado en las respectivas hileras de la sala de audiencias.
Para la tarde, con la justificada ausencia de Menem como antecedente, los acusados también fueron desapareciendo silenciosamente de los tribunales y dejaron sólo a sus abogados para que escucharan la larga de lectura de las actas de elevación a juicio.
No obstante, cabe destacar que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 tuvo un criterio muy diferente a los juicios por la tragedia de Cromañón, al cura Julio Grassi o los de derechos humanos que se sustancian en los tribunales porteños, donde hay un control muy estricto sobre la prensa y la difusión de lo que pasa en la audiencia en vivo y en directo.
Esta es la lista de anotados en el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura de la Nación para cubrir un cargo de juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén.
Como complemento del post que sigue, la oficina de prensa del diputado Oscar Massei me envió este otro proyecto de ley que propicia la creación de una comisión de mediación para buscarle una salida pacífica a los conflictos sociales.
He aquí un caso poco frecuente. Esto dice un comunicado de prensa del Tribunal Superior de Justicia del 10 de octubre pasado:
"La Oficina de Prensa del TSJ informa que en el día de ayer, a pedido del fiscal Marcelo Jofré, el titular del Juzgado de Instrucción de Zapala, Dr. Oscar Domínguez ordenó que se intime a las personas que ocupan el Corralón Municipal de dicha localidad para que se retiren en un plazo de dos horas y que, vencido el mismo, se desaloje el edificio mediante la fuerza pública".
Desalojo es un término de uso poco frecuente en el Poder Judicial. La principal razón es que son muy peligrosos y pueden causar una muerte. Basta repasar la lista de víctimas fatales en distintas circunstancias pero con el denominador común del desalojo: Alberto Puelpán, Teresa Rodríguez, Rubén Arias, Raúl Pili, Carlos Fuentealba.
Por eso nadie se hace cargo de haber dado una orden de desalojo. Ni siquiera Jorge Sobisch, tan compadrito ante los medios de comunicación, se hizo responsable ante un Tribunal de haber mandado a desalojar Arroyito el 4 de abril de 2007.
Y los jueces, cuyas órdenes deben ser por escrito, se cuidan mucho antes de firmar algo así. Para decirlo con lenguaje llano, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Entonces empieza la calesita a la que los periodistas solemos subirnos: que está la orden, que no está la orden, que la policía no necesita la orden porque la ley orgánica bla, bla, bla... Obviamente nadie quiere asumir el costo político de disponer una medida tan impopular como riesgosa.
Cuando se registró el anterior enfrentamiento en la toma del barrio Confluencia, a mediados de setiembre, el ministro de Seguridad César Pérez le preguntó al juez de turno, que era Juan José Gago, qué pensaba hacer. Gago, cuyo pliego para ascender a camarista está en la Legislatura, camina con pies de plomo y miró para otro lado todo lo que pudo.
Por eso días después Pérez le tiró encima toda la presión para que procesara a Juan Hermosilla Soto, como está relatado algunos post más abajo. Le salió mal, porque Gago le respondió con dureza.
Ya que estamos: una sorpresa fue la resolución del juez Alfredo Elosu Larumbe, quien dictaminó que no se había cometido el delito de usurpación en la ocupación del predio de Confluencia. Como era de prever se le tiraron todos encima (hasta le pidieron un jurado de enjuiciamiento que no debería prosperar) y el fiscal Rómulo Patti, que apela todo lo que puede desde el célebre embarazo inter fémora, hizo eso, apeló.
Volviendo al comienzo, intuyo que después de la batalla campal en torno a la toma del barrio Confluencia y su insólito desenlace (tras 24 horas de enfrentamientos, los ocupantes volvieron al predio pero ahora autorizados) será más difícil todavía conseguir un juez que firme una orden de desalojo.
Y conste que los enfrentamientos no empezaron por dar cumplimiento a una orden de ese tipo, lo cual demuestra que cuando el poder político la habilita, la policía actúa sin necesidad de la dichosa directiva.
Todos saben, desde el sentido común, que la solución a las usurpaciones debe ser política. No tiene sentido judicializarlas.
En ese sentido, encontré este proyecto de ley que presentó Oscar Massei para introducir en el Código Penal los criterios de oportunidad.
Enumera una serie de casos en los cuales los fiscales "podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública".
El punto 4 contempla: "En los delitos de contenido patrimonial cometidos sin grave violencia física o intimidación sobre las personas (...)
Me pregunto: si se aprueba esta reforma, ¿los fiscales podrán elegir si persiguen o no el presunto delito de usurpación?
En los hechos lo que muchas veces se hace es demorar una decisión para dar tiempo al poder político a que encuentre una salida.
(G.B.)
La foto es de Agustín Martínez. Hay otras en el blog de Leo.
Ya está el orden de mérito de antecedentes del concurso para cubrir un cargo de juez con destino a la Cámara en lo Criminal de Zapala.
Es el siguiente: Liliana Deiub 10,46; Mirtha Felau 8,54; Marisa Mauti 8,49 y Alejandro Casañas 8,03.
La otra novedad es que el Consejo de la Magistratura accedió a enviarles a los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales los antecedentes de todos los que participaron del concurso para la Cámara de San Martín de los Andes.
Hace un mes que los pliegos de los ganadores están en la comisión sin que los diputados los hayan tratado.
