Que nadie se sorprenda si Gustavo Olivera le pone un cero a Ignacio Di Maggio. En la entrevista personal del lunes, el consejero del PJ le dijo al abogado de Cutral Co que "nos ocultó que tenía dos querellas en su contra y nos hizo incurrir en un error".
Entonces se enfrascaron en una discusión sobre los alcances del artículo 16 inciso b del reglamento de concursos, y sobre si tener una querella en contra equivale a estar imputado en una causa con pedido de elevación a juicio.
El pobre Di Maggio se quedó con las ganas de explicar cuál es su plan para la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública (en caso de ganar el concurso) pero se despachó contra el juez Mario Tommasi.
Algunas de las cosas que dijo ya se sabían, por radiopasillo, o por el blog, o por el diario.
Otras fueron novedosas. Por ejemplo contó un forcejeo en el despacho del magistrado que incluyó: intento de cabezazo, toma de partes íntimas y evaluación de volúmenes a mano alzada. No voy a dar más detalles para no escandalizar a espíritus sensibles.
A quienes se pregunten por qué cuento esto en el blog, les respondo que son hechos que involucran a un abogado y a un juez, y que fueron narrados en una audiencia pública, delante de siete consejeros, uno de ellos vocal del Tribunal Superior de Justicia, encargados de elegir y evaluar a magistrados y funcionarios.
Es decir: no maten al mensajero.
La disputa Di Maggio-Olivera estaba en lo mejor cuando Gabriel Gastaminza cabeceó a Cía, que también estaba cabeceando. El presidente del Consejo murmuró: "consejeros, ya pasó la hora", y despidieron al candidato.
Después de semejante descarga de adrenalina la entrevista a María Luisa Squetino fue tan relajada que pareció confirmar los pronósticos de que es una de las candidatas.
Nobleza obliga, debo aclarar dos cosas: no está en pareja con un camarista, como se publicó en el diario del lunes (había cruzado la información con dos fuentes, como manda el manual, y las dos me dieron el dato incorrecto) y es la que más votos lleva cosechados en la improvisada encuesta del blog.
No creo que Olivera le ponga una baja nota, la trató muy bien; eso le da una ventaja que puede ser decisiva. (La experiencia de concursos anteriores revela el valor de estar sin cero).
El consejero Hugo Altamirano le preguntó cómo cree que ha actuado la justicia en la investigación de delitos contra la administración pública. Chan, por fin algo interesante.
Squetino contestó que las investigaciones son demasiado largas, y que se ha mantenido mucho tiempo bajo sospecha a la gente sin demasiados resultados.
¿No les trae recuerdos este argumento?
De Andrés Carrea, el siguiente, sólo puedo decir: consíganle un contador. Los que estuvieron ahí estarán de acuerdo conmigo.
Gustavo Mastracci hizo una exposición en términos no por obvios menos sólidos y en tono convictivo. Me sobresalté cuando dijo que le caía muy bien la Despo: no cualquiera tiene el coraje de admitir algo así en público.
Con la misma firmeza puso en blanco algo que todos saben: en un caso de usurpación de tierras, la policía jamás va a obedecer la orden de desalojo que le imparte la justicia a menos que el poder político la autorice.
Según Mastracci, en esos casos hay que negociar políticamente una salida con el poder político.
La última de las entrevistas que presencié fue la de Horacio Maitini, ex director de Política Criminal en la época de Manganaro, fiscal adjunto en la causa Fuentealba II (nadie le preguntó si compartía el criterio de sobreseer a todos los imputados) y ahora, fiscal adjunto de Delitos Complejos, donde dio a entender que no se encuentra todo lo a gusto que desearía.
Se lo menciona como otro de los números puestos, pero nunca se sabe.
Estos son, por ahora, los top five de la lista de candidatos a las dos fiscalías. Por antecedentes y rendimiento en los exámenes se ganaron ese lugar. Algunos lo consolidaron, otros retrocedieron algún casillero.
De esta crónica se podrá decir que es un recorte arbitrario de eso tan inasible que algunos apodan la realidad, pero toda crónica lo es; sobre todo la que intenta resumir una jornada que empezó a las 8:30 y terminó a las 13:30.
No tiene más pretensiones que dejar testimonio de lo que ví, o creí ver en el coqueto onceavo piso del Consejo de la Magistratura.
Todas las entrevistas fueron grabadas, supongo que si alguien va a pedirlas al Consejo de la Magistratura les entregarán una copia.
Les pido disculpas a los otros 15 candidatos a cuyas exposiciones no podré asistir.
El proyecto incorpora como novedad la figura del “amicus curiae” que tiene por objeto que organizaciones de la sociedad civil que acrediten un interés legitimo en la causa puedan actuar aportando pruebas e incluso pronunciar su alegato funcionando como verdaderos colaboradores en el desenvolvimiento de las causas.
Las entrevistas son públicas. Se llevarán a cabo en la sede del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén, sita en calle Carlos H. Rodríguez Nº 364, piso 2do. de la ciudad de Neuquén. (Fuente: sitio oficial del Consejo de la Magistratura).
De pronto el concurso para la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública se convirtió en un culebrón.
Se dice que hay un candidato a fiscal muy enfrentado desde hace años con un juez. El campo de batalla fue un juicio por alimentos, pero la verdadera razón de la disputa sería que el juez entabló una relación con la ex esposa del candidato.
En el juicio por alimentos, el candidato patrocinó a la ex mujer del juez.
En el concurso para elegir fiscal, el juez impugnó al candidato.
Para más condimento, el abogado del juez en aquel juicio por alimentos ahora es consejero del Consejo de la Magistratura, y debe evaluar al candidato.
Podría alegarse con toda razón que el periodismo no debería inmiscuirse en estos detalles de vidas privadas.
Pero me parece que este es uno de esos casos en los cuales la vida privada adquiere interés público.
Porque ¿qué pasa si esta historia privada interfiere en el concurso, del modo que sea?
De hecho, ya está interfiriendo. Cuatro personas me dijeron, en las últimas horas, que los consejeros conocen esta historia.
¿No es mejor que la sepa la mayor cantidad de gente posible?
No voy a dar los nombres de los protagonistas; el debate, está claro, no los necesita.
Un detalle para tener en cuenta: se está eligiendo al fiscal que investigará la corrupción en el poder público. El fiscal que buscará transparencia en la cosa pública.
"La problemática ligada a la justicia y a la seguridad no es meramente presupuestaria o económica" y "debe abordarse en su integralidad y con atención a las realidades locales".
Así lo expresó el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina en una declaración del 19 de marzo pasado que ahora empezó a circular.
Por el tono, parece que los representantes del ministerio público se meten en la discusión entre la presidenta Cristina Fernández y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La última novedad en el caso Fuentealba II pueden verla aquí: es otro rechazo a otra recusación, en este caso la que intentó el abogado defensor Gustavo Lucero contra el camarista Héctor Rimaro.
Además de la resolución de la Cámara, está el texto con los argumentos del propio Rimaro.
