El Consejo de la Magistratura de la Nación prorrogó por otros 30 días la duración del procedimiento del Concurso N° 210, destinado a cubrir “un cargo de juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, Provincia del mismo nombre”.
El último punto de este comunicado de la Federación Argentina de la Magistratura dice: Convocamos a los Jueces, Fiscales, Defensores y Funcionarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de todo el país a expresar su apoyo a la petición que realizamos, concentrándonos en los lugares públicos de los distintos Tribunales, por espacio de quince minutos, a partir de horas 13 del día 27 de mayo. Con esto último pretendemos expresar la entidad de la preocupación del Sistema Judicial en su conjunto y la firme voluntad de participación en la construcción de soluciones.
Copio además parte de la nota que sobre este tema publicó Diario Judicial:
Jueces proponen medidas para agilizar la Justicia
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) propuso una serie de medidas para reducir las cuatro millones de causas judiciales que se inician por año en los tribunales de todo el país. Entre las propuestas, la entidad que nuclea a las asociaciones de jueces de todo el país, priorizó la mediación extrajudicial y la atención de los casos más graves.
“Argentina produce más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos, una cifra cercana a la mitad trata de asuntos penales. Con esta cantidad de casos, no puede convivir la población ni el sistema judicial, se haga con él lo que se haga. Las cárceles en todo el país están superpobladas, las leyes penales fueron endurecidas y la situación no cambia”, señala el documento de la FAM “Justicia y Seguridad. Qué podemos hacer”.
Con esa cantidad de causas, la FAM propuso reducir la cifra de conflictos a la mitad “con un nuevo pacto respecto de la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro”. “La política debe liderar los procesos de acuerdo y cambio, con planes urgentes y concretos que incluyan educación y participación para compartir el esfuerzo en el sostenimiento de la ley”, planteó la Federación.
Tres consejeros se enfermaron justo hoy, el Consejo de la Magistratura se quedó sin quórum, y recién el martes que viene se sabrá quién ganó el concurso de la fiscalía anticorrupción y el de la fiscalía de robos.
Si había algún consejero con dudas, ahora tiene más tiempo para pensarlo, ¿no?
La Cámara Provincial de Apelaciones dictó un fallo insualmente duro en la causa de la zona liberada.
Apartó al juez que venía interviniendo, aceptó como querellantes a tres policías, criticó el trabajo de la fiscalía y puso en conocimiento de todo esto al Tribunal Superior de Justicia.
La causa de la zona liberada es una de las emblemáticas que dejó la era sobischista.
Para contarla de manera rápida, el 30 de marzo de 2006 hubo un piquete docente en Plaza Huincul que fue desalojado por supuestos obreros de la UOCRA.
La policía recibió la orden de no intervenir. Esta es una de las notas que se publicó ese día.
El 18 de abril de 2006, el entonces gobernador Jorge Sobisch se hizo cargo de haber dado la orden de liberar la zona. Qué mejor momento para hacerlo que el acto por el día de la policía de ese año.
Dijo: "El jefe político de la policía soy yo, y la responsabilidad de no actuar de la fuerza tiene nombre, apellido y responsable: Jorge Sobisch",
"Si alguien cree que una orden no se condice con la responsabilidad política que tengo, que vaya a la justicia y me someteré todas las veces que sean necesarias".
Un año después, en abril de 2007, Sobisch repetiría casi las mismas palabras en circunstancias más trágicas: el asesinato de Carlos Fuentealba.
Y al año siguiente, al tener que declarar como testigo en el juicio por ese asesinato, lo negaría.
El día de la zona liberada hubo tres oficiales de policía que no acataron la orden. A los tres les cortaron la carrera.
Desde ese día intentan constituirse en querellantes de la causa abierta para investigar a sus jefes (incluido su máximo jefe, el gobernador) pero recién ahora lo logran con este fallo de la Cámara Provincial de Apelaciones.
Si lo leen encontrarán frases muy críticas hacia la investigación.
Además los jueces le enviaron una copia al Tribunal Superior de Justicia "a los fines que estime corresponder", un eufemismo que la más de las veces quiere decir: "fíjense que hay elementos para iniciar un sumario".
El viernes participé de una reunión de bloggers de la Patagonia, en una mesa sobre Blogs y Periodismo.
Para quienes estén interesados en conocer mi opinión sobre el momento actual del periodismo y sobre la historia de Fuera del Expediente (lo que implica hablar un poco de ustedes), les dejo una copia de lo que leí en el encuentro.
Marcelo Inaudi (diputado UCR): “Hay un pedido de informes para que los diputados sepamos qué se está haciendo desde el Poder Judicial ante los cortes de ruta, que son un delito. La situación ya es insostenible. Hay cortes en toda la provincia en donde se cercenan los derechos de otros. Ayer adjudicatarios de viviendas cortaron la ruta en Junín de los Andes por el comienzo de las obras. Pueden ser muy justificados los reclamos, pero no podemos tomar de rehenes a todos los ciudadanos.
“No nos olvidemos lo que fue Semana Santa en la que hicieron que se caigan los porcentajes de alquileres y ventas. Estas medidas son extorsivas. Lo que urge solucionar es la medida de reclamo. Los que cortan consiguen que luego un ministro vaya a apagar incendios a lo ancho y largo de la provincia. A mí me da mucho miedo que un intolerante pase por arriba a un piquete. Acá hay un delito que lo establece el Código Penal. Los fiscales tienen que identificar a esa gente. Hay gente que está cooperando para la consumación de estos cortes de ruta. Los fiscales no sé qué han hecho. El problema de fondo es que falta gestión. Falta de que se tome conciencia de que este proceder es un delito y tiene que haber un fiscal investigando.
“No podemos hablar de convivencia social cuando se están pisoteando los derechos de todos los ciudadanos, por eso las fuerzas políticas tienen que mandar un mensaje claro a la sociedad. Acá no se trata de si este discurso es de derecha o de izquierda. Si hay alguien que quiere justificar medidas que constituyen delito, bueno, nosotros estamos del otro lado”.
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Soledad Martínez (diputada por Alternativa neuquina): “A nosotros nos parece que un proyecto de estas características implica tener un gesto intimidatorio hacia la Legislatura y hacia la sociedad. Nuestra mirada es más profunda. Tenemos la sensación de que la sociedad está muy enojada por los cortes de ruta, pero hay un discurso que tiene que ver más con el humor social, que con lo que deberíamos tratar nosotros. Si la provincia tiene que cumplir ciertos compromisos, ¿cuál es la razón de ser por la que no se le paga mensualmente a la gente? ¿Por qué llegan tres meses después con los cheques al segundo o tercer día de corte? Nosotros no hemos avalado ni un solo corte. El gobierno provincial desatendió sistemáticamente a Zapala. La medida de la protesta no la avalamos y la legitimidad tampoco justifica el corte, pero no es lo que tenemos que tratar en la Legislatura.
“El aparato represivo del Estado se pone en marcha cuando hay una conducta que los justifique. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Les vamos a advertir que hay un fiscal investigándolos. Se está derechizando el discurso. Pero ¿qué va a hacer un grupo de desocupados para que el gobierno los escuche? Los cortes provocan una reacción violenta, pero el Estado no la puede dirimir poniendo en marcha sus mecanismos represivos; porque este Estado es el responsable de esta situación: de estatales superpoblando los espacios municipales y provinciales.
“Nosotros no vamos a profundizar un discurso hacia la derecha. Nosotros no podemos privilegiar el artículo del Código Penal, cuando la mitad de las normas de la Constitución son para el 15% de los neuquinos y el resto no tiene ni las necesidades básicas. Demos la discusión seria para que el presupuesto sea aprovechado por los neuquinos que lo necesitan”.
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Rodolfo Canini (diputado de Une-PS): “Es una forma de intimidar y una forma de atacar las consecuencias y no las causas. Cuando se hace una manifestación o se corta una calle, es porque las instituciones que tienen que resolver el problema no lo resuelven. Queda en evidencia la ineficiencia de las instituciones. Me parece que hay que atacar las causas y no las consecuencias. Cuando la gente no tiene otra forma de reclamar, cuando nadie los ve, cuando parece que son ausentes y anónimos, de alguna forma se tienen que hacer ver”.
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Jorge Tobares (ministro de Gobierno): “Les pedimos a los sindicatos y a las distintas organizaciones que analicen los conflictos en el marco institucional, sin afectar los derechos de terceros, sin afectar los cortes de ruta, porque en la ruta no vamos a resolver los problemas”.
Después de lo que sucedió con las entrevistas personales era casi inevitable que algo así pasara: Ignacio Di Maggio recusó a Gustavo Olivera, con los argumentos que pueden leer aquí.
