El Consejo de la Magistratura tiene todo listo para llamar al próximo concurso.
Será para cubrir el cargo de fiscal de Cámara en Neuquén capital que alguna vez perteneció a Ricardo Mendaña.
Se prevé quebrar otra vez el record de inscriptos. Por eso se programaron tres días para los exámenes: 28, 29 y 30 de julio.
De paso, me han dicho que no es bueno el panorama en las cinco fiscalías de Cámara restantes. Entre enfermedades, pedidos de jury e intervenciones que despertaron polémica, los representantes del pueblo de la provincia en la persecución penal atraviesan una crisis tal que, para algunos juicios orales por casos complejos, necesitan del apoyo de los fiscales de primera instancia.
La fiscalía de Cámara es uno de los puestos más apetecibles para quienes están dentro del Poder Judicial.
Y para el poder político, es uno de los que más interesa junto con el de fiscal de Delitos contra la Administración Pública (AFDAP).
El Consejo de la Magistratura, que atravesó con polémica los concursos para la Cámara de San Martín y para la AFDAP, redobla la apuesta y llama a cubrir otro cargo "pesado".
La segunda mitad del año va a estar muy interesante.
El Consejo de la Magistratura le pidió al Tribunal Superior de Justicia un informe sobre el trabajo de la Auditoría, ese organismo creado en la época de Sommariva-Fernández-Badano, pero le contestaron que los informes que produce son privados, de uso interno, exclusivo, propio. O sea, que no.
Según se publica en el punto Seis (VI para la nomenclatura judicial, que sigue utilizando los números romanos) del último acuerdo, el Consejo quería ver esos informes para enriquecer el debate sobre el reglamento de evaluaciones, que es uno de los últimos legados que quiere dejar el organismo antes de que se desintegre su composición actual.
Aquí está el texto completo del punto en cuestión:
VI.-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SOBRE PEDIDO.-
VISTO: El pedido efectuado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en relación a las estadísticas correspondientes a los años 2007 y 2008, como así requiere que se informe los organismos auditados y resultados de dichas auditorias.
Que el fundamento del pedido, es el enriquecimiento del debate en torno a la elaboración del Reglamento de Evaluaciones, a cuya redacción se encuentra avocado el organismo.
Que por otro lado, consideran que el pedido se encuentra encuadrado dentro de la facultad de evaluación conferida por Ley 2533.
Y CONSIDERANDO: Que conforme se desprende del Art. 240 inc. f) de la Constitución Provincial, “el Tribunal Superior de Justicia debe remitir anualmente a la Honorable Legislatura una estadística de administración de justicia en el territorio de la provincia”.
De dicho texto, surge con claridad el carácter público de dicha información, por lo que no existe impedimento para hacer lugar al pedido de las estadísticas.
Que en relación a los informes producidos por la Auditoría General, otra es la evaluación que debe realizarse.
Éstos, forman parte de la documentación interna elaborada por y para el uso exclusivo del Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de sus facultades de superintendencia.
Es en el contexto del ejercicio de esa superintendencia, que evalúa la conducta y desempeño funcional de todo el personal judicial, y no solo de los magistrados y funcionarios.
Esa exclusivamente es la finalidad de la realización de las auditorias, detectar posibilidades de mejoras, corregir cuestiones relacionadas con la gestión, etc.
En esa inteligencia, se interpreta que tal información, no posee relevancia externa.
A ello debe sumarse, que los solicitantes, tienen como finalidad, la valoración de Jueces y Funcionarios del Ministerio Publico, encontrándose excluido el resto de los funcionarios y empleados.
Por último, tanto la constitución Provincial, como la Ley orgánica, imponen al Tribunal, la obligación de “Producir todos los informes relativos a la Administración de Justicia que le fueran requeridos por los Poderes Legislativo o Ejecutivo” (Cfr. Art. 240 inc. f) de la Carta Magna Provincial).
Idéntico texto reproduce el art. 34 inc. f) de la Ley 1436. Es por las consideraciones expresadas en el dictamen fiscal que este cuerpo hace suyos en el presente resolutorio, que no invistiendo el carácter referido el Consejo de la Magistratura, no corresponde hacer lugar a lo solicitado, en relación a los resultados de las auditorias.
Por lo expuesto, de conformidad Fiscal,
SE RESUELVE: 1°) Remitir al Consejo de la Magistratura Provincial, las estadísticas correspondientes a los años 2007/2008, mediante nota de estilo.
2°) No hacer lugar al pedido de remisión de los informes de auditoria efectuados por la Auditoría General, en virtud de los considerandos expresados en el presente resolutorio.
Como ya saben, Roberto Gargarella estuvo en Neuquén para hablar de la criminalización de la protesta social. Fernando Dalmazzo, que participó del armado del instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, tuvo la amabilidad de acercarlo al diario (los viernes son complejos, suele pasar de todo y todo al mismo tiempo) así que gracias a eso le pude hacer esta entrevista que ven a continuación.
De paso les recomiendo visitar su blog donde posteó sus impresiones sobre Fasinpat.
Algunas definiciones de Gargarella para quienes tengan dudas de si vale la pena ponerse a leer las siete páginas que me demandó desgrabar la media hora de entrevista:
* La justicia tiene cierto color en términos de género, de raza, de clase social, de religión, y esos sesgos se reflejan en las decisiones.
* Cuando los jueces toman decisiones discrecionales, parten de la certeza de que hacen algo que nunca les va a tocar a ellos. Es inimaginable ver a un juez detenido.
* Tenemos un derecho que tal vez no es salvajemente sesgado, pero es aplicado de un modo salvajemente sesgado.
* Es posible pensar mejor el derecho, aún en contextos difíciles.
* La enseñanza del derecho es muy mala, la práctica judicial es muy mala.
* Los jueces se ven recibiendo un peso que el poder político se quiere sacar de encima (por la criminalización de la protesta social).
* (Criminalizar) es una manera sencilla de enfrentar un problema, pero también es una pésima manera porque no sólo no resuelve los problemas sino que los tiende a agravar.
* Los problemas sociales no se van a resolver judicialmente, pero el Poder Judicial podría asumir su corresponsabilidad.
El Centro de Información Judicial hace saber en esta nota que ya se pueden consultar los padrones electorales definitivos.
Vale la pena la nueva consulta, porque algunos conocidos me comentaron que no figuraban, o figuraban con su anterior dirección, y ahora están corregidos.
Los manifestantes estaban adentro en un clima de cóctel.
Afuera los periodistas curtidos en coberturas de piquetes, gomas quemadas y choripanes dudosos se preguntaban con impaciencia si pensaban salir en algún momento mientras soportaban el frío sin atenuantes del mediodía.
Con la mordacidad que tanto los caracteriza, no tardaron en comenzar las bromas. “¿Qué van a cantar en esta manifestación? Sooooy magistradoooo/es un sentimiento/no puedo parar?”
Otros se preocupaban por averiguar los datos mínimos que necesitaban. Mirando hacia el hall de ingreso al edificio del Tribunal Superior de Justicia preguntaban: “¿Y a estos cómo se los puede llamar? ¿Magistrados, jueces? ¿Qué hay acá, fiscales, defensores, hay de todo?”
Para algunos periodistas, cubrir una actividad judicial puede resultar tan complicado como transmitir en vivo las alternativas de un congreso de fisión nuclear.
Pero también estoy seguro de que para algunos de los manifestantes, era la primera vez que estaban del otro lado de las cámaras y los micrófonos. Por eso pasaron algunas de las cosas que pasaron.
De pronto las puertas se abrieron, salieron a las escalinatas, se leyó una proclama, hubo breves declaraciones, y todo terminó con una foto que tiene un clima de acto de graduación.
Los lectores de este blog han escrito mucho sobre la marcha de las togas, en tono crítico, en tono de respaldo.
A mí se me ocurrió otro enfoque. Espero que todo lo anterior no haya sonado a burla, porque lo que quiero decir es que los magistrados y los periodistas estamos demasiado lejos unos de otros en esta provincia.
La historia ha fomentado los desencuentros y las culpas están repartidas.
Y estoy hablando, en este momento, sólo de comunicación.
Los periodistas no nos hemos capacitado lo suficiente para manejar temas judiciales, y los magistrados no se han preocupado por encontrar la mejor manera de transmitir mensajes hacia el resto de la sociedad (a través nuestro o de quien prefieran).
Esa es una de las razones por las que ayer tuvieron que salir a la calle. Lo hicieron con su estilo, pero lo que necesitaban era ser escuchados.
Y se encontraron con que hay gente en la sociedad que no está dispuesta a escucharlos, pero más aún: se encontraron con gente que no entiende el idioma en el que hablan.
Porque no todos los magistrados saben hablar la lengua común, y porque no todos los periodistas sabemos interpretarlos para trasmitir en forma correcta el mensaje a nuestros oyentes, lectores, televidentes.
Este es otro de los debates que quizá valga la pena que intentemos los que, de buena fe, cumplimos a conciencia con nuestros respectivos trabajos.
No porque vayamos a ponernos de acuerdo. Sino porque lo necesitamos para ser mejores.
