Quienes vieron la película Avatar se sorprendieron por una alusión a Venezuela que no está subtitulada correctamente al menos en la versión que se exhibe en Neuquén. La traducción de los sitios de películas gratis on line es pésima, pero tiene la virtud de ser fiel en algunos tramos.
Hice algo sencillo: busqué en Google la asociación de las palabras “Avatar” y “Venezuela”. Y entre muchas referencias a la exhibición de la película en ese país encontré esta opinión que un anónimo dejó en un foro:
“Futuro. En un mundo superpoblado, un veterano de guerra parapléjico, Jake Sully (Sam Worthington), es trasladado al planeta Pandora. Allí se encontrará con los Na’vi, una pacífica raza extraterrestre. Lo curioso es que no llegará con su misma identidad sino que lo hará con una identidad extraterrestre, con un Avatar (un híbrido capaz de respirar el aire de Pandora y caminar nuevamente). La película es, en efcto, sorprendente. De hecho, ya podemos ver que es lo que vienen en el futuro de la tecnología.
“Sin embargo, como venezolano, no pude dejar de notar, dejando de leer los subtítulos y escuchando, que el Coronel de la película, al conversar con el protagonista (Jack Zully), hace mención de que su discapacidad se debe a que no le fue muy bien en las operaciones en Venezuela. O sea, que el hombre se había quedado paralítico en Venezuela. Es la tercera película de acción que veo donde se hace mención de Venezuela como país de conflictos con el ejercito de USA. ¿Nos están dejando ver lo que vendrá?”
La idea que le acercaron a Jorge Sapag fue que si no se podía desalojar a los vocales designados por Sobisch y si ellos no renunciaban, había que marcar la diferencia de alguna manera, por ejemplo, elaborando una lista de conjueces de lujo que por contraste dejara en evidencia a la task force que ocupó espacios en 2004.
La historia fue por otros caminos, ese plan nunca se ejecutó y hoy tenemos una lista de conjueces cuya aprobación generó un interesante debate legislativo que podrán leer más abajo.
Todo este preámbulo viene a justificar el elemento noticioso que nunca debe faltar: el 13 de enero, el Tribunal Superior hará el primer sorteo público para elegir a un conjuez que intervendrá en la causa de las comunidades mapuches contra la provincia por la creación del municipio de Villa Pehuenia.
El sorteo es trascente por varios motivos: porque es el primero que se hace en público y no a puertas cerradas como antes; porque es el primero en el que entran en el bolillero conjueces que recibieron aucerdo legislativo (con todas las notas al pie que quieran agregarle); porque ese conjuez se sumará al Tribunal para participar de la primera audiencia pública sobre un tema de trascendencia.
Aquí la versión taquigráfica del debate en la Legislatura, del 9 de diciembre pasado. Click en fullscreen para verlo en pantalla completa.
Ya fue tema del blog la cuestión salarial en las provincias de la Patagonia.
Ahora leo en Diario Judicial que los magistrados de Córdoba lograron lo que sus pares neuquinos también aspiran: cobrar igual que los federales. El gremio se quedó afuera y protesta.
Dice la nota que “una ley sancionada por la Legislatura provincial señala que los sueldos de los magistrados serán fijados “en el 90 por ciento de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia Federal”.
“El anteúltimo día de 2009 la Legislatura de Córdoba aprobó una ley que equipara las remuneraciones de los jueces provinciales con las de sus pares de la justicia federal. El texto de la iniciativa establece que las “compensaciones remuneratorias” de los jueces cordobeses serán fijadas en el 90 por ciento “de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia Federal”.
“El artículo 4º del texto, aprobado a instancias de los legisladores de Unión por Córdoba y de la Unión Cívica Radical (UCR), indica que “durante la etapa de transición” (desde el 1º de enero de 2010 hasta el 1º de enero de 2012) “el reajuste correspondiente será gradual y progresivo hasta alcanzar el tope del noventa por ciento (90%), conforme a criterios de oportunidad y apreciación que ponderará el Poder Ejecutivo mediante la reglamentación pertinente”.
“A mediados de noviembre, el presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), Abel Fleming, había señalado, en una entrevista con este diario, que para la entidad era prioritario resolver “la diferencia entre la retribución que perciben los jueces de distintas provincias”.
“Entre las provincias más castigadas por los bajos salarios a los jueces provinciales había señalado a La Rioja, Jujuy y Catamarca. Pero no nombró a Córdoba.
“Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) criticaron en duros términos la ley 9725 pues entendieron que “consolida la inequidad al interior del Poder Judicial ya que se margina al grueso de sus trabajadores”.
“En un comunicado que llevó la firma de la secretaria general de la AGEPJ, Irina Santesteban, el gremio reivindicó el “sistema porcentual” de salarios, que establece un puntaje para todas las categorías, desde la más alta hasta la más baja, con “enganche” a la remuneración que percibe la Corte Suprema o el Tribunal Superior de Justicia, según que se tome el “enganche” nacional o provincial.
“La AGEPJ aclaró que no se opone a que el sector de magistrados y funcionarios tenga un aumento en sus remuneraciones (“pues no han percibido incrementos desde hace un año y medio”, aseguró) pero repudió el incremento otorgado por ley pues, según el gremio, se dio luego de que el gobierno provincial le negara un aumento a los trabajadores estatales y docentes, alegando que “no había plata”.
“Con esta ley se demuestra que sí había plata” agregó el comunicado y subrayó que se trata de “aumentar las remuneraciones de quienes más ganan”.
“Desde la AGEPJ alertaron que “detrás de la equiparación de los jueces provinciales con la Justicia Federal, se viene la equiparación de los legisladores, con lo cual, los ‘representantes del pueblo’ votaron en realidad un aumento para ellos mismos”.
“Y pidieron llegar a una discusión tripartita (entre el TSJ, los magistrados y el gremio) sobre la distribución de la masa salarial al tiempo que reivindicaron el derecho de los trabajadores a “discutir en paritarias, un convenio colectivo de trabajo”.
“A mediados de diciembre, los jueces del TSJ no participaron en una reunión convocada por el gremio para discutir paritarias.
“Una paritaria siempre es voluntaria, nunca se impone”, había dicho en ese momento el vocal ante el TSJ Luis Rubio en diálogo con DiarioJudicial.com.
Los diarios digitales, tan ágiles para utilizar las herramientas del periodismo 2.0, armaron de inmediato encuestas con el pedido de renuncia de la presidenta Cristian Fernández al titular del Banco Central, Martín Redrado.
Hubo sutilezas en el modo de formular la pregunta, como muestras estos ejemplos de Crítica, Clarín y La Nación:
El Gobierno decretó hoy que se desclasifique toda la documentación secreta sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, por considerar que en los juicios contra los represores se requiere "gran cantidad de información".
Lo hizo mediante el Decreto 04/2010:
Artículo 1º — Relévase de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley Nº 25.520 y su Decreto Reglamentario Nº 950/02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar.
Art. 2º — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1º del presente Decreto, toda la información
y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter
interestatal.
Art. 3º — En ningún caso, se dejará sin efecto la clasificación de seguridad otorgada a la información
de inteligencia estratégica militar a la que se refiere el artículo 2º, inciso 4º, de la Ley Nº 25.520.
Destituir a la jueza Rosa Parrilli fue sencillo para el jurado de enjuiciamiento. Con toda la opinión pública volcada en contra de la magistrada porque tuvo la mala fortuna de que la pescaron cuando maltrataba a empleadas de Tránsito, atrapada en un video que se convirtió en uno de los hit del año, sólo quedaba por decidir cuántos adjetivos ponerle al fallo. Y fueron muchos. ¿Qué mejor oportunidad para demostrar que el sistema funciona?
Aunque hubo uno de los jurados, creo que no casualmente juez, que estuvo en desacuerdo con la destitución.
Diario Judicial publica el fallo completo. Extrae algunos párrafos, y dice por ejemplo que el juez José Casas, a cargo del primer voto, sostuvo que el video que se hizo público “no sólo da cuenta de una conducta descontrolada de la jueza Parrilli que se traduce en hostigamiento, discriminación y violenta agresión verbal dirigidos contra las agentes públicas que debían atenderla en cumplimiento de sus obligaciones, sino de un palmario caso de abuso de poder.”
El magistrado agregó que las expresiones de la ex jueza “denuncia un proceder ilegal y autoritario que se traduce en un comportamiento agraviante para con la Democracia recuperada, el Estado de Derecho y la Carta Fundamental por la cual juró la magistrada, al convertirse, como jueza-ciudadana, en servidora de la República y no en detentadora privilegiada de un poder personal, que la convertiría en inmune a la ley y en titular de una potestad, en su concepto, pasible de ser ejercitada en provecho propio”.
Tremendas frases que me gustaría leer en otra sentencia de algún caso donde no haya videos como prueba ni personajes tan menores como esta jueza comprometidos, y que la opinión pública esté dividida, tironeada por los medios.
Sigamos. El abogado Leandro Vergara sostuvo, por su parte, que “la Ciudad de Buenos Aires no puede admitir que se mantenga en funciones a una Magistrada que no conoce los límites de la autoridad que le confiere su cargo, y que lo invoque como escudo para evitar una sanción, utilizando además la agresión verbal y la mentira como un medio para conseguir sus propósitos.”
Lapidario.
Y entonces llegamos a la disidencia del juez Guillermo Treacy quien, señala Diario Judicial, acaba de ser nombrado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Treacy había votado por devolver el caso al Consejo de la Magistratura para que se le aplique a Parrilli una sanción disciplinaria.
“No puede hablarse de mal desempeño, sin que exista una vinculación probada entre esas conductas extrajudiciales y su incidencia en el ejercicio del cargo de juez. En particular, debe establecerse si se trata de conductas graves o habituales que tengan entidad para afectar el bien jurídico tutelado, que es la eficaz prestación del servicio de justicia”, consideró Treacy.
El juez sostuvo que Parrilli tuvo “una conducta reprochable” con expresiones que “son inapropiadas en un magistrado” y que “son sancionables”. Pero señaló que en el caso de las agresiones a las empleadas de tránsito “falta el necesario correlato con el desempeño del cargo o un aprovechamiento de esta circunstancia para obtener un beneficio o, al menos, esto no se encuentra probado”.
Si no entendí mal, para Treacy con una vara se mide lo que sucede adentro del despacho y con otra lo que se hace en la calle.
La Casa del Encuentro dio a conocer su informe sobre femicidios cometidos en 2009 en Argentina.
Sobre un total de 231 casos este es el rango por provincias:
Buenos Aires: 66
Santa Fe: 28
Córdoba: 21
Mendoza: 14
Misiones:11
Salta: 11
Formosa: 9
Santiago del Estero: 9
Jujuy: 9
Ciudad de Buenos Aires: 8
Tucumán: 8
Neuquén: 6
Río Negro: 6
Entre Ríos: 5
San Luis: 5
Chaco: 4
La Pampa: 3
Corrientes: 2
Chubut: 2
La Rioja: 1
Catamarca: 1
Santa Cruz: 1
Tierra del Fuego: 1
Rango Vínculo con la víctima:
Esposos-parejas-novios: 65
Ex/esposos-parejas-novios: 68
Hermanos–hermanastros: 5
Padres–padrastros: 9
Otros familiares: 15
Hijos: 1
Vecinos/ conocidos: 19
Sin vínculo aparente/ sin detenidos: 49.
Estos datos demuestran que en 163 casos el Femicidio se produce en el círculo afectivo directo y 19 entre vecinos y conocidos.
El ajetreo de fin de año hizo pasar inadvertido para el gran público este intercambio epistolar breve pero intenso entre la Asociación de Magistrados y el Consejo de la Magistratura a propósito de la prórroga en la inscripción del concurso 25, destinado a elegir un juez de Cámara para Cutral Co.
En su momento el Consejo de la Magistratura informó que el Colegio de Abogados de esa circunscripción había pedido la prórroga debido a que el concurso tuvo, al momento del cierre, sólo dos inscriptos (lo que dio lugar a este post: ¿Nadie quiere ser camarista en Cutral Co?)
Dijo el Consejo: “Considerando la importancia del cargo a cubrir y en pos del beneficio que traerá aparejado una mayor participación, el Pleno entendió oportuno y conveniente disponer la reapertura del plazo de inscripción” a partir del 22 de febrero de 2010 hasta el 26 de ese mes y año.
La postergación no le cayó nada bien a la Asociación de Magistrados que le envió una carta al Consejo. Pueden leerla completa más abajo, los párrafos destacados (a mi criterio) son estos:
“La decisión de proceder a la reapertura del plazo para la inscripción importa un apartamiento infundado de la conducta tenida en relación a anteriores concursos, a la vez que una violación al principio de igualdad de trato para con los postulantes.
“Además, la reapertura del plazo de inscripción importa discriminar a los actuales inscriptos para el Concurso nº 25.
Al final, la estocada: “Indudablemente los hechos apuntados en poco contribuyen a generar confianza en la actuación de los señores Consejeros, y solamente aportan a la opacidad de los concursos convocados. Siendo estas circunstancias, quizás, las que determinan la escasa cantidad de postulantes que se presentan a los concursos, y no la época del año en que se publica la convocatoria”.
El Consejo de la Magistratura respondió con idéntica esgrima. El texto completo está más abajo, y dice entre otras cosas:
“No advirtiendo motivos o razones fundadas, ni argumento jurídico válido, cumplo en comunicarles que se ha resuelto rechazar el pedido formulado, sin soslayar que la medida adoptada por este Consejo fue requerida por otra institución, como resulta de vuestro conocimiento, y que además resultó consentida por los únicos dos inscriptos al referido Concurso”.
“La decisión adoptada no tiene objetivos subalternos siendo su único propósito colaborar con el mejoramiento del servicio de justicia”.
¡Qué panorama le espera a Graciela Martínez, próxima presidenta del Consejo de la Magistratura! Y el concurso en cuestión es nada menos que para cubrir la vacante que ella dejó...
