Sandra Inés González Taboada (SGT) fue la primera en ser entrevistada. Fue la única a la cual sus adjuntos y empleados acompañaron para apoyarla. El gesto fue en sí mismo una señal poderosa.
El consejero Oscar Lavaggi abrió la ronda de preguntas con un clásico de su repertorio: ¿a qué se debe el aumento de la delincuencia? Primer cruce: SGT le dijo que el aumento no es tal, aunque sí hay más hechos de violencia irracional. “Habría que ver lo que está pasando con la educación, la familia, la crisis habitacional, la droga, el alcohol”, enumeró.
Después empezó el diagnóstico crítico hacia adentro de la estructura judicial.
Dijo que las fiscalías especializadas podrían mantenerse, pero habría que mantener algunas y fusionar otras. Que los fiscales de primera instancia necesitan más acompañamiento de los fiscales de Cámara.
Habló de la enorme cantidad de personal que se incorporó en los últimos años. “No sé si alguna vez se hizo un estudio de las reales necesidades”, dijo con una delicadeza que no tuvieron aquellos que convirtieron al Poder Judicial en una agencia de empleos.
Para colmo, los que entraron “no tienen el mismo compromiso ni amor por el trabajo”, destacó.
Más autocrítica: “la gente nos reclama nuestra soberbia, nuestra lejanía. Hay gente que pregunta si puede pedir una audiencia conmigo. ¡Nuestros despachos son públicos! Es nuestro trabajo, para eso nos pagan y nos pagan muy bien”.
Enry Rebolledo le hizo la pregunta animal: ¿se quedaría conforme con una sentencia condenatoria si la víctima fuera un familiar suyo, o pediría algo más?
También tiró un clásico de su menú: ¿por qué debemos elegirla a usted? SGT respondió: “si usted quiere una profesional independiente, honesta y comprometida hasta el dedo gordo del pie con la gente, esa soy yo”.
Interesante estuvo la pregunta de Felipe Cía, presidente del Consejo de la Magistratura y prueba viviente de lo que puede lograr una decisión política: en 2004 era fiscal, igual que la concursante, y de allí saltó a vocal del Tribunal Superior, cuya presidencia llegó a ejercer en 2006. Además reemplazó en la vocalía al padre de Sandra, Arturo González Taboada.
Retomando, Cía le preguntó por qué había dicho que las fiscalías están aisladas entre sí. Eligiendo las palabras, SGT le respondió que “el ministerio público fiscal pasó por circunstancias funcionales que causaron heridas grandes, divisiones internas. Usted lo sabe muy bien”.
Pausa. Siguió: “Cada uno se encerró en su agencia fiscal a trabajar por su cuenta, y con eso la única perjudicada es la gente. Las heridas se han cicatrizado, hoy podemos verlo de otra forma”.
SGT dijo que en los momentos difíciles se refugia en la oración. Yo le bajaría un punto por eso, pero en cuestión de creencias cada cual con la suya.
Sí, al final habló de que se sintió cómoda y bien tratada en todo el proceso de selección y propuso cambiar el sistema de evaluación de antecedentes.
María Dolores de los Milagros Finochietti (María Lola para casi todos) también se quejó de la falta de contacto entre los fiscales.
Explicó que en la fiscalía de Delitos Juveniles (a su cargo) se realizan estadísticas bimestrales que se analizan en reuniones durante las cuales cada uno de los funcionarios y empleados debe justificar lo que hizo o dejó de hacer.
“Tiene que haber premios y castigos. Hay lugares donde se trabaja bien y otros no, y eso hay que transparentarlo”, afirmó.
“Hay que generar consensos para que las cosas se ejecuten, se ejecuten bien y con agrado”, fue otra de sus definiciones.
Habló de algunos instructivos que se bajan desde estadios superiores sin consultar y a los que prácticamente se desobedece. Por ejemplo, dejar en la feria un solo empleado. “Yo dejo dos porque mi fiscalía está siempre de turno”, aclaró. Consideró más útiles otros instructivos: por ejemplo el que indica cómo actuar ante un corte de ruta o una usurpación.
MDF dijo que siente que su fiscalía está aparte de todo. “Nos llaman para cubrir guardias pero no para opinar sobre nada”. Le gustaría volcar su experiencia de diez años en mediación penal juvenil, un programa reconocido a nivel nacional.
La pasearon por otros tópicos sacados de la tapa de los diarios: su postura sobre el aborto, la toma de tierras, los cortes de ruta, etc.
Felipe Cía le hizo una pregunta que podría ser impugnada por improcedente: le pidió detalles de un proyecto del cual ella es coautora para reformar al Consejo de la Magistratura. MDF no tuvo empacho en nombrar la soga en la casa del ahorcado: “Debería tener una composición más equilibrada. Aquí está representado el Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano político, pero no están los magistrados” respondió.
Sobre la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública afirmó que “hay mucha ineficiencia en la investigación. No sé a qué se debe, será porque no tiene recursos, será porque no tiene fiscal titular”, arriesgó.
Alejandro Cabral entró, se sentó, y a la pregunta de qué haría con las fiscalías afirmó: “reformaría todo. El sistema de fiscalías especializadas funcionó en su momento pero no se cumplió con la rotación cada dos años que estaba prevista. Tener seis fiscales y seis defensores de Cámara para dos Cámaras es un despropósito, se pueden rascar a dos manos”.
Propuso crear unidades fiscales integradas por un fiscal de cámara, uno de primera instancia y dos adjuntos, que se ocupen de los delitos desde que se cometen hasta el juicio oral. “De esa manera todos laburarían a la par”, dijo.
Le preguntaron por su actitud ante una toma de tierras. “Tiene que haber una política de Estado, porque si no la termina pagando un comisario, que tendría que ser el último en pagarla” (lo siento, esta vez no fui yo).
Según AC, el Poder Judicial “se tendría que sentar a charlar con los otros poderes del Estado” para definir una política común.
Sobre la corrupción opinó que “hay fiscales que tienen pruritos en abrir causas de oficio. Yo he escuchado que hay funcionarios públicos que tomaron créditos prendarios para comprar camionetas que después le alquilan al Estado. Eso es corrupción, hay que investigarlo”.
El consejero Gabriel Gastaminza le salió al cruce de inmediato con una pregunta que se caía de madura: ¿usted hizo la denuncia?
Cabral contestó que no porque no tenía ningún dato concreto, pero insistió en que debía ser investigado.
¿Se lo comentó a un fiscal?, insistió a su vez Gastaminza. “Informalmente”, respondió Cabral.
Algo me dice que este pequeño cruce se verá reflejado en el puntaje que le pondrá Gastaminza al concursante.
Yendo a lo práctico, le preguntó Carla Castiglioni cómo instrumentaría sus propuestas de cambio, que incluso redactó en forma de proyecto.
“Le llevaría otra vez mi proyecto a Tribug, que en su momento no lo aceptó”, respondió AC.
¿Y si Tribug vuelve a rechazarlo?, insistió CC.
“Lo hablaría con Massei. Y con el Tribunal”.
Felipe Cía no se privó de preguntarle por el proyecto de enmienda constitucional para reformar al Consejo de la Magistratura (del cual es coautor con MDF). La respuesta de AC fue que está
en desacuerdo con el puntaje por los antecedentes y con la evaluación personal.
Una última definición: “el fiscal de Cámara tiene que trabajar a la par que el de primera instancia. La tropa labura si labura el que está arriba”.
Los tres candidatos tienen algo de lo que se necesita para el cargo. Cualquiera de los que gane le vendrá bien al ministerio público fiscal. Insisto en que los dos perdedores también deberían estar en un puesto así. Podrían ser el punto de partida para la reconstrucción. (Obviamente que hay otros en las mismas condiciones, hablo de los que se presentaron a este concurso, y dentro de ellos, de los que yo ví).
Pero lo más importante a mi criterio es el cambio operado en el Consejo de la Magistratura. Encaró este concurso con otro estilo, por llamarlo de alguna manera.
No puedo dejar de compararlo con el concurso para elegir un fiscal de Delitos contra la Administración Pública. Como publiqué en el blog, uno de los concursantes invirtió el tiempo de su entrevista personal en aclarar imputaciones en su contra. No pudo decir una palabra de lo que pensaba hacer en caso de llegar al cargo.
Las entrevistas personales a los fiscales empiezan el lunes 10 a las 9 en el edificio del Consejo de la Magistratura, Carlos H. Rodríguez 364, y son decisivas para la elaboración del orden de mérito definitivo.
Son públicas y vale la pena verlas, como intenté explicar en este post.
Los consejeros no van a dar el puntaje de inmediato, cuestión que hemos sugerido que deberían hacer para barrer algunas suspicacias que rodean el mecanismo de selección.
Nótese que el jurado externo Carlos Garrido entregó el puntaje de cada concursante al otro día de los exámenes. Es decir que en pocas horas los corrigió y fundamentó la nota.
Para quienes no lo vieron, para quienes lo vieron una vez y no saben cómo recuperarlo, para quienes lo quieren volver a ver… Podría inventar muchas excusas más para presentar esta maravilla que descubrí hace poco.
