¿Cómo hablan los medios sobre los chicos acusados de delitos? ¿Con qué palabras? ¿Con qué fuentes? ¿Con qué enfoque?
Esas preguntas fueron respondidas hoy con la presentación del informe “El Encierro mediático”, realizado por el Capítulo Infancia de Periodismo Social, junto a sus socios estratégicos: UNICEF, Fundación Arcor y Fundación C&A.
El informe, que forma parte de la serie “Niñez y adolescencia en la prensa argentina”, que se edita anualmente desde el año 2005, es un detallado análisis de lo que publicaron el año pasado 22 diarios de todo el país sobre los chicos en conflicto con la ley penal.
Algunos datos que se presentaron: el 65% de las notas sobre chicos acusados de delitos contiene términos peyorativos, como “rateros”, “hampones”, “delincuentes” y “pibes chorros”.
Además, el 25 % de esas notas fueron construidas sin citar fuente alguna y esto tiene una consecuencia muy clara en la cobertura: la ausencia de fuentes citadas contribuye a la circulación de mitos en las noticias: uno de ellos es la idea difundida de que “cada vez más chicos cometen delitos”, una afirmación que los diarios publicaron repetidamente el año pasado pero que no se sustenta en ningún estudio ni estadística seria y que, incluso, puede ser rebatida por los datos oficiales, que indican que los delitos entre chicos menores de 16 años bajaron en los últimos tiempos.
Por otro lado, sólo el 8 % de las noticias hicieron mención al aspecto preventivo a la hora de hablar de los chicos acusados de delitos.
El informe también repasa otros temas que quedan afuera de la cobertura, como pobreza, discapacidad y drogadicción, y revela que el tema más tratado por los medios a la hora de hablar de infancia es Educación, que por primera vez desde que se hace este informe superó en cantidad de menciones a Violencia, que esta vez quedó en segundo lugar.
El informe, muy recomendable, puede descargarse de esta página. Click aquí.
De paso pueden leer esta entrevista a Eugenio Zaffaroni, donde reproduce algunos de los conceptos que expuso en la conferencia dictada en Neuquén cuya desgrabación se publicó aquí en el blog.
¿Recuerdan el incipiente debate que se generó a partir de este y este post, titulados “Fallar como se vive”?
Estaban basados en una afirmación de la nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos: “Me gustaría pensar que una mujer latina juiciosa, con una rica experiencia a sus espaldas, llega más a menudo a una mejor conclusión (como juez) que un hombre blanco que no ha vivido todo eso”.
Y me preguntaba, trayendo esa frase al nivel local: “¿Se necesita haber hecho cola en un hospital público desde las 4 de la mañana; se necesita padecer para llegar a fin de mes; viajar hacinado en trasporte público; padecer la prepotencia de un burócrata cualquiera; y otras tantas calamidades con las que convive el ciudadano común, para ser un buen juez?”
De todo eso me acordé cuando leí esta noticia de tan amplia difusión en las últimas horas: un acusado de asesinato quiere que lo juzgue un juez homosexual, porque cree eso le garantizaría mayor imparcialidad.
(Esta es la nota que salió publicada hoy en el diario, con alguna información adicional que considero puede ser de utilidad).
El 13 de agosto de 2004, mediante un acuerdo que nunca tomó estado público hasta ahora (pueden verlo aquí y más abajo) el Tribunal Superior de Justicia dejó establecida la necesidad de crear más organismos judiciales “a fin de hacer frente a los requerimientos actuales y futuros que plantea la prestación del servicio de justicia”.
Dos meses después la Legislatura aprobó la creación de 80 nuevos cargos de magistrados y funcionarios.
Aquí está la interesantísima crónica que publicó el diario sobre aquella sesión, que incluye sorprendentes elogios de un diputado del sobischismo a la conducción del gremio Sejun.
Esa enorme expansión del gasto más la construcción de la fastuosa Ciudad Judicial pulverizaron en cinco años los ahorros que había acumulado el Poder Judicial durante una década y pusieron en jaque su presupuesto.
Hoy apenas le alcanza para pagar los opulentos sueldos y mantenerse al día con los proveedores. El Tribunal está acorralado entre el sindicato que pide una recomposición del 30% y los Colegios de Abogados, contrarios a la conducción de Oscar Massei, que exigen una rápida solución al conflicto.
El impulso a la creación de nuevos organismos fue obra de tres vocales por entonces recién llegados al Tribunal Superior: Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano. Se opusieron, sin fuerza para torcer las decisiones, Marcelo Otharán y Alberto Tribug. (Pueden leerlo en el acuerdo linkeado más arriba).
La Legislatura que el 21 de octubre de 2004 sancionó la ley ómnibus 2475 estaba dominada en forma abrumadora por el sobischismo y sus aliados, pero los diputados de la oposición no hicieron objeciones sino que se sumaron con entusiasmo, según consta en la versión taquigráfica.
Incluso introdujeron la creación de más juzgados de los que estaban previstos, como por ejemplo el de Rincón de los Sauces, tema ya tratado en el blog.
Nadie preguntó dónde estaban los estudios que respaldaran la necesidad de crear tantos nuevos cargos. Apenas hubo menciones a los inevitables problemas presupuestarios que surgirían si no se aumentaba el presupuesto de la justicia.
Y en el plano político, nadie (al menos en esa sesión legislativa) advirtió que se estaba preparando el terreno para un copamiento de la justicia que recién sería motivo de preocupación al día siguiente cuando el entonces diputado Oscar Gutiérrez anunció que pediría el juicio político de Tribug y el jury de Ricardo Mendaña.
En aquel año 2004, la relación entre el Ejecutivo controlado por Sobisch y el TSJ dominado por sus vocales era tan estrecha que el presupuesto judicial fue elaborado por técnicos del oficialismo, según se descubrió en una reunión de comisión.
En el acuerdo del 13 de agosto, que lleva el número 3786, los vocales de la mayoría dejaron asentado que los nuevos organismos “deben ser creados por la Legislatura que además deberá otorgar los medios económicos para su puesta en funcionamiento, toda vez que los ingresos que hoy tiene el Poder Judicial no resultan suficientes a efectos de asegurar la implementación y continuidad de los mismos”.
También aclaran que la puesta en funcionamiento de los nuevos organismos “será paulatina”. Sin embargo la Legislatura jamás aportó los medios económicos, y a partir de la existencia de nuevos puestos comenzó una carrera para cubrir cargos que sólo se detuvo cuando entró en funciones el Consejo de la Magistratura.
A cinco años de aquellos hechos, debido a la formidable expansión, a las obras inmobiliarias encaradas, a los aumentos de sueldos otorgados y a la baja en la recaudación, el presupuesto judicial está colapsado.
El presidente del TSJ, Oscar Massei, volverá a pedirle al gobernador Jorge Sapag una partida extra para responder a los requerimientos salariales del gremio Sejun.
Anexos
Estos fueron los cargos creados por la ley 2475 de octubre de 2004:
* 1 cargo de auditor general.
* 2 cargos de auditores adjuntos.
* 12 cargos de juez de Cámara.
* 12 cargos de juez de Primera Instancia.
* 8 cargos de fiscal de Cámara.
* 8 cargos de defensor de Cámara.
* 3 cargos de fiscal de Primera Instancia.
* 5 cargos de defensor oficial de Primera Instancia.
* 5 cargos de secretario de Cámara.
* 11 cargos de secretario de Primera Instancia.
* 1 cargo de fiscal adjunto.
* 3 cargos de defensores adjuntos.
* 8 cargos de prosecretario letrado.
A Susana Ruminot la asesinaron el 20 de junio de 2002 en su casa en Centenario.
El presunto asesino se confesó con un amigo, le contó quién lo había contratado, lo detuvieron, le secuestraron elementos pertenecientes a la la víctima de su vivienda… pero en dos juicios la obtención de esas pruebas fue declarada nula y los imputados resultaron absueltos.
En una de las sentencias uno de los jueces dijo que la prueba “huele mal” y propuso poner en conocimiento de la Jefatura el actuar de su personal.
En octubre del año pasado el Tribunal Superior de Justicia, integrado con mayoría de subrogantes, clausuró la posibilidad de que se hiciera un tercer juicio, como se informa aquí.
Ahora la familia Ruminot le entabló una demanda a la provincia porque consideró que la negligencia de su personal policial le causó el daño de no esclarecer el crimen de su hija.
Por un lado, la provincia dice que los policías actuaron bajo las órdenes del juez y del fiscal.
Por el otro, argumenta la provincia que según la CSJN “las sentencias y actos judiciales no pueden generar responsabilidad del Estado por sus actos lícitos, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular”.
“Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver una contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia”.
Conseguí el audio de las declaraciones de Oscar Massei que tanta polémica levantaron porque acusó al Colegio de Abogados de guardar silencio cuando la corrupción campeaba en la provincia.
Ahora, en versión mucho más sencilla que antes gracias a A.S.
Alguna vez escuché que a los abogados les disgustan las novedades. Será por aquello de que los fundamentos de las sentencias siempre invocan hechos, leyes, otros fallos, del pasado.
Quizá los abogados, mayoría entre los lectores de este blog, detesten las películas de abogados, de tribunales, de crímenes, porque las encuentran llenas de defectos como les debe suceder a los médicos con las películas de médicos, a los ingenieros, a los arquitectos. A los periodistas.
Pero en este fin de semana largo, o el martes, o el miércoles, quizá valga la pena que vayan a ver El secreto de sus ojos, la última película de Campanella, con Soledad Villamil y Ricardo Darín (y, debo agregar a mi pesar, un sorprendente Francella).
Aquí lo que dijo Javeir Porta Fouz sobre la película en Hipercrítico, y más abajo el trailer.
Ya está publicado el acuerdo 4423 del Tribunal Superior de Justicia que incluye, entre otros puntos interesantes, dos respuestas a cuestiones legislativas.
La primera, en el punto 6, sobre el proyecto de ley de convenciones colectivas de trabajo y la segunda, en el punto 7, referida al proyecto de ATEN para que se modifiquen las facultades del querellante.
Pero lo más llamativo es que el Tribunal rompe con la costumbre de no responder pedidos de informes individuales de los diputados (en este caso es del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, José Russo).
Se recordará que durante años el TSJ tuvo la costumbre de contestar sólo aquellos pedidos de la Legislatura como cuerpo.
¿O será una de esas disposiciones relativas, que dependen del contenido de la pregunta?
