El martes 25 se produjo un violento desalojo de la Comunidad Mapuche Currumil en Aluminé. En horas de la mañana una gran cantidad de miembros de fuerzas especiales de la policía de Neuquén se hicieron presentes en el paraje Quillén, territorio ancestral de dicha comunidad.
Murió Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y madre de Vicente Massot, el ex funcionario de Menem que reivindicó la tortura (click aquí.)
En el largo e imperdible obituario que le dedica el diario bahiense y que pueden leer aquí encontrarán frases como esta:
“En medio de aquel proceso disolvente que afectaba a la República y con la amenaza creciente del terrorismo marxista, el 24 de marzo de 1976 Diana Julio de Massot consideró que era un deber ineludible respaldar la acción militar de las Fuerzas Armadas”.
Otra revelación de la esencia de su pensamiento quedó plasmada aquí:
“Para Diana Julio de Massot el propósito específico de un medio de comunicación no se agotaba -por bien que lo hiciese- en informar a sus lectores, oyentes o televidentes. En todo caso, ésta era la condición necesaria de una periodista de ley. La condición suficiente consistía en formar conciencia respecto de determinados valores e ideas”.
En marzo publiqué este post en el que vaticinaba los problemas que tendría el Estado (entendido como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para terminar con la fastuosa Ciudad Judicial.
Hay un enlace a un Acuerdo de ese mes en el que se transcribe el más detallado informe de la situación conocido hasta ahora.
El tema podría convertirse en uno de los ejes del debate de lo que resta del año en la Legislatura, porque más de un diputado está buscando antecedentes sobre los costos de la Ciudad Judicial.
Por si les sirve a aquellos interesados, es ilustrativo este párrafo de un documento del gremio Sejun:
“(…) las irregularidades detectadas en la "Obra ciudad Judicial", en la cual se detectó que un mingitorio para el sector detenidos cuesta c/u $20.000 y sobre un total de 16 resulta la friolera suma de $320.000 unicamente en este rubro”.
“El metro cuadrado de una obra en construcción del edificio que actualmente se construye en esta ciudad y que dentro del confort consta de una piscina, es más barato que el presupuestado para la obra de la "Ciudad Judicial". Otro dato ilustrativo, ambas obras las realiza la Empresa Riva SA”.
Pero incluso podría ser necesario ir más atrás en la historia. Hasta la época del anteproyecto, de la licitación que una empresa impugnó y luego ganó, del administrador que fue separado del cargo y volvió…
E incluso más atrás y así, quién sabe, quizá hasta podría saberse la verdadera razón por la cual nunca el Tribunal Superior de la década del 90 invirtió sus 20 millones de dólares ahorrados en poner un solo ladrillo.
Aquí está el acuerdo extraordinario 4424 del 20 de agosto. Como siempre trae cosas interesantes, destaco las que a mí me parecen.
Por un lado, hay dos pedidos de sumarios basados en tratos agraviantes que se dispensan en juzgados que vaya uno a saber cuáles son porque Heredia no lo permite (puntos 7 y 11).
Más allá de no conocer a los protagonistas, me pareció preocupante el estado de crispación (para usar terminología en boga) que se vive en algunos tribunales. Porque si bien estos casos llegaron a estos extremos, se comenta que las disputas son comunes entre magistrados, funcionarios y abogados.
Por otro lado, se resolvió afectar transitoriamente al juez de Zapala Oscar Rodeiro para sumarse a la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes, a la cual le falta un integrante (punto 8).
No hace falta que cuente la larga historia de la Cámara de San Martín de los Andes. De la que se habla menos es de la de Zapala, que según el diplomático lenguaje plasmado en el Acuerdo, “por el volumen de tareas con que cuenta actualmente dicho cuerpo, se encuentra en mejores condiciones de cubrir la necesidad de la Cámara de San Martín de los Andes”.
También está el Nuevo Reglamento de Comisiones Oficiales y Viáticos que, según dice el acuerdo, viene a traer orden en un tema que al parecer no lo tenía.
Ahora estaría más claro quién y cómo recibe los viáticos y en especial cómo tiene que hacer la rendición. En lenguaje más que diplomático, vaticano, dice el Acuerdo que este reglamento tiene como finalidad “la solución de inconvenientes interpretativos y de orden práctico, surgidos como consecuencia de rendiciones de viáticos en comisiones de servicios oficiales”.
El Procurador General de la Nación Esteban Righi instruyó a todos los fiscales federales y nacionales del país a que insten la clausura de prostíbulos que sean investigados por trata de personas y esclavitud sexual.
