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16 » Oct 2008 |
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No ordenarás desalojo |
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He aquí un caso poco frecuente. Esto dice un comunicado de prensa del Tribunal Superior de Justicia del 10 de octubre pasado:
"La Oficina de Prensa del TSJ informa que en el día de ayer, a pedido del fiscal Marcelo Jofré, el titular del Juzgado de Instrucción de Zapala, Dr. Oscar Domínguez ordenó que se intime a las personas que ocupan el Corralón Municipal de dicha localidad para que se retiren en un plazo de dos horas y que, vencido el mismo, se desaloje el edificio mediante la fuerza pública".
Desalojo es un término de uso poco frecuente en el Poder Judicial. La principal razón es que son muy peligrosos y pueden causar una muerte. Basta repasar la lista de víctimas fatales en distintas circunstancias pero con el denominador común del desalojo: Alberto Puelpán, Teresa Rodríguez, Rubén Arias, Raúl Pili, Carlos Fuentealba.
Por eso nadie se hace cargo de haber dado una orden de desalojo. Ni siquiera Jorge Sobisch, tan compadrito ante los medios de comunicación, se hizo responsable ante un Tribunal de haber mandado a desalojar Arroyito el 4 de abril de 2007.
Y los jueces, cuyas órdenes deben ser por escrito, se cuidan mucho antes de firmar algo así. Para decirlo con lenguaje llano, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Entonces empieza la calesita a la que los periodistas solemos subirnos: que está la orden, que no está la orden, que la policía no necesita la orden porque la ley orgánica bla, bla, bla... Obviamente nadie quiere asumir el costo político de disponer una medida tan impopular como riesgosa.
Cuando se registró el anterior enfrentamiento en la toma del barrio Confluencia, a mediados de setiembre, el ministro de Seguridad César Pérez le preguntó al juez de turno, que era Juan José Gago, qué pensaba hacer. Gago, cuyo pliego para ascender a camarista está en la Legislatura, camina con pies de plomo y miró para otro lado todo lo que pudo.
Por eso días después Pérez le tiró encima toda la presión para que procesara a Juan Hermosilla Soto, como está relatado algunos post más abajo. Le salió mal, porque Gago le respondió con dureza.
Ya que estamos: una sorpresa fue la resolución del juez Alfredo Elosu Larumbe, quien dictaminó que no se había cometido el delito de usurpación en la ocupación del predio de Confluencia. Como era de prever se le tiraron todos encima (hasta le pidieron un jurado de enjuiciamiento que no debería prosperar) y el fiscal Rómulo Patti, que apela todo lo que puede desde el célebre embarazo inter fémora, hizo eso, apeló.
Volviendo al comienzo, intuyo que después de la batalla campal en torno a la toma del barrio Confluencia y su insólito desenlace (tras 24 horas de enfrentamientos, los ocupantes volvieron al predio pero ahora autorizados) será más difícil todavía conseguir un juez que firme una orden de desalojo.
Y conste que los enfrentamientos no empezaron por dar cumplimiento a una orden de ese tipo, lo cual demuestra que cuando el poder político la habilita, la policía actúa sin necesidad de la dichosa directiva.
Todos saben, desde el sentido común, que la solución a las usurpaciones debe ser política. No tiene sentido judicializarlas.
En ese sentido, encontré este proyecto de ley que presentó Oscar Massei para introducir en el Código Penal los criterios de oportunidad.
Enumera una serie de casos en los cuales los fiscales "podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública".
El punto 4 contempla: "En los delitos de contenido patrimonial cometidos sin grave violencia física o intimidación sobre las personas (...)
Me pregunto: si se aprueba esta reforma, ¿los fiscales podrán elegir si persiguen o no el presunto delito de usurpación?
En los hechos lo que muchas veces se hace es demorar una decisión para dar tiempo al poder político a que encuentre una salida.
(G.B.)
La foto es de Agustín Martínez. Hay otras en el blog de Leo. |
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Categoría : Poder Judicial |  Comentarios [1]
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  Algunas consideraciones |
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Por : Silvia | 18 » Oct 2008 | 01:36 am |
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Como primera cuestión creo que los criterios de oportunidad están pensados para acciones individuales y no para acciones colectivas como fue esta.
Segundo, creo que este conflicto es muy complejo y su análisis no puede ser unidireccional. Tiene muchas aristas, pero todas confluyen en la explosión de los hechos.
El poder ejecutivo, constitucionalmente hablando es quien debe generar políticas sociales para garantizar los derechos allí plasmados, entre ellos el de vivienda, hace 20 años, según dijo ese diario que no se hacen planes de vivienda.
El paseo de la costa disparó el valor de las tierras linderas a la confluencia, dejando afuera del posible acceso a un lote a la mayoría de los vecinos sin vivienda.
El sistema clientelar de los partidos políticos, encabezado por el MPN, hace muchas décadas que fomenta la dependencia de la “ayuda” en vez de fomentar la cultura del trabajo. Entiéndase subsidios, cajas, puestos en el Estado, todo por el módico precio de una afiliación, un hacerse presente en los actos y un voto, para lo cual no se necesita ni estudiar ni capacitarse.
Este sistema clientelar esta aceitado por funcionarios que mucho no saben de la cartera que dirigen pero si saben de rodearse de “los del palo” que hicieron la campaña y con quienes usufructúan los privilegios de ese recortado poder. Quienes planifican las políticas sociales y en base a que datos ¿???? Preguntas a respuestas que quedan en la nebulosa, porque es evidente y los hechos lo confirman que si las hay no dan buenos resultados.
Todo esto complejisa la realidad, porque a la falta de políticas sociales, habitacionales, laborales, educativas, de salud, etc, le sumamos la ineficacia de los funcionarios y la especulación inmobiliaria. La gente acostumbrada al clientelismo…………..conflicto en puerta, bueno en terreno fiscal municipal.
Y esto se arregla pidiéndole a un juez que desaloje ¿??? Pidiéndole a los que no tienen mas que la cultura clientelista que le enseñaron los políticos que respeten la ley ¿?? Que ley ¿? Si siempre fue así, o como se hicieron los otros barrios? Cordón Colon por ejemplo. Pero le piden al juez. ……
El Juez, solo ve un pedacito y es el párrafo de lo que esta escrito en el código. Si viera un poco mas y entendiera que esto es mucho mas complejo y que es resorte de los poderes Ejecutivos Provincial y Municipal resolverlos. Sentaría a los representantes de los Ejecutivos en su despacho y les diría, señores les doy tantos días para solucionar esto. Porque garantizar los derechos es facultad indelegable del Estado. Como lo hizo la Corte con las jubilaciones o con la limpieza del riachuelo.
Si hubiera un ministro que entendiera sobre como se gestiona la conflictividad, vería que si el problema es que se están por conectar del agua, llama al EPAS corta la llave que suministra a ese caño y le avisa al gobernador que le exija al municipio que resuelva.
Hay muchos otros caminos antes que la ejercitar la violencia estatal, porque eso es lo que hace la policía, ejerce la violencia en nombre del Estado, o sea de todos los ciudadanos.
Los conflictos sociales no se resuelven en sede judicial, se resuelven con políticas sociales planificadas por técnicos capacitados y conducidos por un gobernante elegido por los ciudadanos para administrar los bienes que son de todos.
Como esto no sucede, se apela a la violencia y la irracionalidad, y la Justicia con su mirada recortada no intenta poner en marcha mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o instancias de exigencias a los Poderes Ejecutivos, dicta sentencia u oficia, algo tan incumplible como que no se afiance la toma…a esta altura parece un chiste.
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