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Con todo lo criticable que pueda resultar para algunos como modalidad de protesta o de presión, una marcha o movilización se anuncia en los medios de comunicación. Todos saben que tal día y a tal hora se concentrará un grupo de personas para pedir algo determinado a una persona perfectamente individualizada.
En cambio, nunca se anuncian ni publican los llamados telefónicos (para usar otra imagen convencional) ni las visitas que reciben los jueces, a veces en sus despachos y sin que esté presente la contraparte. Aunque no lo reconozcan jamás públicamente, entre otros motivos porque se verían en la obligación de hacer la denuncia, esto sucede.
También han existido casos de ministros que se han instalado en el despacho del juez y, en los hechos, han conducido investigaciones sin que eso provocara ningún debate sobre la afectación a la independencia del magistrado. Todo lo contrario, se lo ha tomado como una elogiable preocupación del gobierno por el resultado de una causa judicial.
El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni reconoció con sinceridad en una entrevista: “Siempre que hay casos vinculados con el poder nos llaman. Se acerca alguien en el vestuario del club y nos pide que el abogado del investigado nos vaya a ver. Suena el teléfono y algún amigo dice del funcionario investigado "es un buen muchacho". Nos pasa desde hace décadas. Lo que hay que hacer es escuchar, poner cara de poker y luego resolver a conciencia y de acuerdo a derecho. Si nos asustamos a la primera llamada de esas nos tenemos que ir".
Como hemos dicho, no todos reaccionan de la misma manera.
También existe la autocensura. Hay magistrados y funcionarios que, atentos a las señales que emiten determinados grupos de poder, hacen o dejan de hacer aunque nunca reciban el mentado telefonazo.
Y si una manifestación les despierta, supongamos, temor a una agresión física, un llamado telefónico puede sugerirles que el fin de su carrera está próximo. O que se viene un ascenso.
¿Qué dicen los propios jueces de esta situación?
En abril, los miembros de la Asociación de Magistrados tuvieron un encuentro en el cual debatieron, entre otros temas, el de la independencia. La declaración que se dio a conocer públicamente menciona:
"También afectan la independencia del Juez las presiones externas, sean políticas, gremiales, de la prensa y/o de otras organizaciones. Se coincidió en que hay operadores del sistema que resisten satisfactoriamente tales presiones, en tanto otros se presentan como vulnerables ante ciertas presiones".
Como se puede ver, identifican los orígenes posibles de las presiones y algunas de las consecuencias que les generan.
Pero más adelante sobre el mismo tema la declaración expresa:
"Existió absoluta coincidencia en que el actual Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, no ha cumplido con el rol de poder moderador o contrapeso de los otros poderes del Estado, mostrando una marcada dependencia del Poder Ejecutivo en cuanto a las decisiones tomadas, con la consecuente afectación de la independencia del poder judicial.
"Existen varios hechos a tomar en cuenta para acreditar esta afirmación, pero la principal tiene que ver con la sistemática orientación de los acuerdos del TSJ, que obstaculizaron prácticamente todas las investigaciones que, a principios de 2004, se relacionaban con hechos de corrupción administrativa y enriquecimientos ilícitos atribuidos a funcionarios del ejecutivo o allegados.
"Solamente algunas de las medidas adoptadas fueron: el traslado y reemplazo de funcionarios y empleados que se desempeñaban en la Agencia Fiscal para Delitos contra la Administración Pública (DAP), las designaciones realizadas en el Gabinete Técnico Contable, el desmantelamiento del Servicio de Investigaciones de Fiscalía (SIF) y la reglamentación de los plazos de investigaciones preliminares fiscales. Todo esto hizo que, a partir de allí, prácticamente desaparecieran las investigaciones en delitos contra la administración pública, con contenido patrimonial, en la ciudad de Neuquén.
"En la misma dirección, estuvo orientada la decisión de elevar el número de fiscalías de Cámara de dos a seis.
"También atentó contra la independencia del Poder Judicial, el traslado compulsivo de funcionarios con dilatada y reconocida experiencia, hacia otras dependencias del poder judicial que tenían poca significación.
"Se coincidió también en que faltó, desde los funcionarios y magistrados del poder judicial, una posición mas crítica hacia los continuos y sistemáticos signos, emitidos desde el Tribunal Superior, que no perseguían, precisamente, el respeto a la independencia del poder judicial”.
En concreto, todas esas negativas consecuencias para su independencia que mencionan los propios magistrados fueron generadas a partir de las presiones "invisibles".
Los gremios, las organizaciones sociales, podrán reunir miles de personas en la calle, pero no trasladan funcionarios, ni bloquean investigaciones, ni desarman equipos de investigación ni generan ese temor -implícito en todo el texto de la declaración de la Asociación de Magistrados- a perder el trabajo o a que le hagan insoportable la vida como a más de uno le ha sucedido.
(G.B.) |
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