Il Segretario per la Sicurezza, Guillermo Pellini, dijo que van a instalar cámaras en las stazione de polizei porque “si no, es la palabra del detenido contra la del efectivo” cuando se presentan casos de apremios ilegales.
O sea: La palabra perdió valor, lo único que cuenta es la imagen. Somos seres visuales, racionales, dotados de un lenguaje, pero lo que ven nuestros ojos y explican nuestras palabras no basta, necesitamos una extrensión electrónica que grabe y reproduzca para que los otros nos crean.
Pellini intentó exhibirlo como una política del gobierno cuando en realidad es una decisión hija de la necesidad. (Cómo cambiaron las prioridades: un antecesor suyo en el cargo quería cámaras en las esquinas donde se concentran las protestas sociales).
Ya sabemos que las cámaras no garantizan nada (se descomponen en los momentos claves, recordar el caso Ávalos, o tienen estratégicos puntos ciegos, recordar la visita al cine de Nicolás Rinaldi) sin contar con que serán operadas por los mismos polizei.
Si fueran infalibles no existirían fugas ni represiones en la Unidad de Detención 11, donde hay más cámaras que en un hipermercado.
Tampoco está claro a quiénes van a osservare: si a los que entran a las stazione o a los que ya están adentro. “Vigilantes vigilados”, tituló el noticiero de Canal 7 el martes a la noche; “Gran Hermano uniformado”, la edición on line de Río Negro.
“A las marchas no llevamos bolitas ni gomeras, llevamos cámaras porque es la única manera de registrar lo que nos hace la policía”, dijo Alejandro López en el juicio por el caso Alveal.
La frase tiene un toque demagógico pero no es del todo falsa. A este paso media provincia vigilará a la otra mitad. Lo que no está registrado en video no pasó, y lo que sí fue filmado puede no ser suficiente prueba (recordar lo que sucedió con Teresa Rodríguez y con el mismo caso Alveal).
Me han dicho que Pellini conoce, porque se lo contaron, el crítico panorama que hay en las stazione de polizei. Su segundo, Novoa, es un ex comisario barrido por la traumática purga de diciembre de 2006. El hijo de una empleada suya es la más reciente víctima de la mano dura en los calabozos, lo cual derivó en una fuerte discusión entre ambos funcionarios.
En este contexto me pareció muy recomendable la lectura de este trabajo de Fabio Villarruel y Esteban Rodríguez, abogados del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, La Plata), titulado “Parar los libros”: La doble vida de la policía.
Dice en uno de sus párrafos:
“Muchas de las acciones que componen la rutina policial no constituyen en sí mismos un delito o una falta policial, o resultan difíciles de visualizarlos como tales, más aún si se trata de prácticas que se han naturalizado, inscripto en la vida diaria de las víctimas; o son prácticas para las cuales no existen o no se revieron mecanismos de control eficientes; o cuentan –lisa y llanamente- con el consentimiento del poder judicial. Consentimiento que, dicho sea de paso, supone admitir, como tantas veces hemos consignado, que “no hay maldita policía sin maldito poder judicial”-. Ese asentimiento, hay que rastrearlo en la pereza institucional del funcionario que certifica las actuaciones policiales sin tomarse la molestia de leerlas o ponerse a estudiar, es decir, en la falta de investigación y control por parte de la agencia judicial; en la inoperancia burocrática; y también en los prejuicios y el espíritu de revancha con el que suele trabajar la familia judicial en general”.
Con cámaras o sin cámaras, hay otros lugares por los cuales empezar.
