No gana más dinero el abogado que litiga durante más tiempo sino el que llega con más eficacia a un acuerdo. Esa es la sustancia de un interesante proyecto de ley para modificar la ley de aranceles que presentó la diputada Soledad Martínez.
Dice en sus fundamentos: "Nuestra tradición –al amparo del actual régimen legal– tácitamente reconoce como una pauta de gran relevancia la excesiva litigiosidad como un método para prolongar indefinidamente los juicios por cuanto establece que el juez valore "...la extensión del trabajo..." (artículo 6º). A los efectos de comenzar a revertir esa tradición y contribuir a la baja de litigiosidad es que se propone al fijar los honorarios incluir la efectivización de acuerdos como una pauta que estimule esta práctica entre los profesionales".
El proyecto propone: "Modifícase el inciso d) del artículo 6º de la Ley de Aranceles nº 1584 (ojo diputada, es la 1594), el que quedará redactado de la siguiente manera:
"d) El mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad y eficacia del trabajo, especialmente la efectivización de acuerdos que reduzcan el nivel de litigiosidad y la actividad jurisdiccional".
La diputada también presentó otro poyecto de ley referido al "amicus curiae" o "amigo del tribunal".
Expresa entre otros fundamentos que "la institución denominada "amicus curiae" propone que terceros ajenos a una disputa judicial que, acreditando un justificado interés en la resolución final del litigio, puedan expresar sus opiniones en torno a la materia y realizar aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso judicial".
"Esta ley, entonces no hará mas que dar marco normativo a la explicita muestra de la voluntad de la máxima autoridad jurisdiccional de la provincia por incorporar a nuestra práctica judicial la promisoria institución internacional del "amicus curiae".
Y al respecto...
Desde muchos sectores se está pidiendo la libertad de Roman Polanski, de 76 años, detenido en Zurich por una orden de detención aún vigente en Estados Unidos, ya que en la década del 70 abusó de una niña de 13 años. Incluso la víctima pide que lo perdonen. Click aquí. (Actualización 27-09-09)
Aquí está el proyecto de reforma parcial del Código Procesal Penal que presentó el diputado Daniel Baum.
Algunos puntos que el diputado destaca: “No tiene costo alguno de implementación; es de operatividad inmediata; es el paso previo al sistema acusatorio; distribuye equitativamente el trabajo entre los fiscales y defensores de primera y segunda instancia”.
Por lo que pude ver hace desaparecer las fiscalías especializadas por delitos, sistema muy criticado por algunos de los candidatos a fiscal de Cámara en el último concurso del Consejo de la Magistratura.
No dijeron que el sistema era malo, sino que se había desnaturalizado. Se sabe que dos fiscalías (Delitos Violentos contra la Propiedad y Graves Atentados contra las Personas) están desbordadas de trabajo, y las otras no tanto, algunas casi nada.
En mi opinión la especialización es una herramienta más, y depende de cómo se la utilice.
Podría ser buena, siempre y cuando se realicen en forma periódica reuniones generales de fiscales para intercambiar información.
Si observamos a nuestro alrededor, hay un avance hacia la segmentación, la personalización, la estratificación.
¿Por qué no tener entonces fiscalías especializadas para investigar conductas delictivas “tuneadas”?
Claro que la especialización no debe hacer perder de vista el conjunto. Hay hilos conductores, lo que Binder llama “mercados”, que no van a ser desmontados nunca si cada uno trabaja por su lado. Por eso lo de las reuniones generales mencionadas antes.
Y hay algo más delicado: por ejemplo si todas las investigaciones de delitos cometidos contra y desde el Estado se concentran en una fiscalía, al gobierno de turno le bastaría con controlar ese organismo para quedarse tranquilo de que no lo sobresaltará ninguna incómoda causa abierta por un caso de corrupción. ¿No?
Esto podría solucionarse, por ejemplo, con una cuidadosa selección de quien vaya a ocupar ese cargo.
Volviendo al proyecto de Baum: al final de la fundamentación encontrarán un interesante gráfico que muestra cuánto abarca ahora el trabajo de las fiscalías de grado y cuán poco el de las fiscalías de Cámara.
Una muestra más del desatino con el cual se encaró la ampliación de los organismos judiciales allá por 2004.
Si me dejan opinar una vez más, me pareció interesante el aporte que se hizo en el mencionado concurso de fiscal de Cámara: hay que crear unidades fiscales que se ocupen del delito desde su comisión hasta el recurso de casación, pasando obviamente por el juicio oral.
Una última mención al primer argumento de Baum para sustentar la reforma: “no tiene costo de implementación”.
Recordé enseguida lo que me dijo Manuel Garrido cuando lo entrevisté: la mayoría de las reformas procesales se frena por cuestiones económicas (click aquí).
¿Qué futuro le espera a este proyecto de reforma parcial? No lo sé. Tampoco sé si es mejor seguir introduciendo parches (recuerden que está pendiente de tratamiento el proyecto de reforma del artículo 70 del Código Procesal, vinculado con las facultades del querellante) o avanzar de lleno en la discusión de los proyectos de reforma integrales.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para darles “más participación a las asociaciones intermedias como parte querellante en procesos por delitos de acción pública en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”.
