En el post sobre el fondo sojero publicado un poco más abajo hay un incipiente debate respecto de la situación económica financiera del Poder Judicial.
En el último acuerdo publicado hay muy interesante información sobre el tema, que me sirvió de base para hacer esta y esta otra notas que habrán visto en el diario de hoy.
Los problemas presupuestarios afectan, entre otras áreas, al plan de obras de la Ciudad Judicial.
La Ciudad Judicial ya fue motivo de controversias (ver aquí, por ejemplo) y construirla es cada vez más cara.
Dos años después ya cuesta 139.259.323,32 pesos, y apenas lleva ejecutado poco más del 14 por ciento.
El gobierno provincial tendría que aportar este año alrededor de 90 millones de pesos para que la obra no se paralice. Es, y volvemos al principio, más o menos lo que le toca en el reparto del fondo sojero.
La empresa ya avisó que paralizar la obra cuesta dinero, y mencionó que tiene 160 operarios que cuentan con el salario que les reporta ese empleo.
Algunos tendrán presente este post de principios de febrero pasado, que anticipaba la renuncia por jubilación de algunos camaristas civiles.
El anticipo empieza a cumplirse. En la última reunión de acuerdo, entre tantísimas cosas interesantes, se aceptó la renuncia de Enrique Videla Sánchez.
El punto 16 dice:
"DR. ENRIQUE VIDELA SÁNCHEZ SOBRE RENUNCIA.- VISTO Y CONSIDERANDO: La renuncia al cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción Judicial preseentada por el mencionado magistrado, partir del 10 de abril del 2009, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, y en virtud a lo establecido por el Art. 251, inc.4 de la Constitución Provincial, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Remitir al Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén la renuncia presentada por el Dr. ENRIQUE RAUL VIDELA SANCHEZ, al cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción Judicial, a partir de la cero hora del 10 de abril del corriente año, adjuntando el legajo personal de mencionado magistrado.- 2°) Notifíquese y cúmplase por la Secretaría de Gestión Humana y Programas Especiales .-
El juzgado de Rincón de los Sauces sigue siendo un dolor de cabeza para el Poder Judicial.
En el último acuerdo, que lleva el número 4330, el Tribunal Superior de Justicia aprobó un cronograma para "cubrir el servicio del Ministerio Público Fiscal en la localidad de Rincón de los Sauces".
La cobertura estará a cargo de "fiscales titulares y adjuntos de la primera circunscripción judicial por lo que deberá preverse la erogación que será necesaria al momento de llevarse a cabo cada comisión".
En el acuerdo no se mencionan los motivos que generaron la necesidad de diagramar esta cobertura, pero no estarían vinculados con la licencia que pidió la fiscal titular de Rincón, María Soledad Rangone, quien volvió al puesto esta semana.
Rangone se tomó una licencia después de los allanamientos de principios de mes, y volvió luego de sendas charlas con el fiscal Alberto Tribug y el presidente del TSJ Oscar Massei.
Aunque asumió como fiscal en 2005 recién empezó a trabajar en Rincón en setiembre de 2008 porque el juzgado no tuvo juez hasta esa fecha.
Ese período permaneció en Neuquén capital con trabajo a contraturno y le tocaron dos causas importantes que ya fueron mencionadas en este blog.
La primera, una denuncia del camarista Héctor Rimaro contra el ahora ex vocal Eduardo Badano por presunto abuso de autoridad. Se vincula con la licencia psiquiátrica que le dieron a fines de 2007.
La segunda es una denuncia de Badano, también por supuesto abuso de autoridad, contra el vocal Felipe Cía, por haberle tomado juramento a los miembros de la sala juzgadora que luego lo destituyeron.
Según pudo averiguar la fiscal no se excusó pese a los insistentes rumores que circulan en los pasillos de los tribunales respecto de su presunta amistad tanto con Badano como con Cía.
En setiembre del año pasado Cía asistió a la puesta en funciones del juzgado de Rincón, como si nada.
Los problemas no terminan aquí.
El Tribunal Superior también dispuso un concurso externo para cubrir cargos de auxiliares administrativos en el juzgado de Rincón porque no consigue empleados que se quieran mudar a aquella ciudad.
Como podrán leer en el acuerdo si cliquean en el enlace que les dejé más arriba, el apartado 1 del punto 22 hace saber a los interesados que "una vez aprobado el concurso y previo a la designación, será requisito indispensable la fijación de domicilio real en la mencionada localidad o en un radio no superior a los 30 kilómetros".
No se aclara si esto tiene que ver con un intento para que no se repita el caso de una funcionaria que suele viajar los viernes al mediodía a su casa en Neuquén capital y regresa los lunes a la tarde a su lugar de trabajo.
Y para terminar por ahora, el Tribunal Superior está buscando un nuevo inmueble para mudar al juzgado.
En la actualidad funciona en una casa de dos plantas alquilada a la fiscal y a su marido, que viven en una casita al fondo dentro del mismo predio.
La familiaridad es tal que algunas ventanas del edificio judicial dan al patio de la casa del matrimonio, desde donde se puede escuchar con facilidad cualquier conversación.
Para los interesados en más información, en este post está la historia de la creación del juzgado de Rincón en la que tuvo un rol protagónico Carlos Macchi, ex intendente de esa localidad, ex legislador por Apertura Popular, y presuntamente también amigo de la fiscal Rangone.
Otro diputado de Apertura Popular, Carlos Sánchez, fue el impulsor de una reforma a la ley para que Rincón pierda jurisdicción sobre Buta Ranquil.
Y no sería raro que pronto haya otra corrección porque los habitantes de Añelo tampoco quieren saber nada con depender de Rincón.
Apenas asumido, uno de los nuevos vocales del Tribunal Superior se preguntó: ¿para qué crearon este juzgado que sólo trae problemas y que pronto va a perder casi toda su jurisdicción?
Este año cuatro de los siete camaristas civiles podrían jubilarse.
Isolina Osti de Esquivel, Lorenzo Waldemar García, Luis Silva Zambrano, Enrique Videla Sánchez... todos están en condiciones por edad y por años de aportes.
El único que lo está meditando es Lorenzo García, pero los otros tres ya habrían tomado la decisión.
Sus retiros provocarán un temblor en la justicia civil que afectará a los justiciables, a los abogados litigantes, al Tribunal Superior y al gobierno provincial, entre otros actores.
Quedarán en la desmantelada Cámara tres figuras, cada una polémica a su manera: Federico Gigena Basombrío, Fernando Ghisini y Marcelo Medori.
El trámite para reemplazar a los que se van será largo y, a la luz de lo sucedido con la Cámara de San Martín, es válido pronosticar que no estará exento de controversia. A todos los involucrados los esperan meses de incertidumbre.
Uno de los interrogantes es si atravesará el fuero civil el mismo proceso que afectó al fuero penal cuando el ascenso de tres camaristas al Tribunal Superior de Justicia abrió, por efecto dominó, casi un centenar de vacantes.
Hay varias diferencias, no sólo las inherentes a ambos fueros sino a las circunstancias políticas e históricas en las que se producirán estos tres o cuatro retiros a lo largo de 2009. La cobertura también será –debería serlo-distinta.
Resultará interesante observar de qué ámbito surgirán los nuevos camaristas civiles. Hay muchos abogados y abogadas que pasaron por dependencias del Poder Ejecutivo instalados ahora en niveles intermedios del Poder Judicial. Sus firmas figuran estampadas en numerosos expedientes que todavía circulan por el Tribunal Superior de Justicia esperando resolución definitiva.
¿Se anotarán para cubrir las vacantes?
¿O los más interesados serán los abogados que están ejerciendo la profesión fuera del Poder Judicial?
¿El proceso en la capital será igual al del interior, donde están para cubrir los cargos que dejó Graciela Martínez y dejará Silvia Grichener? ¿Cuánto influye que todavía haya casilleros vacíos en primera instancia?
A medida que pasen las semanas, estas preguntas empezarán a encontrar respuesta.
La certeza es que el embudo en el cual caerán todos los candidatos se llama Consejo de la Magistratura, un organismo que este año podría –otra vez: debería- ser retocado si prospera alguno de los muchos proyectos que esperan tratamiento en la Legislatura.
Este es el recurso de casación del gremio judicial contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento que los obliga a pagar las costas del proceso. Según estimó el secretario general Edgardo Cherbavaz, serían 10.000 pesos.
Para 2009, un plan de trabajo modesto: lograr que mejore (y en algunos casos, comience) el acceso a la información pública.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia, un buen gesto sería que publiquen los acuerdos en su página web con libre acceso para todos los interesados.
(Quizá sea mucho pedir: aún no incorporaron a la lista on line de magistrados y funcionarios los nombres de Oscar Massei y Guillermo Labate, y Graciela Martínez aún figura como camarista de Cutral Co). (Actualización 6 de enero: esto ya ha sido corregido).
El objetivo a largo plazo es que las reuniones de Acuerdo sean públicas, como lo son las sesiones legislativas.
En el caso de la Legislatura, podría reglamentar el artículo 25 de la Constitución Provincial, ese que dice: “…No será trabado el libre acceso a las fuentes de información...”
Y el Ejecutivo podría tansparentar sus gastos actuales y hacia atrás, e informar por ejemplo cuánto y cómo se gasta y gastó en la pauta publicitaria, sin necesidad de que le arranquen la información a fuerza de recursos de amparo.
Qué bajo habrá sido el perfil del concurso para cubrir un cargo de vocal en la Cámara Penal de Zapala que a muchos se nos pasó por alto que la ganadora, Liliana Beatriz Deiub, recibió acuerdo legislativo a principios de este mes.
Yo encontré la información en una línea en el anteúltimo párrafo de un comunicado oficial que está en la página web de la Legislatura. Un consejero me jura que lo leyó en un medio de comunicación, pero según mi relevamiento no la publicaron los diarios ni ninguna otra página web.
¿Cómo será el concurso, cuando se lo convoque, para cubrir la vacante que dejará Silvia Grichener en la Cámara Civil de Zapala? ¿Parecido al concurso para la Cámara de San Martín –altísimo perfil, polémica, impugnaciones cruzadas, debate legislativo, etcétera- o a éste que acaba de pasar con tanto sigilo?
Y ya que estamos: ¿qué futura vacante motivará un concurso tan polémico como el de la Cámara de San Martín? ¿La fiscalía de Cámara de Neuquén capital, la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, algún juzgado civil?
