Aquí está la versión taquigráfica de la sesión del jueves pasado en la Legislatura de Neuquén.
Para destacar (según mi criterio) lo que ya anticipé en el blog: la bomba que tiró Soledad Martínez de la presunta relación entre Irigoyen y el apoderado de la minera china; el debate (para recortar y guardar) previo a la designación de Ignacio Di Maggio como fiscal de Delitos contra la Administración Pública; y el debate que rodeó la sanción de la ley de convenciones colectivas de trabajo, con la cláusula NTNC (no trabajás, no cobrás).
Tres anticipos de lo que pasó hoy en la casa de las leyes.
Primero: Soledad Martínez tiró en plena sesión que Martín Irigoyen, presidente de Cormine quien días atrás criticó a Oscar Massei por la suspensión de la audiencia pública por la minera (ver acá) es socio del abogado Jorge Yañez, apoderado de la empresa china que quiere explotar la mina en Loncopué.
Segundo: Ya tienen acuerdo los tres nuevos fiscales: María Dolores Finochietti (fiscal de Cámara), Ignacio Di Maggio y Horacio Maitini.
Los dos últimos ocuparán provisoriamente las fiscalías de Delitos contra la Administración Pública y Delitos Violentos contra la Propiedad hasta que se ponga en marcha la anunciada reestructuración.
Tercero: se aprobó el convenio colectivo de trabajo para los judiciales (el primero en su tipo del país) pero con la “cláusula Inaudi”: el que no trabaja porque hace paro, no cobra.
Pasará a la historia como la “cláusula Inaudi” pero fueron muchos los que dieron su voto a este artículo.
Al respecto, dice el parte de prensa de la Legislatura:
"Para los tres artículos modificados el bloque del MPN dejó en libertad de acción a sus diputados, según expresó previamente el presidente del cuerpo, José Russo. En ese sentido, los tres diputados del sector petrolero, Carlos Pacheco, Juan Gómez y Omar Lorenzo, votaron el proyecto original que no contemplaba el descuento, junto a Russo, Andrea Obregón y Darío Mattio. También lo hicieron de igual modo los legisladores Luis Sagaseta, Miguel Guidali, Fanny Longo y Miguel Lucero, de extracción peronista.
"El sector UCR de la Concertación avaló las modificaciones, a las que se sumó el diputado Ariel Kogan. En igual sentido lo hicieron Horacio Rachid y Daniel Baum, del Interbloque, Soledad Martínez y Hugo Goncalves, de Alternativa, Paula Sánchez, de Libres del Sur y Rodolfo Canini, de UNE-MUN-PS, rechazaron la modificación y se retiraron luego de la votación".
Así lo revela el punto 13 (¡qué protagonismo tuvo el 13 esta semana!) del acuerdo 4449 del Tribunal Superior de Justicia de fecha 15 de octubre, que pueden leer completo aquí.
Se fijó un nuevo valor al jus, que si no me explicaron mal es la unidad de medida que se utiliza para fijar los honorarios de los abogados, entre otras cosas.
(Este tipo de prácticas, más el uso de las voces latinas, más la invocación de artículos por su número y no por su contenido, más un largo etcétera son las que mantienen abierta la brecha entre “lo judicial” y el resto del mundo, ¿no? ¿Cuál sería el problema de fijar honorarios en plata común y corriente?)
Bueno, la cuestión es que el jus cotiza a 124,85 pesos a partir del 1 de junio y cotizará a 135,16 pesos a partir del 1 de setiembre.
Me olvidaba: el jus aumenta (y con él, el costo de acceso a la justicia de todos los ciudadanos) porque aumentó el sueldo del juez de primera instancia. Alguien quizá lo llamaría daño colateral. Tal vez sería deseable desatar estas dos variables que están enganchadas.
Otra noticia de la cual nos enteramos a través del acuerdo (punto 14) es que a partir del 1 de diciembre habrá otra vacante en el Poder Judicial: se jubilará por invalidez el juez de Cámara Carlos Sierra, uno de los ascendidos de un plumazo de secretario correccional a camarista. ¿Habrá tenido que ver que es cuñado de Esteves?
Y por último, la noticia insólita en el punto 4: el Tribunal Superior de Justicia entregará a la municipalidad en comodato un terreno de su propiedad en Villa La Angostura para que sea utilizado como estacionamiento (libre y gratuito) en la temporada estival. Por lo que averigüé, el personal del juzgado multifueros no tendrá que hacer de lavacoches. Si hay miseria que no se note.
Dos noticias que estarán ampliadas en el blog en las próximas horas:
1) La organización Convocatoria Neuquina fue aceptada como amicus curiae (amiga del tribunal) por el Jurado de Enjuiciamiento que podría iniciarse contra el fiscal Pablo Vignaroli. Lo curioso es que es la primera vez que se acepta un amicus en un jury, y que Convocatoria es denunciante.
Aquí la resolución del jurado (click sobre el título para verlo a pantalla completa):
2) La comisión de Asuntos Constitucionales dio acuerdo para la designación de tres fiscales, cuyos pliegos serán tratados en la sesión del miércoles a la mañana.
Aquí está la crónica de la oficina de Prensa de la Legislatura, en la que los lectores atentos podrán encontrar varios detalles llamativos.
Ahora estoy escribiendo la crónica de lo que se vivió a la mañana en el Consejo de la Magistratura, con las entrevistas personales a las candidatas a juezas civiles.
De izquierda a derecha, “Vaca Sagrada”, Palmieri (sin apodo conocido) y “Apelator”. ¿Qué pudo haberlos reunido hoy bajo el mismo estrado? (La respuesta, aquí).
Nota para los más jóvenes: lo de “vaca sagrada” viene porque en diciembre de 2004 el fiscal Patti hizo circular un correo electrónico fijando su posición respecto del jury de enjuiciamiento contra el entonces fiscal Mendaña.
Decía: "La postura asumida (por la Asociación de Magistrados, crítica hacia el jury) me suena más a venerar a una 'vaca sagrada' que a un sincero y real análisis de la situación. Con todo respeto, la magnitud del problema es de tal entidad que parecería no haberse comprendido las dimensiones a las que puede llegar. Arremeter a ciegas como un toro furioso o una tromba en la estepa, aparece como propio de las epopeyas del medioevo, con fastuosidad y embelesamiento, pero ajeno a la templanza para ejercer nuestro ministerio".
Traigo estos recuerdos porque a cinco años de aquellos acontecimientos se puede observar cuántas verdades hay contenidas en este párrafo, ¿no?
La reestructuración de las agencias fiscales, que incluye tal como se informa en el diario la eliminación de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, figura en el último acuerdo del TSJ, que pueden leer completo aquí.
Uno de los interrogantes que surgen es qué impacto tiene la reforma en el jurado de enjuiciamiento pedido contra Pablo Vignaroli por presunto mal desempeño.
¿La reforma lo cubre o lo expone más aún?
El jury tenía prevista una reunión para el jueves 8 pero me comentaron que se suspenderá, otra vez por viajes de jurados. Para mi gusto están tardando demasiado en tomar una decisión y eso no es bueno para nadie.
Cuando en 2001 el TSJ de entonces (tan apacible, lo vemos ahora) aprobó la creación de las fiscalías especializadas, ya se veía su talón de Aquiles: quien copara la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública tendría la llave para manejar los expedientes que le interesan al gobierno.
Lo que nunca se pensó es que vendría una época como la que vino, cuyos resultados podemos ver hoy: ninguna condena por cometer delitos contra o desde el Estado en años, y un puñado de fiscales adjuntos inexpertos (cuando no familiares de funcionarios del Ejecutivo) manejando las investigaciones.
En los años cuyas secuelas perduran, a investigaciones profundas y serias, como por ejemplo la de los créditos del Iadep (que si son para los amigos, mejor), las dejaron morir.
La investigación del Iadep, realizado por la ex fiscal adjunta Cristina Beute (hoy brilla en el fuero federal) fue revisitado hace poco por algunos de los nuevos vocales que, según se dice, están enterándose de lo que pasó como si recién hubieran desembarcado en la provincia (a mí me cuesta creerlo).
Otra fiscalía que cae por su propia inoperancia es la de Delitos Complejos cuya titular, Gloria Lucero, fue una de las que quedó atrapada en la grieta del tiempo que le impidió asumir como jueza (cuando nació el Consejo de la Magistratura).
Lucero es la que quiso iniciar una causa contra los docentes por daños provocados a la casa de gobierno y por privación ilegítima de la libertad en perjuicio de un grupo de policías encerrado en Roca y Rioja horas después del asesinato de Fuentealba.
También le tocó (en sus inicios) la causa Fuentealba II pero fue desplazada cuando trascendieron los escasos avances obtenidos.
Otra de sus actuaciones destacadas fue cuando intentó identificar a los alumnos que tomaron el Consejo Provincial de Educación, en su mayoría menores de edad.
Lucero tenía a su cargo otra causa no menos resonante: la zona liberada. En una licencia suya la subrogó Sandra González Taboada quien rápidamente se dio cuenta de que al expediente le faltaba una sola cosa: pedir la indagatoria de Sobisch. Y lo hizo.
No pude actualizar la información pero si no la cambiaron, hoy es la fiscal de la causa de la cámara oculta.
Estos son apenas algunos apuntes de la larga y agitada historia de las fiscalías en los últimos años. ¿Vendrá una nueva etapa?
Si algo quedó afuera no se preocupen, intuyo que algunos la completarán con generosos datos. Y si no, siempre hay tiempo de volver al tema.
