02 » Mar 2024
Diario Río Negro
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Guillermo Berto
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  15 » May 2008
Las cuentas de la Justicia
  Ya fue dicho: los candidatos a vocales del Tribunal Superior de Justicia que proponga el gobernador Sapag deberían explicar qué van a hacer con el Poder Judicial a cuya conducción accederán. Y en ese contexto sería saludable que asumieran el compromiso de realizar una auditoría en las cuentas de la justicia desde 2004 hasta la fecha. Que revisen las licitaciones (por ejemplo la de la Ciudad Judicial), las compras directas y otros gastos. Así, los rumores se terminarían o se convertirían en denuncias concretas, pero en cualquier caso dejarían de circular como sucede ahora.
(G.B.)
 
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  09 » May 2008
La Defensoría del Niño colapsada
  Casi desde su creación la Defensoría del Niño viene siendo objeto de acciones que en algunos casos parecieron directamente sabotajes. La embestida más directa y desembozada fue en 2004 con Luis Manganaro en el ministerio de Seguridad y su delirante proyecto para reemplazar a la ley 2.302 por otra que le armó un grupo de teóricos vinculados con Mauricio Macri y que contemplaba que un menor podía ser detenido si lo perseguía un clamor público.

Todavía se recuerdan las 11 horas continuas de exposición del ministro en la Legislatura, trasmitidas en directo por la radio AM de mayor audiencia. Así, la población que siguió el audio se enteró de los detalles de la violación de una niña porque Manganaro leyó el expediente que le pasó al efecto el fiscal Santiago Terán.

Cuando la defensora del Niño Nara Osés alzó la voz la mandó a callar Roberto Fernández, entonces poderoso vocal del Tribunal Superior. Sí, el mismo que dos años después salió a defenderla de otro ataque.

Esa segunda embestida tuvo la forma de resolución de una sala de la Cámara Civil integrada por Federico Gigena Basombrío, el mismo que hoy integra el Consejo Provincial de la Niñez en representación del Poder Judicial (el otro es Tomás Gavernet).

Si Fernández salió a defender a Nara Osés fue porque creyó ver detrás de toda la jugada la mano de Ricardo Kohon y Felipe Cía, sus enemigos internos. En la resistencia jugaron también dos funcionarias que aún hoy están castigadas: la entonces auditora Ana Parodi y Patricia Clérici.

Ahora otra vez la defensoría está colapsada y todos miran para otro lado. El Tribunal, que no dejó nunca de designar adjuntos -hasta que lo paró un fallo de la Cámara de Apelaciones- mantuvo la desproporción entre los juzgados de Familia y la Defensoría. Y eso a pesar de que el año pasado supuestamente reconoció el problema y mandó crear dos nuevas Defensorías.

Pero esos cargos no fueron cubiertos por el Consejo de la Magistratura, que parece tener otras urgencias. Si Nara Osés fuera hoy a reclamar a ese organismo, se encontraría en la presidencia con Felipe Cía.

Lo extraño es que, como señala Nara Osés, la gente valora el servicio que le presta la Defensoría. Hasta podría ser un camino para empezar a reconstruir la dañada credibilidad en la Justicia. ¿Por qué entonces tan bajo interés del propio Poder Judicial? (G.B.)
 
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  07 » May 2008
Ascenso para Romero
  El 16 de abril pasado el Tribunal Superior de Justicia dispuso una reorganización del Área de Psiquiatría Forense y designó como jefe a Oscar Alfredo Isidro Romero.

Llamó la atención el momento elegido para nombrar a Romero como jefe de un sector cuya reorganización venía conversándose desde hacía tiempo.

Sucede que este psiquiatra es el que firmó el certificado médico del camarista Héctor Rimaro diagnosticándole un trastorno adaptativo.

Rimaro declaró en el juicio político contra Eduardo Badano que Romero lo entrevistó durante apenas diez minutos, miró el reloj, le comentó que estaba apurado porque debía viajar a Europa y le extendió el certificado de la discordia. Para el camarista, pudo ser parte de una maniobra para sacarlo de la causa Fuentealba II. Bueno, no lo dijo expresamente, pero aportó algunos indicios como para que los diputados de la comisión investigadora hagan un esfuerzo y lleguen a esa conclusión.

Aunque los entretelones del caso se están revisando en tres instancias (una administrativa, una penal, y el juicio político) el TSJ avanzó con la designación de Romero al frente del Área de Psiquiatría Forense.

La explicación que circula es que había apuro por terminar de una vez con una situación de roces dentro del gabinete forense entre los psiquiatras y el médico Carlos Losada, jefe del Cuerpo Médico Forense.

La otra versión es que después del escándalo por el fallo contra un ex policía que embarazó a una menor, aumentaron los reclamos de los jueces para que las herramientas disponibles para investigar abusos sexuales (y en especial, la Cámara Gesell) sean mejor utilizadas.

En definitiva, se comenta que la decisión estaba tomada desde antes y que no se tuvo en cuenta la oportunidad. Traducido: no fue intención del Tribunal premiar a Romero con un ascenso en pleno trámite del juicio político en el que aparece como pieza clave.

Pero en los hechos, así sucedió. (G.B.)
 
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  07 » May 2008
El jury a Taiana
  Hoy miércoles quedará formalmente integrado el Jurado de Enjuiciamiento que analizará el caso de la jueza laboral Elizabeth Rivero de Taiana. En representación del desmantelado Tribunal Superior de Justicia estarán tres subrogantes: Tomás Gavernet, defensor del TSJ; Luis María Fernández, juez de la Cámara Criminal Primera, y Daniel Varessio, juez de la Cámara Provincial de Apelaciones.
Rivero de Taiana, la jueza a la que todos recuerdan por haber declarado el lock out de Zanon, fue denunciada por el gremio judicial Sejun. En uno de sus párrafos la presentación dice: "Que los hechos que motivan la presente denuncia vienen reiterándose de manera continuada y sistemática desde principios de la década del noventa y consisten en el ejercicio insoportable de violencia laboral, autoritarismo y toda clase de irregularidades en el ejercicio de la función de magistratura por parte de la denunciada".
En los últimos tiempos Sejun ha denunciado a otros magistrados por motivos similares. Los casos más conocidos son los de la jueza civil de Chos Malal, Graciela Rossi, y el del camarista civil Federico Gigena Basombrío. Pero sólo el caso de Rivero de Taiana avanzó hasta esta instancia. (G.B.)
 
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  06 » May 2008
El caso Parodi
 

El post anterior derivó en un interesante aporte de los lectores sobre Ana Claudia Parodi. Trataremos de acercar algunos datos más porque, como siempre sucede, resulta interesante comprobar los nombres que surgen apenas se revisa un poco el archivo.

Parodi fue durante siete años jueza laboral. El quiebre en su historia lo tuvo en diciembre de 2004, cuando aterrizó en su despacho un recurso de amparo de Ricardo Mendaña que por aquella época intentaba frenar el jurado de enjuiciamiento en su contra.

Mendaña tenía grandes esperanzas de que la resolución saliera a su favor pero Parodi le hizo lugar sólo parcialmente. Allí, se dice, comenzó su contacto con el vocal Roberto Fernández, presidente del jury.

Justo un año más tarde Parodi se presentó como candidata a camarista civil. Regía por entonces el antiguo método de selección de magistrados, con consejo asesor. Votaron en su favor, entre otros, los vocales Ricardo Kohon y Felipe Cía. Ya se verá que este dato no es menor.

Parodi quedó entre las más votadas, junto con María Julia Barrese. Pero los que ganaron los puestos en la Cámara fueron dos que, en la previa, aparecían muy atrás en el "orden de mérito": Fernando Ghisini, ex asesor de Luis Manganaro, y Marcelo Medori, ex apoderado del partido justicialista, en el que milita(ba) Kohon.

El futuro le reservaba a Parodi otro lugar: la Auditoría General, creada a instancias de Roberto Fernández. La designaron en ese cargo en forma directa el 3 de marzo de 2006, podría decirse que minutos antes de que el Tribunal Superior de Justicia perdiera la atribución de hacer esos nombramientos a manos del Consejo de la Magistratura, reforma constitucional mediante.

Tuvo dos auditores adjuntos: Alfredo Elosú Larumbe, hoy en el juzgado de Instrucción 6, y Ximena Verdugo, quien sigue a cargo de la Auditoría. Es la misma mencionada en el correo electrónico por el arrepentido Darío Armesto (ver apenas unos post más abajo).

El escándalo estalló en octubre de 2006 y la historia es bastante conocida: un fallo recargó de trabajo a la defensoría del Niño, Parodi hizo una auditoría favorable a la defensora Nara Osés (también declaró a su favor Patricia Clérici, otra castigada), también se metió con los juzgados de Junín de los Andes, y le cortaron la carrera.

Fernández está convencido de que detrás de todo estuvo la mano de Ricardo Kohon y Felipe Cía, quienes desde entonces se convirtieron en sus grandes enemigos internos.

Parodi quedó en medio de un fuego cruzado. Y de una guerra sucia: circuló un mail donde se mencionaba que su relación con Fernández iba más allá de lo profesional por lo que ambos hicieron la denuncia y se constituyeron en querellantes patrocinados por Oscar Pandolfi.

Ese mismo octubre la desplazaron del cargo. Y también ese mes, 49 personas recibieron un sobre anónimo que contenía el resultado de una pericia psicológica que años atrás le habían hecho a Felipe Cía.

Parodi y su marido fueron acusados de distribuir esa pericia. Un sábado, el fiscal Pablo Vignaroli allanó la vivienda de la ya ex auditora con una orden firmada por el juez Cristian Piana. La funcionaria convocó para su defensa a Mariano Mansilla y Carlos Moraña, éste último antiguo socio de Fernández cuando ambos ejercían la profesión en Cutral Co.

El escándalo fue de tal magnitud que hasta el obispo Marcelo Melani les pidió mesura a los vocales, mientras en la Legislatura la oposición hizo el vano intento de investigar el asunto. Con la delicada prosa que caracterizó al sobischismo, los paró en seco Manuel Gschwind: "no nos podemos prender de los puteríos", dijo en plena sesión.

A Parodi la sobreseyeron de la imputación de distribuir los sobres con la pericia de Cía pero sus problemas no terminaron: en mayo de 2007 le entraron a robar a la casa. Moraña lo vinculó con todos los episodios anteriores.

Después de tantos disgustos, que incluso le provocaron serios trastornos de salud, recaló como relatora de Roberto Fernández en el TSJ. Su protector ya no está pero se habría garantizado antes de irse que no la sigan molestando.

A mi criterio, Parodi fue víctima de una persecución pero a diferencia de tantos otros, su caso sólo refleja disputas de poder palaciegas acotadas a los personajes que habitan y habitaron en el Tribunal Superior de Justicia. (G.B.)
 
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  04 » May 2008
Desplazadas
  Una de las postulantes a ocupar un cargo de juez en la Cámara de San Martín de los Andes es María Julia Barrese. Ya en 2004 contamos cómo fue desplazada de la secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de Justicia por el grupo de vocales sobischistas que ahora está siendo a su vez desalojado. No viene mal recordar ese episodio porque tuvo protagonismo Eduardo Badano, quien fue el encargado de pedirle a Barrese que no se resista y le aconsejó que pensara en sus hijos.
Otra que en aquella época dorada de Sommariva-Fernández-Badano fue invitada a retirarse resultó ser Patricia Clérici, quien a diferencia de Barrese, estuvo citada como testigo por la comisión investigadora del juicio político y pudo contar los recuerdos que atesora de aquel 2004 (no la perdonaron nunca: fue la que recibió un cero como calificación en un concurso del Consejo de la Magistratura; otro dato a tener en cuenta para cuando llegue el turno de la evaluación de Barrese).
De la secretaría de Demandas Originarias, Barrese fue a parar a la defensoría del TSJ; Clérici pasó de la secretaría de Superintendencia a la mesa de entradas de los juzgados de familia. Puestos de inferior jerarquía para dos funcionarias de amplia trayectoria y gran capacidad a las que no les sirve de consuelo que les hayan mantenido el sueldo.
Desde el grupo de ocupación, la evaluación fue distinta. A Roberto Fernández se lo escuchó decir más de una vez que "yo saqué de su lugar a mucha gente, pero a todos les dí entierros de lujo". Gran definición. (G.B.)
 
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  28 » Apr 2008
Miedos y presiones
  La primera señal la dio el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo: “Hoy no están dadas las condiciones para procesar a un funcionario en actividad”, dijo al diario La Nación.
Su declaración cosechó apoyos y rechazos.
Para cuando Recondo hizo sus declaraciones, la Asociación de Magistrados de Neuquén ya había tenido su fin de semana de retiro espiritual en el cual llegó a conclusiones parecidas, que recién se hicieron públicas el viernes pasado. Le pegaron duro a un Tribunal Superior de Justicia desmantelado ya casi por completo, hicieron una tibia autocrítica por no haber hablado antes, y admitieron que hay magistrados y funcionarios que tienen miedo y que son permeables a las presiones.
Ni Recondo ni los magistrados neuquinos mencionaron una categoría de jueces y fiscales que floreció en los últimos años (en el caso neuquino, desde 2004) y que hoy busca cambiar su perfil: aquellos que respondieron con entusiasmo a los deseos del gobierno. Quizá no en todos los casos hayan habido llamados telefónicos o reuniones para pedirles que fallaran de una u otra manera, quizá con algunos ni lo necesitaron.
Pero existe la sensación generalizada de que armar causas y sentencias como lo cuenta Armesto apenas unos post más abajo fue una práctica extendida. Con esos magistrados y funcionarios no se puede construir la justicia que queremos. (G.B.)
 
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