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Diario Río Negro
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  13 » Jul 2008
Presiones visibles...
 

Los jueces reciben presiones. De todo tipo, todo el tiempo. Si existiera un medidor de la afectación de la independencia, ¿cuáles serían las presiones más “eficaces”?

Algunos usuarios de este blog dejaron mensajes críticos hacia la manifestación docente en la puerta de la vieja Legislatura durante el juicio por el caso Fuentealba. Creen que esa presencia influyó en el ánimo de los jueces y les impidió ser totalmente independientes para juzgar al cabo primero José Darío Poblete.

Argumentos similares se han planteado en otras ocasiones, generalmente vinculadas con hechos de amplia repercusión política.

Se pueden conseguir sin demasiado esfuerzo ejemplos de movilizaciones que en apariencia no han servido para nada porque los jueces fallaron contra lo que pedían los manifestantes, y otros en los cuales la sentencia coincidió con las expectativas del grupo que reclamaba.

Quizá lo novedoso en el caso Fuentealba es que se mencionó una supuesta afectación a la independencia en la etapa más pública del proceso y más sujeta al control ciudadano. Lo frecuente es que las sospechas se instalan durante la instrucción, período muy poco transparente en el cual sólo las partes tienen acceso a lo que está sucediendo en el expediente.

El tema es amplio, complejo, y se puede abordar desde muchos lugares. Nunca nos vamos a poner de acuerdo ni lo vamos a agotar. Si este post sirve para reabrir el debate, mejor.

Como primer punto, las manifestaciones de este tipo son una realidad instalada. No es deseable que un juez tenga que resolver con el tronar de bombos en la puerta de su despacho (para usar una imagen fácilmente reconocible por todos), pero en los hechos sucede, y cada vez más.

También habría que preguntarse cómo llegó la Justicia a colocarse en esa situación. Es decir, por qué hay tantas sospechas de que ningún juez es verdaderamente independiente y que sólo bajo presión hará “justicia”.

En segundo lugar, no todas las personalidades son iguales. Tener una manifestación en la puerta puede amedrentar a unos y templar el ánimo de otros. Si no, bastaría con reunir un grupo de personas para lograr que el fallo o la resolución salgan de determinada manera y hay ejemplos, decía, que lo desmienten.

Por lo mismo, hay jueces que desde la íntima convicción resolverían de determinada manera, pero ajustados a derecho lo hacen de otra aunque saben que no van a convertirse en los más populares sino, a veces, todo lo contrario.

Tercero, me pregunto cómo afecta en concreto una manifestación la conducta que debe presumirse independiente de un magistrado. ¿De qué manera le perturba el ánimo y le quita independencia? ¿Le genera temor a una agresión física? ¿A un escrache? ¿Al escrutinio de su trabajo? Sin desconocer lo molesta que pueda resultar una manifestación –masiva o no- en la puerta del trabajo, me gustaría conocer mejor de qué manera real, concreta y efectiva le quita independencia.

Y lo planteo así porque hay otras presiones que reciben los jueces, más solapadas, de las que se habla bastante menos, y que les pueden traer consecuencias tan o más relevantes.

De eso trata el siguiente post.
(G.B.)
 
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  13 » Jul 2008
...e invisibles
  Con todo lo criticable que pueda resultar para algunos como modalidad de protesta o de presión, una marcha o movilización se anuncia en los medios de comunicación. Todos saben que tal día y a tal hora se concentrará un grupo de personas para pedir algo determinado a una persona perfectamente individualizada.

En cambio, nunca se anuncian ni publican los llamados telefónicos (para usar otra imagen convencional) ni las visitas que reciben los jueces, a veces en sus despachos y sin que esté presente la contraparte. Aunque no lo reconozcan jamás públicamente, entre otros motivos porque se verían en la obligación de hacer la denuncia, esto sucede.

También han existido casos de ministros que se han instalado en el despacho del juez y, en los hechos, han conducido investigaciones sin que eso provocara ningún debate sobre la afectación a la independencia del magistrado. Todo lo contrario, se lo ha tomado como una elogiable preocupación del gobierno por el resultado de una causa judicial.

El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni reconoció con sinceridad en una entrevista: “Siempre que hay casos vinculados con el poder nos llaman. Se acerca alguien en el vestuario del club y nos pide que el abogado del investigado nos vaya a ver. Suena el teléfono y algún amigo dice del funcionario investigado "es un buen muchacho". Nos pasa desde hace décadas. Lo que hay que hacer es escuchar, poner cara de poker y luego resolver a conciencia y de acuerdo a derecho. Si nos asustamos a la primera llamada de esas nos tenemos que ir".

Como hemos dicho, no todos reaccionan de la misma manera.

También existe la autocensura. Hay magistrados y funcionarios que, atentos a las señales que emiten determinados grupos de poder, hacen o dejan de hacer aunque nunca reciban el mentado telefonazo.

Y si una manifestación les despierta, supongamos, temor a una agresión física, un llamado telefónico puede sugerirles que el fin de su carrera está próximo. O que se viene un ascenso.

¿Qué dicen los propios jueces de esta situación?

En abril, los miembros de la Asociación de Magistrados tuvieron un encuentro en el cual debatieron, entre otros temas, el de la independencia. La declaración que se dio a conocer públicamente menciona:

"También afectan la independencia del Juez las presiones externas, sean políticas, gremiales, de la prensa y/o de otras organizaciones. Se coincidió en que hay operadores del sistema que resisten satisfactoriamente tales presiones, en tanto otros se presentan como vulnerables ante ciertas presiones".

Como se puede ver, identifican los orígenes posibles de las presiones y algunas de las consecuencias que les generan.

Pero más adelante sobre el mismo tema la declaración expresa:

"Existió absoluta coincidencia en que el actual Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, no ha cumplido con el rol de poder moderador o contrapeso de los otros poderes del Estado, mostrando una marcada dependencia del Poder Ejecutivo en cuanto a las decisiones tomadas, con la consecuente afectación de la independencia del poder judicial.

"Existen varios hechos a tomar en cuenta para acreditar esta afirmación, pero la principal tiene que ver con la sistemática orientación de los acuerdos del TSJ, que obstaculizaron prácticamente todas las investigaciones que, a principios de 2004, se relacionaban con hechos de corrupción administrativa y enriquecimientos ilícitos atribuidos a funcionarios del ejecutivo o allegados.

"Solamente algunas de las medidas adoptadas fueron: el traslado y reemplazo de funcionarios y empleados que se desempeñaban en la Agencia Fiscal para Delitos contra la Administración Pública (DAP), las designaciones realizadas en el Gabinete Técnico Contable, el desmantelamiento del Servicio de Investigaciones de Fiscalía (SIF) y la reglamentación de los plazos de investigaciones preliminares fiscales. Todo esto hizo que, a partir de allí, prácticamente desaparecieran las investigaciones en delitos contra la administración pública, con contenido patrimonial, en la ciudad de Neuquén.

"En la misma dirección, estuvo orientada la decisión de elevar el número de fiscalías de Cámara de dos a seis.

"También atentó contra la independencia del Poder Judicial, el traslado compulsivo de funcionarios con dilatada y reconocida experiencia, hacia otras dependencias del poder judicial que tenían poca significación.

"Se coincidió también en que faltó, desde los funcionarios y magistrados del poder judicial, una posición mas crítica hacia los continuos y sistemáticos signos, emitidos desde el Tribunal Superior, que no perseguían, precisamente, el respeto a la independencia del poder judicial”.

En concreto, todas esas negativas consecuencias para su independencia que mencionan los propios magistrados fueron generadas a partir de las presiones "invisibles".

Los gremios, las organizaciones sociales, podrán reunir miles de personas en la calle, pero no trasladan funcionarios, ni bloquean investigaciones, ni desarman equipos de investigación ni generan ese temor -implícito en todo el texto de la declaración de la Asociación de Magistrados- a perder el trabajo o a que le hagan insoportable la vida como a más de uno le ha sucedido.
(G.B.)
 
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  02 » Jun 2008
Decreto 590
  El decreto llamado de autolimitación en formato pdf puede bajarse haciendo click acá.  
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  02 » Jun 2008
Adelantos II
  Update del post anterior, que no responderá a las preguntas pero... es lo que hay (por ahora). A Ivonne San Martín la designaron jueza civil en octubre de 2005, la nota que publicó el diario en ese momento, haciendo click acá. El único antecedentes que conozco de ella es este fallo publicado en Neujus. Les recuerdo que su posible designación es sólo una versión.
Otra: para los que pedían una copia del decreto de autolimitación, ya la conseguí y en el transcurso del día espero poder subirla al blog.
 
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  02 » Jun 2008
Adelantos
  ¿De qué se habla por estas horas en el Poder Judicial neuquino?:
*Habrá presentaciones en oposición a la postulación de Guillermo Labate para el Tribunal Superior de Justicia.
*La sala acusadora presentará cargos contra Eduardo Badano pero sólo por el “caso Mendaña” y desestimará el “caso Rimaro”.
*La segunda candidata a vocal del Tribunal Superior podría ser la jueza civil de Zapala, Ivonne Victoria San Martín Villablanca.
(G.B.)
 
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  31 » May 2008
La ronda de las subrogancias II
  • Es notable que 16 camaristas se excusen de intervenir en un juicio: el de los 28 policías acusados de torturas (se la conoce como la causa "Zárate y otros"). La Cámara Criminal Segunda -que debía hacer el juicio- la Primera, la de Apelaciones y la Civil se apartaron, con diferentes argumentos. El expediente aterrizó por segunda vez en el Tribunal Superior de Justicia para que resuelva y ahí se encuentra en este momento.

• Cuando la Cámara Primera sorteó un camarista civil para integrarse a la causa "Poblete", otro juicio de trascendencia, la Cámara Civil en pleno le respondió que no correspondía.
Hubo cuestionamientos a ese acuerdo administrativo. Se dijo que Fernando Ghisini, el que salió sorteado, debía contestar en forma individual y no colectiva. Los civiles argumentan que detenerse en ese detalle es quedarse en las formas.

(Nota al pie I: También circularon rumores de que Ghisini quería participar del juicio por el asesinato de Fuentealba. Se habló de un "operativo blanqueo". Sin embargo algunos camaristas dicen que Ghisini era el más apurado en conseguir un rechazo a su integración a la Cámara Primera).

(Nota al pie II: El acuerdo administrativo incluye una crítica a la ausencia de una política judicial racional, que recogimos en otro post que puede leerse más abajo. No faltó quien se preguntara dónde estaba Ghisini -uno de los firmantes- cuando se hizo ese diseño, y se contestara: era asesor de Luis Manganaro en el ministerio de Seguridad, que tuvo mucha injerencia en el Poder Judicial en el período 2004/05. Quizá de ahí nació la versión del "operativo blanqueo").

• Se hayan respetado o no las formas y los fondos por parte de la Cámara Civil, el Tribunal Superior de Justicia se hizo cargo (ahí sí que hubo "blanqueo") y para decirlo sintéticamente, les dio la razón a los camaristas civiles.
Toda esta larga introducción es, en realidad, para decir una sola cosa: hay que cambiar como mínimo el artículo 40 de la ley orgánica del Poder Judicial, el que se refiere a las subrogancias.

Estos días quedó demostrado que se puede llenar al Poder Judicial de magistrados y funcionarios, en todos los niveles, y así y todo seguir sin las herramientas indispensables para cumplir de manera eficaz con la tarea esencial que le compete a la Justicia como poder del Estado.

También debe decirse que resulta alentador que haya tantos magistrados dispuestos a hacer cumplir la rajatabla la garantía del juez imparcial. Hace poco tiempo no era tan fácil encontrarlos.

Y lo bueno que tuvo todo este proceso es que fue público. Oficialmente público. Cada día, la oficina de prensa del TSJ fue entregando a los medios copias completas de las resoluciones y acuerdos. Ojalá siga así.
(G.B.)
 
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  24 » May 2008
La política judicial
 

Ya se habrán enterado por el diario (y por el breve post anterior): los camaristas civiles de Neuquén capital entienden que no les corresponde subrogar a sus colegas penales.

La reunión de los civiles se hizo bajo la presidencia de Enrique Videla Sánchez y cuestiona que los presidentes de las cámaras penales Luis Fernández y Héctor Dedominichi hayan hecho una lectura del procedimiento de subrogancias que "adolece del rigor jurídico necesario".

Pero de la fundamentada decisión que hicieron pública el viernes me interesa rescatar estos dos párrafos:

"La Primera Circunscripción Judicial tiene una particularidad que creemos no se reitera en ningún otra estructura judicial del país, cual es que el número de funcionarios de Ministerio Público de Alzada, fiscales y defensores, iguala al de vocales de las Cámaras de juicio penal. En las otras Circunscripciones de nuestra provincia que cuentan con Cámaras, la situación se evidencia similar a cualquier otra del país, con un Fiscal y un Defensor de Alzada por cada Cámara".

"Esa notoria particularidad, cuyo origen en materia de política judicial no comprendemos, porque sencillamente desconocemos cuál fue, no puede dejar de tener incidencia en el caso que nos ocupa, pues no se puede ser sordo y ciego frente a la realidad de que un tribunal colegiado de juicio tiene, como es de toda lógica, una limitada posibilidad de abordar juicios, porque está constreñido por el tiempo, por lo cual no encuentra sentido la existencia de tantos funcionarios en los Ministerios Públicos".

Sin ingenuidad, los camaristas civiles apuntaron la falta de política judicial racional que caracterizó los primeros tiempos del trío Fernández-Sommariva-Badano en el Tribunal Superior de Justicia. En 2004, apenas arribados, promovieron la sanción de la ley 2475 que creó una enorme cantidad de nuevos organismos judiciales.

Ambicioso, Sommariva dijo entonces que planificaban "una justicia de aquí al 2015 ó 2020" (quizá se pensaba quedar hasta esa fecha).

Siempre se dijo que ese reparto a manos llenas de organismos (en total 22) y cargos (156) no respondía a ninguna planificación seria sino a la necesidad de ubicar amigos en puestos expectantes. Algo cosecha Convocatoria Neuquina en el pedido de juicio político que presentó (y le fue rechazado).

Dice en uno de sus párrafos: "El 30 de diciembre de 2004 el TSJ aprobó la designación de seis funcionarios judiciales para cubrir los cargos de Defensor de Cámara y Fiscal de Cámara, creados por la ley 2475. Estos ascensos beneficiaron, entre otros, a tres funcionarios cuya idoneidad para el ascenso resultaba altamente objetable, ya sea por exhibir -dos de ellos- en sus antecedentes curriculares comportamientos incompatibles con la función judicial, como por haber desplegado -dentro de la función desempeñada en el Poder Judicial- conductas impropias de la función en franca colaboración con los intereses del gobierno de Jorge Omar Sobisch".

Pero volvamos a leer la crítica de los camaristas civiles desde la perspectiva del juicio político contra Badano.

Ya están probadas las reuniones que Sommariva, Fernández y él mantuvieron con el diputado Oscar Gutiérrez y el asesor General de la Gobernación, Jorge Brillo, en los días previos a la presentación del pedido de jurado de enjuiciamiento contra Ricardo Mendaña.

¿Qué dice Badano de esas reuniones? Declaró ante la comisión investigadora: "El Poder Judicial en el año 2004 sufrió un cambio, entendemos profundo: pretendimos llegar a más lugares de la provincia y donde ya estaba el Poder Judicial, llegar con más organismos judiciales. Esto provocó un enorme impacto dentro del Poder Judicial, impacto medible, tanto en estructura como en infraestructura, como en el presupuesto y en los cargos que debían cubrirse (...) Si en alguna reunión he participado, fue a los fines de discutir cómo debía llegar el mapa judicial a la provincia y cómo presupuestariamente podíamos hacer frente a tal inversión".

Ahora los camaristas civiles embisten de lleno contra tal argumento. "No comprendemos" la política judicial; "desconocemos cuál fue"; pero sólo "ciegos y sordos" pueden ignorar que resultó desproporcionada la creación de organismos en determinadas áreas para satisfacer necesidades que no existían ni nada indicaba que existirían en el futuro.
(G.B.)
 
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  22 » May 2008
Laberinto
  Un extraño recorrido siguió una causa contra dos policías en la IV Circunscripción Judicial.

La historia es así: en noviembre de 2004, un policía de la comisaría de Piedra del Águila fue acusado de apremios ilegales contra un menor de edad. El fiscal de Junín, Manuel González, instó el sobreseimiento. El juez no coincidió y envió el expediente al fiscal de Cámara de Zapala, Héctor Trova, quien solicitó medidas de investigación.

El juez ordena las medidas e indaga a otro policía. En su momento, el fiscal adjunto Jorge Criado (en reemplazo de González) presenta la acusación por los apremios contra uno de los policías, anticipa que pedirá en el juicio oral una pena superior a los tres años de prisión y solicita que la causa sea elevada para el debate a la Cámara de Zapala. Al otro agente imputado ni lo menciona en su requerimiento.

En febrero de 2007, el juez Federico Sommer advierte la omisión y le devuelve el expediente a Criado para que la salve. Pero Criado le recuerda al juez que para resolver la situación del segundo policía faltan algunas medidas de investigación indicadas por el fiscal Héctor Trova, a quien la causa había ido en consulta.

Al mes siguiente, Sommer dice que todas las medidas probatorias están concluidas. Entonces le pasa el expediente al fiscal de Cámara para que se expida sobre si la causa está en condiciones de ser elevada a juicio (lo que en la jerga se llama "el 311").

Pero, y aquí la primera sorpresa, Sommer no se la envía a Criado ni al fiscal Trova -quien la tuvo antes en consulta- sino a Fernando Rubio, fiscal de la aún inexistente Cámara de San Martín de los Andes.

Rubio la recibe y a los pocos días emite su dictamen donde hay otra sorpresa: hay que imputar también al segundo policía, pero anticipa que en el juicio pedirá una pena que no superará los tres años de prisión, por lo que el expediente debe pasar al juzgado correccional.

¿Cómo termina la historia? Sommer le hace caso a Rubio, clausura la instrucción con los dos policías como imputados y eleva la causa a juicio correccional, el 29 de marzo de 2007.

El debate oral aún no se realizó.
(G.B.)
 
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