Los funcionarios suelen evitar el llamado de las cosas por su nombre, y los periodistas y redactores también utilizan eufemismos en las noticias. Esto nos priva de debatir los asuntos públicos sin máscaras.
Todos los gobiernos del MPN han tenido su momento de represión, larga tradición que aún se mantiene.
Para tomar un punto de partida: La policía de Felipe Sapag fue la responsable en 1997 del asesinato aún impune de Teresa Rodríguez en la pueblada de Cutral Co.
Vino después el largo reinado de Jorge Sobisch inaugurado con un discurso de diálogo. Pero su gobierno 1999-2003 terminó con la brutal represión del 25 de noviembre de 2003 en el Ruca Che en la cual perdió un ojo Pedro Alveal (recién ahora se someterá a juicio).
Ese día Sapag era vicegobernador. Según el diario de entonces, mandó a parar la represión.
Se dijo que para el período 2003/2007, para el cual fue reelecto, Sobisch tenía pensado ubicar en el ministerio de Seguridad a Alicia Comelli.
Sin embargo hizo una jugada que pareció desconcertante aunque muy clara respecto de sus objetivos: unió los ministerios de Seguridad con Trabajo y puso allí a uno de sus hombres de máxima confianza, Luis Manganaro.
Verán en el slide ubicado en este post una evocación del discurso de Manganaro del 6 de diciembre de 2004.
Ante casi medio millar de cadetes de policía recién recibidos avaló la mano dura contra la protesta social. Muchos ojos se perdieron por esa directiva, cuyos ecos siguieron resonando en el proyecto de ley del Niño (autorizaba a detener a los chicos que eran perseguidos por el clamor público) para terminar con el asesinato de Carlos Fuentealba, en el final del reinado sobischista.
Volvamos al 6 de diciembre de 2004: Ese día se anunció que habría un Plan Integral de Seguridad, el mentado PIS sobre el que Gadano tanto ha escrito, que costó 50 millones de dólares y que fue, dicen, inspirado por el ahora más visible Eugenio Burzaco.
También ese día recogió la crónica del diario la presencia de Jorge Sapag en ese acto ante los cadetes, pero visiblemente ubicado entre el público y lejos de los palcos. “No estoy en funciones”, se excusó.
Decíamos que Sobisch se despidió envuelto por el olor a pólvora y sangre de Arroyito. Sapag asumió en su lugar y otra vez escuchamos un discurso conciliador (“basta de enfrentamientos entre hermanos”), pero algo no cerraba: mantuvo como jefe de la Policía a un “duro” que había estado junto a todos los ministros de Seguridad de Sobisch formando parte del tan mentado, costoso y poco eficaz (a la luz de los resultados) PIS. Y nombró a un funcionario en Derechos Humanos pero sin escritorio ni teléfono ni computadora.
Ahora el círculo se ha cerrado. Una vez más un gobierno del MPN vuelve al discurso de la mano dura con un Segretario per la Sicurezza que lo primero que hizo fue pedirle al Poder Judicial que haga lo que el Poder Judicial, mal que bien, con sus propias limitaciones, viene haciendo.
(No siempre habrá resultados pero los trámites se satisfacen. “El sistema tiene vida propia”, escuché decir en una entrevista a una candidata a jueza. “En el Poder Judicial hay satisfacción por el trámite, no por el resultado”, me dijeron también).
Este repaso, digámoslo así, se satisface con el mero ejercicio de la memoria. Aunque no estaría completo si no superpusiéramos la historia de la represión con la historia de las políticas económicas cuyos efectos comenzaron a sentirse, con todo su rigor, más o menos para la época en que mataron a Teresa. Porque si no parecería que estuviéramos hablando de mano dura sí, mano dura no, cuando en realidad estamos hablando de otra cosa muy muy distinta.
Hace un tiempo me preguntaba en este post qué les pasa a los abogados que representan al Estado que pierden tantos juicios.
Hoy me encuentro con este comunicado de Ariel Kogan (diputado del PJ):
“La industrial del juicio desangra al Estado. El CPE, IPVU, ISSN concentran la mayor cantidad de fallos en contra.
“Más de 5 millones de pesos son los que se previeron en concepto de honorarios en el presupuesto de este año.
“Durante el debate del presupuesto en la Legislatura, el diputado Kogan reveló que las reservas presupuestarias para pagar los 101 juicios previstas en este presupuesto, alcanzan a $ 5.105.213,73 solamente en honorarios profesionales.
“El legislador explicó que “llamativamente, la mayoría de estos juicios corresponden a demandas llevadas adelante por unos pocos estudios jurídicos.
Kogan informó que “el Estado se desangra con la industria del juicio que tiene interesados adentro y afuera. Adentro, hay funcionarios que por incapacidad o adrede provocan situaciones para que el Estado sea demandado.
También adentro, la defensa jurídica del Estado, provoca estos alarmantes resultados. Mientras que afuera, hay abogados que encuentran un buen negocio en explotar estas situaciones, accionando contra el Estado”.
“Este es un tema muy complejo y pesado porque involucra millones de pesos con interesados dentro y fuera del Estado y la millonaria sangría que provoca a los dineros públicos queda oculta ante la sociedad”.
Hasta aquí el comunicado, que no menciona a ningún estudio jurídico pero es lo suficientemente transparente como para adivinar que se refiere al de un funcionario municipal.
Como decía Tato Bores: “si el juicio es de los amigos contra el Estado, siempre va a perder el Estado y van a ganar los amigos”
