Me entero por 8300 web que “el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Tribug, se comprometió a hacer pública la distribución de las causas en las fiscalías de la primera circunscripción. Se lo dijo a la ONG Convocatoria Neuquina, quien había expresado su temor ante un posible ‘borrón y cuenta nueva’ de las investigaciones”.
La idea que le acercaron a Jorge Sapag fue que si no se podía desalojar a los vocales designados por Sobisch y si ellos no renunciaban, había que marcar la diferencia de alguna manera, por ejemplo, elaborando una lista de conjueces de lujo que por contraste dejara en evidencia a la task force que ocupó espacios en 2004.
La historia fue por otros caminos, ese plan nunca se ejecutó y hoy tenemos una lista de conjueces cuya aprobación generó un interesante debate legislativo que podrán leer más abajo.
Todo este preámbulo viene a justificar el elemento noticioso que nunca debe faltar: el 13 de enero, el Tribunal Superior hará el primer sorteo público para elegir a un conjuez que intervendrá en la causa de las comunidades mapuches contra la provincia por la creación del municipio de Villa Pehuenia.
El sorteo es trascente por varios motivos: porque es el primero que se hace en público y no a puertas cerradas como antes; porque es el primero en el que entran en el bolillero conjueces que recibieron aucerdo legislativo (con todas las notas al pie que quieran agregarle); porque ese conjuez se sumará al Tribunal para participar de la primera audiencia pública sobre un tema de trascendencia.
Aquí la versión taquigráfica del debate en la Legislatura, del 9 de diciembre pasado. Click en fullscreen para verlo en pantalla completa.
Leo: La Corte firma convenio para filmar los juicios de lesa humanidad en todo el país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suscribió un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para filmar en todo el país los juicios orales sustanciados por delitos de lesa humanidad.
El INCAA, por medio de su Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) aportará la capacidad técnica de sus egresados y equipo de producción, de acuerdo a los requerimientos que formule la Corte.
El Convenio establece que “las imágenes logradas son de propiedad del Poder Judicial de la Nación. En ese sentido, el INCAA queda obligado a hacer entrega diariamente del material filmado en bruto al tribunal oral donde se sustancie el juicio.
El Convenio fue suscripto por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta del INCAA, Liliana Mazure.
Cuando la presidenta Cristina Fernández exhibió su recibo de sueldo comenté con mis contactos en Facebook y Twitter que era la primera vez que veía un recibo de sueldo de un presidente.
Al parecer no fui el único, y se produjo un intercambio de ideas sobre la necesidad de que los funcionarios de los tres poderes exhiban sus ingresos ya que es información pública que debe estar sujeta al control ciudadano.
Una cosa trae la otra, se me ocurrió proponer que alguien creara el grupo en FB, alguien tomó la posta y desde hoy el grupo está disponible.
Se llama Que los Gobernantes, Legisladores y Jueces muestren sus Recibos de Sueldo!! Y pueden sumarse aquí.
La reforma procesal chilena, que algunos miran desde aquí con admiración y hasta envidia, no se limita a cambiar y agilizar el trabajo de los tribunales: también prevé una estrategia de comunicación de la cual se pueden tomar algunas ideas.
Me enteré del tema a través de este blog, que es uno de mis contactos en Twitter.
Del post enlazado pueden descargar un acta de la Corte Suprema de Chile que regula (coordina, dicen ellos) el trabajo de prensa en juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal.
Rescato algunos párrafos de ese documento, colgado también al final del post:
“El acceso del usuario a las resoluciones judiciales y a los procedimientos que las afectan, así como la transparencia en la información que recibe la ciudadanía respecto de la forma como se aplica la justicia, son condiciones necesarias de la modernización del Poder Judicial”.
“La función jurisdiccional, con todas sus complejidades, debe ser conocida y reconocida dentro de la sociedad. En este sentido, el aporte de los medios de comunicación –con los riesgos que conlleva: desinformación, malas interpretaciones u opiniones sesgadas- siempre será importante como vínculo eficaz para relacionarse con la ciudadanía, destinataria principal de toda la acción de los tribunales”.
“La dirección de Comunicaciones preparará un programa de capacitación para periodistas, las que serán periódicas, breves e impartidas por jueces y que apuntarán a instruir a los profesionales de prensa en temas judiciales específicos”.
(Nota del bloguero: no vendría mal que los jueces tomen cursos de capacitación para conocer el trabajo de la prensa y asi, las necesidades de los periodistas).
“Antes de la Audiencia, un periodista de la dirección de Comunicaciones se conectará con el magistrado responsable de dirigir la audiencia para informarle que en su turno hay una causa que genera interés de los medios de comunicación y proponerle su ingreso a la sala”.
“La dirección de Comunicaciones enviará un correo electrónico a los medios de comunicación informando la hora, lugar e integración del tribunal. Además, se incorporará la acusación fiscal para que los interesados lleguen con toda la información necesaria a la audiencia”.
(Nota del bloguero: saben lo que cuesta conseguir la radiografía de un caso en Neuquén, ¿no?)
“La Dirección de Comunicaciones redactará un comunicado con el contenido de las audiencias de interés de los medios de comunicación y/o interés institucional, el que será enviado a todos los medios de cobertura local y nacional si fuera necesario y publicado –en la mayoría de los casos- en la página web y en la intranet del Poder Judicial. Además, incorporará un extracto de audio con los fundamentos de la resolución”.
“El trabajo de la Dirección de Comunicación está destinado a otorgar a los medios de comunicación social la mayor cantidad de herramientas para que sus periodistas elaboren noticias relativas a audiencias, de manera tal que las publicaciones sean los más fidedignas posibles”.
Una observación: este protocolo, manual, acta o como se la quiera llamar, parece haber sido elaborado atendiendo a algunas de las necesidades de los periodistas, no todas, y decididamente sin la participación de los periodistas.
Es decir: detrás de su tono democrático hay, en realidad, una concesión de un poder que se debe allanar lo más posible a la consideración pública.
Vuelve esta querida sección con algunas novedades.
Por ejemplo: Solicitan a la Corte Suprema que garantice la publicidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Organizaciones de la sociedad civil junto con asociaciones de periodistas y editores de medios de comunicación pidieron a la Corte Suprema que garantice el estricto cumplimiento de la Acordada que dispone el acceso de la prensa a los juicios orales, en particular para los procesos en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Click aquí.
Y de paso...
La Corte rechazó la demanda de un juez contra periodistas por el contenido de un nota. Revocó un fallo que había hecho lugar al reclamo del juez Jorge Brugo contra los periodistas Jorge Lanata y Marcelo Zlotogwiazda. Dijo que no puede haber responsabilidad por la crítica o la disidencia.
El lunes la Legislatura sesionó a partir de las 22:30. Fue una sesión especial para aprobar una ley que autorizará al Ejecutivo a endeudarse para construir viviendas.
Muchas veces se habla con sorna de los horarios de las reuniones legislativas; por ejemplo, cuando las acomodan a ciertos acontecimientos deportivos.
Pero la cuestión es más delicada, desde mi punto de vista, y tiene que ver una vez más con la transparencia y el control ciudadano de los actos de gobierno.
“Ningún proyecto de Ley desechado totalmente por la Cámara podrá volver a tratarse en las sesiones de ese año. Tampoco podrá ser tratado en el mismo día un proyecto en general y en particular” (el resaltado es mío).
El texto de este artículo viene sin cambios desde la Constitución de 1957, cuando tenía el número 106. En una leída rápida al diario de sesiones no encontré que haya sido debatido ni fundamentado, sólo dice que se aprobó sin objeciones.
Los diputados encontraron una trampa legal para eludir esta manda constitucional contenida en la segunda oración sin caer en la inconstitucionalidad: se reúnen poco antes de la medianoche para tratar un asunto en general, hacen un cuarto intermedio, y después de la medianoche lo aprueban en particular.
Nadie puede decir que le faltan el respeto a la letra de la ley, pero no hace falta convocar a un médium para darse cuenta de cuánto se burlan de su espíritu.
¿Lo hacen por comodidad, por practicidad?
Lo grave es que ese horario, entre gallos y medianoche podría decirse, atenta contra el interés ciudadano de asistir a las sesiones legislativas.
A mí me parece que con estas prácticas los diputados dan una muy mala imagen. Que mejoraría si las sesiones se hicieran, por ejemplo, para tratar en general a las 10 de la mañana y en particular al otro día a las 16.
Es decir: A la luz del día, cuando la gente puede ir a verlos deliberar si se le antoja o les interesa.
Ya sé que a esa hora suele haber reuniones de comisión, pero no me parece excusa.
