He aquí un caso poco frecuente. Esto dice un comunicado de prensa del Tribunal Superior de Justicia del 10 de octubre pasado:
"La Oficina de Prensa del TSJ informa que en el día de ayer, a pedido del fiscal Marcelo Jofré, el titular del Juzgado de Instrucción de Zapala, Dr. Oscar Domínguez ordenó que se intime a las personas que ocupan el Corralón Municipal de dicha localidad para que se retiren en un plazo de dos horas y que, vencido el mismo, se desaloje el edificio mediante la fuerza pública".
Desalojo es un término de uso poco frecuente en el Poder Judicial. La principal razón es que son muy peligrosos y pueden causar una muerte. Basta repasar la lista de víctimas fatales en distintas circunstancias pero con el denominador común del desalojo: Alberto Puelpán, Teresa Rodríguez, Rubén Arias, Raúl Pili, Carlos Fuentealba.
Por eso nadie se hace cargo de haber dado una orden de desalojo. Ni siquiera Jorge Sobisch, tan compadrito ante los medios de comunicación, se hizo responsable ante un Tribunal de haber mandado a desalojar Arroyito el 4 de abril de 2007.
Y los jueces, cuyas órdenes deben ser por escrito, se cuidan mucho antes de firmar algo así. Para decirlo con lenguaje llano, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Entonces empieza la calesita a la que los periodistas solemos subirnos: que está la orden, que no está la orden, que la policía no necesita la orden porque la ley orgánica bla, bla, bla... Obviamente nadie quiere asumir el costo político de disponer una medida tan impopular como riesgosa.
Cuando se registró el anterior enfrentamiento en la toma del barrio Confluencia, a mediados de setiembre, el ministro de Seguridad César Pérez le preguntó al juez de turno, que era Juan José Gago, qué pensaba hacer. Gago, cuyo pliego para ascender a camarista está en la Legislatura, camina con pies de plomo y miró para otro lado todo lo que pudo.
Por eso días después Pérez le tiró encima toda la presión para que procesara a Juan Hermosilla Soto, como está relatado algunos post más abajo. Le salió mal, porque Gago le respondió con dureza.
Ya que estamos: una sorpresa fue la resolución del juez Alfredo Elosu Larumbe, quien dictaminó que no se había cometido el delito de usurpación en la ocupación del predio de Confluencia. Como era de prever se le tiraron todos encima (hasta le pidieron un jurado de enjuiciamiento que no debería prosperar) y el fiscal Rómulo Patti, que apela todo lo que puede desde el célebre embarazo inter fémora, hizo eso, apeló.
Volviendo al comienzo, intuyo que después de la batalla campal en torno a la toma del barrio Confluencia y su insólito desenlace (tras 24 horas de enfrentamientos, los ocupantes volvieron al predio pero ahora autorizados) será más difícil todavía conseguir un juez que firme una orden de desalojo.
Y conste que los enfrentamientos no empezaron por dar cumplimiento a una orden de ese tipo, lo cual demuestra que cuando el poder político la habilita, la policía actúa sin necesidad de la dichosa directiva.
Todos saben, desde el sentido común, que la solución a las usurpaciones debe ser política. No tiene sentido judicializarlas.
En ese sentido, encontré este proyecto de ley que presentó Oscar Massei para introducir en el Código Penal los criterios de oportunidad.
Enumera una serie de casos en los cuales los fiscales "podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública".
El punto 4 contempla: "En los delitos de contenido patrimonial cometidos sin grave violencia física o intimidación sobre las personas (...)
Me pregunto: si se aprueba esta reforma, ¿los fiscales podrán elegir si persiguen o no el presunto delito de usurpación?
En los hechos lo que muchas veces se hace es demorar una decisión para dar tiempo al poder político a que encuentre una salida.
(G.B.)
La foto es de Agustín Martínez. Hay otras en el blog de Leo.
El lunes 20 comenzará el jurado de enjuiciamiento contra la jueza laboral Elisabet Cristina Rivero de Taiana.
Será en la Legislatura, lo presidirá Tomás Gavernet; el resto de los jurados son Luis Fernández, Daniel Varessio, Marcelo Inaudi, Darío Mattio, Rosalba Cruz Martínez y Omar Raimondo.
La acusación estará a cargo del fiscal de Cámara de Cutral Co Santiago Terán.
La lista de testigos ofrecida es muy extensa, supongo que no todos serán citados al juicio. Rivero de Taiana propuso mayoría de abogados, y Terán mayoría de empleados y a todos los jueces de la Cámara Civil.
Testigos ofrecidos por la jueza:
Eduardo Del Río.
Raúl Jafella.
Gastón Rambeaud.
Nerea Monte.
Carlos Müller.
Edgardo Mato.
María Gabriela Ávila de Farizano.
Rubén Yeri.
Vivian Granelli.
Alejandra Barroso.
María del Carmen Polla.
Nidia Povedano.
Sandra Vasilchin.
Sandra Hugo.
María Rodríguez.
Raúl Amigot.
Clemar González.
Alberto Avendaño.
Etel Fuertes.
Andrea Cornejo.
Mara Biorkman.
Testigos ofrecidos por la acusación:
María Sueldo.
Teresa Gómez.
Rolando Van Pierde.
Andrea Cornejo.
Norma Purrán.
Sandra Hugo.
Sandra Vasilchin.
Stella Venegas.
María Andrés.
Doris Solís.
Celia Gallardo.
José Ruiz.
Elio West.
Maricel Tallarico.
María Gazari.
Luis Trani.
María Polanco.
Yolanda Almendra.
Lidia Delfino.
Mercedes Godoy.
Ana Lía Zapperi.
Mónica Barrutia.
Marta Biorkman.
Miriam Jara.
Federico Gigena Basombrío.
Isolina Osti de Esquivel.
Lorenzo Waldemar García.
Enrique Videla Sánchez.
Luis Silva Zambrano.
Fernando Ghisini.
Marcelo Medori.
Roberto Rodríguez Bello.
Elsa Ríos.
Gabriela Mattioni.
Edgardo Cherbavaz.
Isabel Van Der Walt.
Alfredo Pollitzer.
Miguel Buteler.
Elisa Flores.
(G.B.)
Pero menos me gustan los ministros que les dicen a los jueces lo que deben hacer con esos conductores borrachos que provocan una tragedia porque falló la prevención.
En cierto punto, el cruce entre Juan Gago y César Pérez tuvo mucho de sobreactuación.
El juez exageró al decir que había existido una "intromisión grosera" del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. La expresión sonó demasiado pesada para el tema que se trataba.
Y el ministro exageró al intentar demostrarle a la sociedad la preocupación del gobierno por un tema que parece tener fuera de control: el tránsito.
Gago lleva más de una década como juez de Instrucción. Quizá es la primera vez que lo presiona el Ejecutivo para que resuelva de determinada manera (en este caso, para que meta preso al sospechoso de cometer un delito) y por eso nunca antes se lo escuchó denunciar nada semejante.
En cuanto al ministro, su verborragia de esta semana contrastó con el silencio que mantuvo cuando el diputado Juan Gómez fue acusado de atropellar a un policía que le labraba una multa por manejar al mismo tiempo que hablaba por el celular.
Es saludable la reacción de Gago. No se me escapa que es uno de los tres candidatos a la Cámara de San Martín de los Andes, ni que el bloque del gobierno en la Legislatura podría anular ese concurso. Pero no se puede afirmar (al menos no puedo hacerlo yo, hoy) que su reacción haya tenido que ver con tal coyuntura.
Como sea, ojalá que otros magistrados lo imiten cuando sientan presiones similares, sean públicas o privadas.
También es saludable que el ministro brinde toda la información disponible sobre un caso de interés de la sociedad, aunque sin aconsejar -ni en público ni en privado- lo que debería hacer el juez.
Por si quiere saberlo, nos gustaría conocer toda la información disponible sobre:
El caso Temux.
Los contratos con Damovo.
La cámara oculta.
Los gastos de la campaña presidencial del anterior gobernador.
El juzgado de Rincón de los Sauces, de reciente entrada en funcionamiento, tendrá jurisdicción en un área clave: la ciudad en la que está asentado, Buta Ranquil y Añelo. Es decir, la zona en la que se ubica el grueso de la producción hidrocarburífera de la provincia. Podemos hablar, entonces, del "petrojuzgado".
Este organismo fue creado dentro de una mega-ley, la 2475 (aquí tienen una copia los interesados) aprobada por la Legislatura el 20 y 21 de octubre de 2004, que marcó una fabulosa expansión del Poder Judicial.
Resulta muy interesante repasar lo que se dijo en esas sesiones legislativas. Por eso aquí encontrarán la versión taquigráfica del debate en general y en particular.
La mega ley fue impulsada por el Tribunal Superior de Justicia al que acababan de arribar Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano. De más está recordar que ninguno de los tres sigue en el cargo: el jury contra Ricardo Mendaña, que comenzaría poco después de la aprobación de esta ley, tuvo mucho que ver con sus renuncias (los dos primeros) y destitución (el tercero).
El miembro informante fue el entonces diputado Enrique Campos, otro integrante de aquel Jurado de Enjuiciamiento que quedará en la historia.
La aprobación en general fue el 20 de octubre de 2004, aquí está la versión taquigráfica:
Si tienen la paciencia de leerla encontrarán muchas perlas. En lo que interesa a este post, resulta ser que el juzgado de Rincón de los Sauces no figuraba en el proyecto original. Su creación fue incluida a pedido de Carlos Macchi, ex intendente de esa localidad, ex legislador, a quien asesoraba otro conocido: Enry Rebolledo, actual miembro del Consejo de la Magistratura.
Como al pasar, Macchi menciona que el tribunal tendrá alcance a Buta Ranquil y Añelo. Ya veremos lo que hubo que hacer para llevar esto a la práctica.
Notarán también que todos los diputados que hablaron en esa sesión estuvieron de acuerdo con la sanción de la mega-ley, que de hecho fue aprobada por unanimidad. Hubo un argumento, sostenido por Sommariva, que resultó decisivo: "acercar la justicia a la gente".
Sólo Carlos Moraña hizo una observación: "no sé si hay tanta cantidad de causas que justifique que Rincón tenga un juzgado".
Asombrosa es la ingenuidad de los legisladores (en especial de la oposición), a quienes no se les ocurrió que estaban abriendo la puerta para el fenomenal proceso de colonización que comenzó inmediatamente después de sancionada la ley. Ingenuidad llevada al extremo por el diputado Eduardo Mestre, quien dijo "este es el puntapié inicial de una nueva justicia en la provincia de Neuquén (...) Se trata del inicio del rediseño de uno de los poderes centrales de toda la República". Ya lo creo que así fue.
Por ese entonces, la designación de los magistrados dependía de un oscuro mecanismo de selección a cargo del Tribunal Superior de Justicia y del acuerdo que le brindaba una Legislatura ampliamente dominada por el sobischismo y sus aliados. Los funcionarios (fiscales y defensores) ni necesitaban acuerdo.
No hubo, al menos en estas sesiones, ningún diputado que advirtiera lo que se venía.
Pasemos al tratamiento en particular, cuya versión taquigráfica está aquí.
Al mencionar el artículo referido al juzgado de Rincón, dice Mirco Suste (MPN) que "fue conversado en comisión con miembros de la justicia y ellos nos acercaron todo el articulado".
Articulado que incluia no sólo la creación del organismo sino también la modificación del territorio de la Primera Circunscripción Judicial. Toda una ingeniería para que quede, bajo la órbita de Rincón, la zona de producción petrolera.
Me ha llegado el comentario de que la gente de Buta Ranquil no está muy conforme porque deja de depender de Chos Malal, ciudad con la que tienen mejor comunicación que con Rincón. Claro, estamos hablando de la gente común. De esa a la cual querían acercarle el servicio de justicia.
Bonus track: El titular de tan estratégico juzgado es Héctor Ricardo Agostino, quien ya había sido propuesto en la época en que el TSJ elegía a los jueces pero su pliego quedó prisionero de una grieta institucional: no alcanzó a recibir el acuerdo cuando entró en vigencia el Consejo de la Magistratura. (Antes, como dije en otro post, fue ternado al Tribunal Superior por Sobisch, fue abogado de la fiscalía de Estado, de la Asesoría General de la Gobernación, y otros organismo estatales)
El cargo de juez de Rincón fue concursado por el Consejo de la Magistratura y sólo despertó el interés de Agostino y del abogado Carlos Vaccaro.
Lo ganó Agostino, con un puntaje final de 49,55 sobre 100 posibles. Fue la actual legislatura la que le prestó acuerdo.
Se la mencionó como posible candidata al Tribunal Superior de Justicia. Por eso sorprendió la noticia de su jubilación. De todos modos, su pase a retiro no le quita chances de ser postulada para una vocalía. La jueza civil Julia Buissón de Baggio ya presentó su renuncia, a partir del 14 de setiembre. Dicen que se la va a extrañar.
(G.B.)
Carmen Argibay pasó por Neuquén. A la mañana temprano estuvo una hora con el periodismo y habló de todo. Siempre es interesante escucharla (o leerla, en este caso), por eso publico aquí la desgrabación íntegra de sus declaraciones como si fueran una ponencia, con unas pocas de las preguntas que le hicimos, sólo las imprescindibles para entender el contexto.
Habló de los juicios por los delitos de lesa humanidad, de la publicidad del juicio (y avaló las restricciones al trabajo de la prensa, algo con lo cual sigo discrepando), del estrés que significa para los jueces escuchar durante horas testimonios desgarradores sin poder expresar ninguna emoción, y tuvo conceptos muy elogiosos para Guillermo Labate. En este contexto también dio una magistral explicación sobre los problemas que existen para encuadrar los hechos que se están juzgando dentro de la figura de genocidio.
Didáctica, explicó por qué la Corte no "co-gobierna" aunque muchas veces le diga al Ejecutivo lo que debe hacer.
Y habló de las presiones que reciben los jueces: "Quien se sienta obligado a hacerle favores a aquel que lo designó, mejor que se vaya porque no va a ser un buen juez, y ni siquiera presiones va a necesitar", dijo.
No, del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no quiso hablar.
Atención los interesados en pasarse al fuero federal. Y no para reemplazar a Guillermo Labate, sino para cubrir vacantes en la Cámara Federal de General Roca. Según publica diariojudicial.com "ya se convocó a sorteo para integrar los jurados de dos nuevos concursos que se abrirán en poco tiempo. Uno de los procesos será para reemplazar a Graciela Arriola, que dejó su cargo de vocal en la Cámara Federal de Mar del Plata, en tanto que el otro será destinado a cubrir las renuncias de Arturo Pérez Petit y Carlos Müller a sus cargos en la Cámara Federal de General Roca".
(G.B.)
