(Esta es la nota que salió publicada hoy en el diario, con alguna información adicional que considero puede ser de utilidad).
El 13 de agosto de 2004, mediante un acuerdo que nunca tomó estado público hasta ahora (pueden verlo aquí y más abajo) el Tribunal Superior de Justicia dejó establecida la necesidad de crear más organismos judiciales “a fin de hacer frente a los requerimientos actuales y futuros que plantea la prestación del servicio de justicia”.
Dos meses después la Legislatura aprobó la creación de 80 nuevos cargos de magistrados y funcionarios.
Aquí está la interesantísima crónica que publicó el diario sobre aquella sesión, que incluye sorprendentes elogios de un diputado del sobischismo a la conducción del gremio Sejun.
Esa enorme expansión del gasto más la construcción de la fastuosa Ciudad Judicial pulverizaron en cinco años los ahorros que había acumulado el Poder Judicial durante una década y pusieron en jaque su presupuesto.
Hoy apenas le alcanza para pagar los opulentos sueldos y mantenerse al día con los proveedores. El Tribunal está acorralado entre el sindicato que pide una recomposición del 30% y los Colegios de Abogados, contrarios a la conducción de Oscar Massei, que exigen una rápida solución al conflicto.
El impulso a la creación de nuevos organismos fue obra de tres vocales por entonces recién llegados al Tribunal Superior: Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano. Se opusieron, sin fuerza para torcer las decisiones, Marcelo Otharán y Alberto Tribug. (Pueden leerlo en el acuerdo linkeado más arriba).
La Legislatura que el 21 de octubre de 2004 sancionó la ley ómnibus 2475 estaba dominada en forma abrumadora por el sobischismo y sus aliados, pero los diputados de la oposición no hicieron objeciones sino que se sumaron con entusiasmo, según consta en la versión taquigráfica.
Incluso introdujeron la creación de más juzgados de los que estaban previstos, como por ejemplo el de Rincón de los Sauces, tema ya tratado en el blog.
Nadie preguntó dónde estaban los estudios que respaldaran la necesidad de crear tantos nuevos cargos. Apenas hubo menciones a los inevitables problemas presupuestarios que surgirían si no se aumentaba el presupuesto de la justicia.
Y en el plano político, nadie (al menos en esa sesión legislativa) advirtió que se estaba preparando el terreno para un copamiento de la justicia que recién sería motivo de preocupación al día siguiente cuando el entonces diputado Oscar Gutiérrez anunció que pediría el juicio político de Tribug y el jury de Ricardo Mendaña.
En aquel año 2004, la relación entre el Ejecutivo controlado por Sobisch y el TSJ dominado por sus vocales era tan estrecha que el presupuesto judicial fue elaborado por técnicos del oficialismo, según se descubrió en una reunión de comisión.
En el acuerdo del 13 de agosto, que lleva el número 3786, los vocales de la mayoría dejaron asentado que los nuevos organismos “deben ser creados por la Legislatura que además deberá otorgar los medios económicos para su puesta en funcionamiento, toda vez que los ingresos que hoy tiene el Poder Judicial no resultan suficientes a efectos de asegurar la implementación y continuidad de los mismos”.
También aclaran que la puesta en funcionamiento de los nuevos organismos “será paulatina”. Sin embargo la Legislatura jamás aportó los medios económicos, y a partir de la existencia de nuevos puestos comenzó una carrera para cubrir cargos que sólo se detuvo cuando entró en funciones el Consejo de la Magistratura.
A cinco años de aquellos hechos, debido a la formidable expansión, a las obras inmobiliarias encaradas, a los aumentos de sueldos otorgados y a la baja en la recaudación, el presupuesto judicial está colapsado.
El presidente del TSJ, Oscar Massei, volverá a pedirle al gobernador Jorge Sapag una partida extra para responder a los requerimientos salariales del gremio Sejun.
Anexos
Estos fueron los cargos creados por la ley 2475 de octubre de 2004:
* 1 cargo de auditor general.
* 2 cargos de auditores adjuntos.
* 12 cargos de juez de Cámara.
* 12 cargos de juez de Primera Instancia.
* 8 cargos de fiscal de Cámara.
* 8 cargos de defensor de Cámara.
* 3 cargos de fiscal de Primera Instancia.
* 5 cargos de defensor oficial de Primera Instancia.
* 5 cargos de secretario de Cámara.
* 11 cargos de secretario de Primera Instancia.
* 1 cargo de fiscal adjunto.
* 3 cargos de defensores adjuntos.
* 8 cargos de prosecretario letrado.
Conseguí el audio de las declaraciones de Oscar Massei que tanta polémica levantaron porque acusó al Colegio de Abogados de guardar silencio cuando la corrupción campeaba en la provincia.
Ahora, en versión mucho más sencilla que antes gracias a A.S.
Más vale tarde que nunca: el Colegio de Abogados de Neuquén se pronunció enérgicamente sobre la crisis del Poder Judicial.
Habla de que los operadores y los justiciables “son rehenes” de este conflicto, aunque me parece que no se refieren al eclipse institucional iniciado en 2004.
En la efímera sección A la vista subí este enlace respecto de la polémica decisión del juez Ramos Padilla, que le negó la excarcelación a un detenido por los eventuales delitos futuros que pudiera cometer si estuviera en libertad.
Es como impedirle la entrada a Bilardo al próximo Argentina-Brasil por si vuelve a darle el bidón de Branco a algún jugador visitante.
El Centro de Información Judicial publicó esta entrevista al juez Ramos Padilla titulada con una extraña frase textual: "No se trata de dictar sentencias brillantes sino de administrar justicia".
A esta altura no sé qué es lo que me tiene más molesto: si el atropello a las garantías personales o la disparidad de criterios en las decisiones judiciales. Porque Grassi fue condenado a 15 años de prisión por un delito que según todos los especialistas tiene una altísima probabilidad de reincidencia, y sigue en libertad.
Actualización 05/08: ¿Y cómo se compatibiliza el preso por las dudas con esto: "Es inconstitucional la ley que agrava pena por portación ilegal de armas a reincidentes". Click aquí.
La sala B de la Cámara de Apelaciones dijo que “la fórmula legal analizada se relaciona íntimamente con un derecho penal de autor, y no de acto (propio de nuestro sistema penal), en cuanto se aplica mayor sanción al imputado por una conducta o comportamiento anterior al caso concreto, es decir, por la personalidad del autor (por tener antecedentes penales) y no por una acción típica, antijurídica y culpable”.
El Poder Judicial neuquino como poder del Estado, sus políticas, sus fallos, ¿llegan a la tapa de los diarios de la región?
A partir de este mes comenzaremos un relevamiento para tratar de responder a esta pregunta. Quedan afuera del estudio las investigaciones de casos policiales en trámite.
Por lo observado en julio, el Poder Judicial produjo muy pocas informaciones que hayan sido consideradas de importancia por los editores como para hacerles un lugar en la primera plana.
El rechazo al pedido de indagatoria de Sobisch (único tema en el que coinciden los dos matutinos), un fallo sobre la trata de personas dictado en La Pampa, otro que manda a dar vivienda a menores en Chos Malal y la investigación judicial de un comisario que no cumplió una orden de desalojo son los pocos casos registrados.
La única ocasión en que una decisión judicial fue editada como título principal (y sólo por uno de los diarios) resultó ser el fallo contra la suba del gas, que fue dictado por la justicia federal.
Como si se hubiera enterado y quisiera aportar al tema, dice hoy Roberto Gargarella:
“Presionados por sus propias ambiciones, urgencias o limitaciones, nuestros jueces toman a los pobres como variable de cambio en sus decisiones. Nuestros jueces deciden como si la vida en prisión fuera el estado natural de los pobres; como si las condiciones animales de detención que imponen (condenadas por la CIDH, la Corte Argentina en el fallo “Verbitsky”, y la propia letra explícita de la Constitución) fueran permisibles, dadas las faltas en juego, o la calidad de los detenidos. Para hablar de nuestros jueces penales, ya no es necesario apuntar a la mala fe: ellos se muestran simple y naturalmente ciegos a las necesidades y derechos de las personas sin recursos. Son ellos, y no las víctimas de sus decisiones, quienes tienen la obligación de justificar frente a nosotros las vergüenzas que, actuando como lo hacen, nos imponen a todos”.
