Este puede ser un buen plan B para aplicar en Neuquén, al igual que la transmisión en vivo por Internet, siempre que exista acuerdo de los tres poderes del Estado.
Leerán en el diario de hoy miércoles el enfrentamiento que se produjo entre el juez Juan Gago y los fiscales Pablo Vignaroli y Rómulo Patti.
Super resumen para los que no quieren visitar la nota del diario: hace cinco años que Gago mantenía abierta una causa contra el intendente Sergio Gallia por presunto peculado.
Cuando la dio por terminada, Vignaroli (fiscal a cargo de Delitos contra la Administración Pública) pidió el sobreseimiento de Gallia.
Gago cree que hay elementos para mandar a juicio al intendente así que pidió una segunda opinión (invocando el artículo 313 del Código Procesal que dice: “Si el Fiscal requiriere el sobreseimiento, el Juez podrá dictarlo o elevar las actuaciones al Fiscal de cámara que corresponda para que se pronuncie”).
La causa le llegó a Rómulo Patti, quien en seis días produjo un escrito “a mano alzada” de pocas líneas en las que expresó su posición: si bien Vignaroli actuó como fiscal de Instrucción, tiene jerarquía de fiscal de Cámara así que él, que también es fiscal de Cámara, no le puede andar controlando el trabajo.
Lo demás es uno de los típicos galimatías jurídicos: Gago quiso llegar con el tema al fiscal Tribug pero Patti apeló (¿no dije ya en algún post que apela todo lo que se le cruza por delante desde que pasó el escándalo del embarazo interfémora?) así que el expediente fue a parar a la Cámara de Apelaciones.
Ahora vamos a lo relevante.
Y lo relevante a mi criterio no es, antes de que alguno lo proponga, que Juan Gago pudo haber escrito su crítica resolución pensando en su candidatura a fiscal de Cámara, porque tengo entendido que se bajó del concurso luego de ver el escaso puntaje que le pusieron por sus antecedentes.
Tampoco es relevante que Pablo Vignaroli sea uno de los más famosos vecinos de Plottier, la ciudad que gobierna Gallia, ni que pese sobre sus espaldas un pedido de Jurado de Enjuiciamiento porque, se sospecha, no cumplió con las obligaciones de su cargo.
Y tampoco es relevante que Rómulo Patti haya actuado en 2000 como defensor oficial de los concejales de Plottier (causa de los ATN) con un entusiasmo notable.
Incluso, y lo recuerdo porque cubrí ese juicio, se burló de las creencias religiosas de un testigo (tuvo que pedir disculpas por eso) y festejó el sobreseimiento de sus defendidos junto con las barras que llegaron para dar su apoyo a Gallia desde Plottier y a Luis Castillo desde Centenario.
Quiero aclarar que tampoco es relevante que pese a su bajo perfil sea uno de los funcionarios que más apodos registra: he escuchado que lo llaman “vaca sagrada”, “canciller” y “apelator”, según el caso.
Lo relevante es, a mi criterio, que Patti y Vignaroli ascendieron a sus puestos durante una época muy oscura del Poder Judicial.
No es su culpa, claro. Tampoco es su culpa que no hayan necesitado acuerdo legislativo, porque en esa época no se requería para los fiscales.
Patti ascendió el 30 de diciembre de 2004 en un acuerdo extraordinario del Tribunal Superior en ese entonces integrado por su amigo Eduardo Badano, Jorge Sommariva y Roberto Fernández.
Si lo recuerdan, en aquella época el TSJ tenía la costumbre de designar decenas de funcionarios en pocas horas. Pueden verlo aquí.
El caso de Vignaroli fue parecido. Podrán leer aquí que lo propusieron como fiscal de Delitos contra la Administración Pública sólo Eduardo Badano y Alfredo Velasco Copello. Nadie más.
Luego se supo que tenía una deuda con el Banco Provincia de Neuquén que fue normalizada (se publicó aquí).
Ya voy terminando.
¿Qué es lo relevante entonces?
No sé si Gallia es culpable o no. Lo que veo es que su destino lo están resolviendo tres personas que nunca pasaron por el control popular (salvo Gago hace ya muchos años, cuando lo eligieron juez).
En el futuro de la provincia probable –y lamentablemente- habrá muchos Gallia. Inocentes y culpables.
Esos futuros imputados pueden ser cualquiera, incluso algún lector de este blog.
¿Se quedaría tranquilo si su libertad, sus bienes, su honra, dependiera de lo que decidan personas que no pasaron nunca por ningún control popular?
Bueno, por eso yo voy a ir a ver cómo el Consejo de la Magistratura elige un nuevo fiscal de Cámara.
Llamar “control popular” a lo que hace el Consejo de la Magistratura es un exceso. Cuatro elegidos por los elegidos por el voto popular, más dos elegidos por los abogados, es una democracia muy indirecta.
Es mejor que lo que hacía el TSJ en 2004, por supuesto. Es mejor porque ahora podemos ir a mirar cómo lo hacen.
En esta me dormí: recién hoy me entero de que con fecha 7 de julio el Consejo de la Magistratura elaboró el orden de mérito por antecedentes de los postulantes para fiscal de Cámara, único concurso abierto en este momento.
Se me ocurrió hacer una rápida comparación con los puntajes que obtuvieron algunos concursantes que, hace dos años, participaron en la elección de un juez de Cámara. Todos subieron unos puntitos.
Los exámenes empiezan en 15 días y sé que muchos participantes están reviviendo sus épocas de facultad. No, lo digo porque estudian a todo ritmo ya que en el temario figuran puntos que no ven desde aquella época.
Las situaciones distan de ser calcadas pero siempre hay que estar atentos porque cuando el viento empieza a soplar para el mismo lado, los contextos se acomodan de inmediato.
Quizá no por casualidad la reforma al Consejo de la Magistratura Nacional fue en 2006, el mismo año que figura en la partida de nacimiento del Consejo de la Magistratura de Neuquén.
Aquí, la nota de Página 12 sobre los cambios que se vienen (en el Consejo de la Nación).
Nuevo juez, nuevo defensor, sólo faltan los fiscales
En la sesión legislativa del miércoles la Cámara prestó acuerdo a las designaciones de Joaquín Consentino como juez civil en Junín de los Andes (26 votos positivos y 3 negativos) y de Mariano Álvarez como defensor oficial civil de Zapala (23 positivos y 6 negativos), según informa el sitio de prensa de la Legislatura.
Se trata de los ganadores de los concursos número 20 y número 21 del Consejo de la Magistratura, respectivamente.
En cambio, sigue sin haber novedades sobre el tratamiento de los pliegos de concursos anteriores, por ejemplo los número 18 y número 19 para fiscales de Delitos Violentos contra la Propiedad y Delitos contra la Administración Pública, que empezaron y terminaron antes (lo aclaro aunque sea obvio) que los concursos 20 y 21.
Recordarán que estos pliegos llegaron a la mesa de entradas de la Legislatura mucho tiempo después de que terminara el respectivo concurso por razones que nunca me quedaron muy claras, pero que al parecer tuvieron que ver con más impugnaciones al o a los ganadores. Supongo que en el expediente que los diputados tendrán a la vista debe estar todo aclarado.
Bonus track sobre este tema.
En el último acuerdo del TSJ que aparece publicado, correspondiente al 1 de julio, figura un requerimiento al Consejo de la Magistratura para que “proceda a la cobertura del cargo de Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia y Juicios Ejecutivos n°2 de la III Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala” recién creado por ley 2649 (ver punto 11 del acuerdo).
Y en los puntos 22 y 23 del acuerdo del TSJ figura lo que ya anticipó el blog, la aceptación de las renuncias de los fiscales de Cámara Ignacio Cano y Elba Burgos Gallardo a partir del 1 de agosto, por lo que el mes próximo le pedirán al Consejo que llame a concurso para cubrir esas vacantes.
Se cumple otro anticipo del blog: el Movimiento Popular Neuquino presentó su proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
Es uno más, pero no es uno más, ustedes entienden.
En un ratito voy a subir el texto completo, pero les anticipo algunos detalles.
El más grueso, por supuesto, que los consejeros serán ad honórem. El proyecto tiene una cláusula transitoria cuya redacción es un tanto caprichosa. Uno está tentado a pensar que esto entrará en vigencia apenas sancionada la ley. Cuando lo lean podrán dar su opinión.
Otro detalle: hay una equiparación entre el puntaje que otorga la antigüedad en el ejercicio de la profesión en forma libre y la antigüedad dentro del Poder Judicial. Veremos cómo les cae al Colegio de Abogados o a la Asociación de Magistrados.
Y último anticipo, en el caso de los cursos sólo se otorgará puntaje si incluyeron un sistema de evaluación.
¿Y la entrevista personal? Sólo valdrá 10 puntos.
Aquí está la ley vigente, por si la quieren tener a mano para comprar.
Diario Judicial informa que las elecciones dejaron intacto al Consejo de la Magistratura de la Nación.
Cuatro legisladores que integran el cuerpo fueron reelectos en los comicios del domingo: los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel (Frente para la Victoria) y Oscar Aguad y el senador Ernesto Sanz (Unión Cívica Radical).
Si perdían sus bancas parlamentarias no podían continuar en el Consejo porque la ley establece que el status como consejero se mantiene si detentan el cargo por el que llegaron al organismo, tal cual como sucede en Neuquén.
