Hoy el Tribunal Superior de Justicia (o lo que queda de él) se trasladó a Rincón de los Sauces para poner en funciones al juez, fiscal, defensor, secretario, etcétera, de esa localidad.
El juez es Héctor Agostino, ex ternado al Tribunal Superior de Justicia, ex fiscalía de Estado, ex Asesoría General de la Gobernación, ex otras varias reparticiones estatales.
La fiscal es María Soledad Rangone, quien asumió en 2005 para ese cargo en ese juzgado pero, como sucede con la Cámara de San Martín de los Andes, no tenía juez con el cual trabajar. En esa época pre-Consejo de la Magistratura pasaban esas cosas. Ahora pasan otras que ustedes ya saben.
En octubre de 2006 a Rangone la nombraron “de manera transitoria” en una fiscalía de Neuquén capital, como informa esta nota de “Río Negro”.
El traslado a Rincón se fue demorando, la funcionaria vive en una casa dicen muy cómoda en la capital neuquina, y según algunos ya no quería mudarse, versión con la que no todos están de acuerdo.
Este año, en la fiscalía de Rangone cayeron dos causas muy trascendentes. La primera, una denuncia del camarista Héctor Rimaro contra el ahora ex vocal Eduardo Badano por presunto abuso de autoridad. Se vincula con la famosa licencia psiquiátrica que le dieron a fines del año pasado.
La segunda, de la que me enteré hoy por un usuario de este blog, es una denuncia de Badano, también por supuesto abuso de autoridad, contra el vocal Felipe Cía, por haberle tomado juramento a los miembros de la sala juzgadora.
No sé en qué estado se encontrarán esas causas. Pero Cía asistió hoy a la asunción de Rangone como si nada.
Y la fiscal empezará a trabajar en esa ciudad donde muchas veces el delito se mezcla con el azar.
El Tribunal Superior de Justicia autorizó una licencia a Ignacio López Proumen hasta el 2 de octubre por razones de salud. Se trata del psiquiatra que reconoció en el juicio por los crímenes de La Escuelita que atendió a una mujer embarazada en ese centro clandestino de detención, y que está siendo investigado por falso testimonio.
En el gremio judicial Sejun, que pidió su exoneración, manejan la versión de que las licencias podrían prolongarse hasta la jubilación. Alimenta esa hipótesis una reciente decisión del TSJ: llamó a concurso para cubrir un cargo de médico psiquiatra con destino al gabinete interdisciplinario, que es el lugar donde trabaja López Proumen.
El acuerdo del Tribunal alude a la necesidad "urgente" de "reforzar el plantel de psiquiatras del gabinete interdisciplinario en virtud de la licencia prolongada que se encuentra haciendo uso uno de sus integrantes".
La licencia fue otorgada ante la presentación de un certificado médico y de acuerdo al artículo 9 del reglamento.
El Tribunal le pidió al juez federal Guillermo Labate que le informe cuál es la situación procesal de López Proumen. Pero Labate, quien en los próximos meses asumirá como vocal del TSJ, todavía no respondió.
La generosa coyuntura iluminó el habitualmente opaco perfil de Eduardo Badano.
Para quienes vieron en su juicio político una pulseada más entre el sobischismo y el sapagismo, el ahora ex vocal fue apenas una pieza obligada a resbalar en un tablero más grande que quizá habría preferido evitar. Pero la vida nos delata y él estuvo allí (antes acompañando al jury, ahora enfrentando el juicio político) por lo que esas batallas, si las pretendió ajenas, pasaron a serle propias.
Las horas previas a la votación de la sala juzgadora (el audio puede escucharse haciendo click un poco más abajo) estuvieron marcadas por un constante fluir de versiones que reflejan los tiempos que transcurren.
En sus alegatos (la versión taquigráfica está disponible haciendo click aquí) la acusación y la defensa coincidieron en invocar a Dios para que inspire a los diputados que debían dictar sentencia.
Pero no se vio a Dios en el desangelado edificio de la Legislatura, tan parecido a un aeropuerto sin vuelos. En cambio se hablaba de que “el sobischismo está operando fuerte sobre los diputados”. Un eufemismo: por los rincones se buscaba el escondite de algún Pontaquarto con valija.
Lo que parece más cierto de todo lo que se dijo es que al Movimiento Popular Neuquino le costó alinear a su propia tropa. Y que el gobernador y en especial la vicegobernadora tuvieron que apelar a la voz de mando para que todos alzaran la mano. Se rumoreó que algunos legisladores tenían temor a las consecuencias que les podría generar su voto favorable a la destitución. La sombra de la gestión anterior se sigue proyectando sobre la actual.
Objetivamente, una etapa se clausuró (por pura casualidad el mismo día que destituyeron a Badano, Ricardo Mendaña juró como abogado en el Colegio).
Más dudoso es afirmar que se abre una nueva.
Porque si un denominador común se infiere de todos los rumores que enturbiaron el desarrollo del juicio político y su sentencia es que al gobierno le falta una postura homogénea respecto de la Justicia. No aparece explícita la convicción republicana de que los cambios son necesarios.
Por momentos hasta da la sensación de que el Ejecutivo no sabe qué hacer, más allá de impedir un descabezamiento (porque bloqueó otros pedidos de juicio político) e imponer a Guillermo Labate (porque postuló a otro candidato, permitió que lo acribillaran con impugnaciones, no difundió su descargo, hizo correr rumores de que la Legislatura no le prestaría acuerdo para que el propio candidato desistiera y finalmente respiró con alivio cuando la profecía se autocumplió).
Sapag aún tiene oportunidades para enviar señales claras: puede postular a dos nuevos vocales (hasta tres, si el año que viene se jubila Felipe Cía), y a cinco conjueces. Está en sus manos elegir meros empleados administrativos, como sucedió en 2004, o personas que reconstruyan el principal capital perdido: la credibilidad.
Para ver las fotos del juicio político recomiendo, como siempre, el blog de Leo Petricio.
Y aquí, el audio con la votación nominal de los diputados:
Iba a comenzar con una de esas frases tan típicas del periodismo: "Los próximos 20 días serán decisivos para el Poder Judicial neuquino". Pero para qué crear expectativas desmesuradas. La moderación es el signo de los tiempos. Lo que va a pasar de aquí a mediados de agosto es que la Legislatura va a aprobar el pliego de un nuevo vocal del Tribunal Superior de Justicia, el gobernador va a postular a otro candidato, y van a concretar la destitución del que está suspendido. Apenas eso.
Poco a poco vuelven los que pudieron aprovechar la feria de invierno (más de uno regresa vía Ezeiza; Centroamérica y el Caribe figuran entre los destinos elegidos) y el lunes retomarán la actividad.
Ese día la sala juzgadora resolverá si convoca a los viejos testigos pedidos por Eduardo Badano y a los nuevos testigos pedidos por la acusación que son básicamente los que no pudieron declarar en el jury contra Ricardo Mendaña (a favor de Mendaña, claro).
Badano quiere probar que esa famosa reunión con el ex asesor Jorge Brillo y el ex diputado Oscar Gutiérrez allá por octubre de 2004 no fue para decidir y planificar la destitución del fiscal.
¿Es imprescindible demostrar lo que se habló ese día?
La acusación contra el vocal es por falta de imparcialidad, falta de independencia, y por haber firmado la sentencia con los plazos vencidos. Probar que existió una decisión política en la que intervinieron los tres poderes del Estado y que se materializó en aquella ocasión le agrega un importante condimento, pero entiendo que la causal sigue estando allí, sazonada o no.
Incluso podría declararse la cuestión de puro derecho y resolverla sin testigos.
Pero si los diputados hacen lugar a todas las medidas de prueba solicitadas, el juicio político será una colorida confrontación de testigos: Brillo, Gutiérrez y Sommariva de un lado, Binder, Vitale y Telleriarte del otro.
También en los próximos días se conocerá el nombre del/la candidato/candidata de Sapag al TSJ que reemplazará la fallida postulación de Marcelo Benavides. No hay nuevos nombres más de los que han trascendido y por los que nadie se juega. Ni la vicegobernadora ni los ministros se enteran con antelación. ¿Los hermanos del gobernador sí?
Sapag tiene todavía la piel demasiado fina. La fallida postulación de Benavides le significó un costo, si bien moderado, que deberá remontar eligiendo bien la próxima postulación.
Por último dentro de este "decisivo período" de tres semanas aludido al comienzo, los diputados prestarán acuerdo para la designación de Guillermo Labate en el TSJ. Pero este tema merece un post aparte.
(G.B.)
Se tratan de "Jorge" y "Guillermo", se tutean, se conocen desde hace años, lo cual no quiere decir nada más que eso.
Cuando Sapag le comunicó a Labate que lo iba a postular al Tribunal Superior de Justicia, el juez le preguntó quiénes iban a ser los otros candidatos. No se sabe si obtuvo una respuesta concreta. Una versión más extrema menciona que el gobernador le pidió que le sugiriera otros nombres, lo cual demostraría dos cosas: que Labate será el hombre fuerte del próximo Tribunal, y que Sapag no tiene idea de qué hacer con el Poder Judicial. Yo no lo creo.
Como sea, Labate aceptó la postulación.
En esa reunión también le dijo que pensaba asumir recién cuando estén cerradas las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la región. Le hizo un cálculo en el aire: será en setiembre u octubre. Es decir que hasta entonces, el Tribunal seguirá funcionando disminuido.
Después hablaron de otras cosas. Por ejemplo, Labate le planteó que una vez en funciones no piensa mudarse a la Ciudad Judicial, en caso que alguna vez esa obra faraónica esté concluida. No le gusta la historia de marchas y contramarchas que tuvo la contratación del anteproyecto, la licitación, los costos. ¿Se viene una revisión para atrás?
Si no hay sorpresas, Labate será presidente del Tribunal en 2009. Habrá que esperar hasta entonces para conocer la profundidad del cambio más allá de tres nombres nuevos en la cúpula. O cuatro, porque ese año se jubilará Felipe Cía.
¿Ahí terminará todo? No sé si lo notaron, pero en esta calma chicha sólo aparente se dejó de hablar de que la transformación podría seguir "hacia abajo".
(G.B.)
(La foto es de Leo Petricio)
La presencia de Jorge Sobisch en el juicio oral por el asesinato de Carlos Fuentealba no hace sino confirmar que la justicia tiene vía libre para meterse con los altos funcionarios sólo después de que dejan el cargo. El que comete la osadía de investigarlos cuando tienen todo el poder, lo paga caro.
Dos veces enfrentó Sobisch un tribunal, y las dos veces estaba lejos del mullido sillón de calle Rioja. La primera, cuando lo llevaron a juicio por haber gestionado un crédito para su imprenta siendo gobernador. Lo absolvieron porque no lo acusó el fiscal del juicio, que fue Ricardo Mendaña. La segunda oportunidad fue el miércoles, como testigo del asesinato de Fuentealba.
La tercera quizá pudo ser por la cámara oculta. Pero en ese momento reunía todo el poder y quería más: en la filmación que le hizo Jorge Taylor se lo escucha esbozar su plan para no tener que volver a trajinar los pasillos de los tribunales.
No hubo manera de sentarlo frente a un juez para que diera explicaciones sobre la cámara oculta, ni siquiera en el contexto de la débil imputación que le formuló el entonces fiscal Pedro Telleriarte. Su situación quedó estancada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tampoco llamaron a declarar al ex diputado Osvaldo Ferreyra, otro que aparecía involucrado.
Los que lo sobreseyeron obtuvieron un generoso premio (Fernández, Sommariva, Abelleira), y quienes lo acusaron lo pagaron con el destierro (Mendaña).
Esta debilidad del sistema judicial no es privativa del pago chico neuquino. Carlos Menem fue preso recién después de dejar el cargo; a Fernando de la Rúa lo arrastraron a tribunales después del helicóptero. Pero es bueno recordarlo en esta época en que se elegirán dos, y posiblemente tres, nuevos vocales para el Tribunal Superior de Justicia.
(G.B.)
Está por entrar en la Legislatura el proyecto de ley del gobernador Sapag que reglamenta la función de los conjueces del TSJ. En el borrador figuran, entre otras pautas:
• Cuatro años de duración de mandato.
• Asincrónicos (palabreja que se puso de moda cuando se debatió la duración del mandato de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Quiere decir que sus cuatro años no coinciden con los cuatro años de mandato del gobernador).
• Si toman una causa cuya resolución excede los años de mandato, deben seguir interviniendo hasta su culminación.
• Se prevén sanciones para los que se nieguen a aceptar el cargo (como en el jury).
• Los elegirán por sorteo.
• En el bolillero estarán los nombres de los abogados matriculados y también los de los magistrados del Poder Judicial.
• Ya se sabe, pasarán por el mismo proceso que los vocales titulares (decreto de autolimitación mediante) y necesitan los dos tercios de la Legislatura para asumir el cargo.
• Y por último, lo que quizá sea más polémico: cobrarán un porcentaje del sueldo de vocal del TSJ.
Lo que van a hacer es un trabajo, y debe ser remunerado. Pero también hay que tener en cuenta que ser conjuez, sorteando las exigencias de un decreto de autolimitación y recibiendo al menos los dos tercios de los votos de la Legislatura, permite incorporar al patrimonio profesional un valioso antecedente, ¿no?
(G.B.)
