A Oscar Massei hay que llamarlo bien temprano para obtener declaraciones fuertes.
Eso hizo Marcelo Pérez Lisazo de Radio FM UNC CALF. Siete y pico de la mañana le pidió una opinión sobre el planteo de los estancieros que se publicó en el diario del domingo.
Massei les dio duro a los firmantes, a los abogados que los patrocinan y hasta la ligó Pellini, el funcionario que cuando asumió parecía que iba a comerse a los jueces crudos y a las 48 horas ya estaba pidiendo disculpas y bajando el tono. También aludió al fallo de Campana Mahuida, a los conflictos sociales y a la mano dura que le piden a gritos.
Algunos tramos de la entrevista están a continuación, y más abajo el audio completo.
“Hace aproximadamente 30 días se presentó una persona, una secretaria, por mesa de entradas y se entrega una nota firmada por tres abogados residentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con más o menos 300, 400 firmas de empresarios, propietarios de campos, gente del pueblo de Aluminé, de Junín y demás”.
“Personalmente creo que atenta contra la inteligencia de los neuquinos, y demás, de parte de estos abogados de Buenos Aires, que además, digamos, el historial de cada uno no es el más correcto”.
“Yo no defiendo la corporación pero la Justicia está actuando como corresponde, tanto en Zapala, en este caso específico como en Junín, en el ámbito del ejercicio de los derechos y deberes que a cada uno nos compete”.
“No comparto absolutamente nada, pero ¿por qué Vanossi no hace una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva lo que Macri quería resolver que es la villa 31 ahí en la capital?, ¿Por qué no lo hace? Insisto, no comparto, pero no lo hace porque sabe que eso no lo puede hacer la Corte Suprema, y lo viene a hacer en Neuquén”.
El Poder Judicial de la Nación alquiló un nuevo edificio en Zapala para que funcione el juzgado federal con asiento en esa ciudad (click aquí).
El precio que pagará es muy similar al que abona el Poder Judicial de la provincia por un inmueble en esa ciudad, como se puede ver en el punto 6 de este acuerdo de junio pasado.
Sólo restaría comparar las superficies de ambos (dato sin consignar en el acuerdo del TSJ) para saber si es equivalente lo que cobran los locadores, o si los precios se acuerdan según la cara del cliente sea nacional o provincial. O, en todo caso, quién negocia mejores precios.
Aquí está el acuerdo extraordinario 4424 del 20 de agosto. Como siempre trae cosas interesantes, destaco las que a mí me parecen.
Por un lado, hay dos pedidos de sumarios basados en tratos agraviantes que se dispensan en juzgados que vaya uno a saber cuáles son porque Heredia no lo permite (puntos 7 y 11).
Más allá de no conocer a los protagonistas, me pareció preocupante el estado de crispación (para usar terminología en boga) que se vive en algunos tribunales. Porque si bien estos casos llegaron a estos extremos, se comenta que las disputas son comunes entre magistrados, funcionarios y abogados.
Por otro lado, se resolvió afectar transitoriamente al juez de Zapala Oscar Rodeiro para sumarse a la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes, a la cual le falta un integrante (punto 8).
No hace falta que cuente la larga historia de la Cámara de San Martín de los Andes. De la que se habla menos es de la de Zapala, que según el diplomático lenguaje plasmado en el Acuerdo, “por el volumen de tareas con que cuenta actualmente dicho cuerpo, se encuentra en mejores condiciones de cubrir la necesidad de la Cámara de San Martín de los Andes”.
También está el Nuevo Reglamento de Comisiones Oficiales y Viáticos que, según dice el acuerdo, viene a traer orden en un tema que al parecer no lo tenía.
Ahora estaría más claro quién y cómo recibe los viáticos y en especial cómo tiene que hacer la rendición. En lenguaje más que diplomático, vaticano, dice el Acuerdo que este reglamento tiene como finalidad “la solución de inconvenientes interpretativos y de orden práctico, surgidos como consecuencia de rendiciones de viáticos en comisiones de servicios oficiales”.
Ya está publicado el acuerdo 4423 del Tribunal Superior de Justicia que incluye, entre otros puntos interesantes, dos respuestas a cuestiones legislativas.
La primera, en el punto 6, sobre el proyecto de ley de convenciones colectivas de trabajo y la segunda, en el punto 7, referida al proyecto de ATEN para que se modifiquen las facultades del querellante.
Pero lo más llamativo es que el Tribunal rompe con la costumbre de no responder pedidos de informes individuales de los diputados (en este caso es del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, José Russo).
Se recordará que durante años el TSJ tuvo la costumbre de contestar sólo aquellos pedidos de la Legislatura como cuerpo.
¿O será una de esas disposiciones relativas, que dependen del contenido de la pregunta?
El acuerdo 4397, de 17 de junio pasado y publicado hoy, trae varios puntos interesantes.
Pueden leerlo completo aquí y encontrarán el reglamento de las audiencias públicas, ya adelantado en el blog, algo sobre el edificio de Familia cuyo cielorraso deberá ser reforzado por el propietario y, en el punto 5, el fundamento de los 1.000 pesos de adelanto que generó tanta polémica.
El "visto" contempla "La situación actual del nuestro país, en la que –sin que se haya producido una explosión del índice inflacionario- se advierte un deterioro de la situación económica nacional y mundial que repercute en el ámbito local".
La parte central de los considerandos es: “Se propicia el otorgamiento de una suma de mil pesos ($ 1.000) por única vez sujeto a la aprobación por parte de la Honorable Legislatura Provincial, que será imputado a cuenta y como anticipo de cualquier futuro aumento salarial. Así, éste quedará absorbido en caso de producirse en el futuro, dicho incremento. La suma que nos ocupa se abonará a cada agente, funcionario y magistrado judicial”.
El pago "se hará en forma desdoblada de la siguiente manera: 1) entre los días 24 y 25 de junio del corriente se abonará a los agentes del escalafón de Administrativos, Técnicos, Maestranza y Servicios, Profesionales Auxiliares de la Justicia y Funcionarios de categorías MF-8 Y MF-7; y 2) luego, dentro de la primera quincena del mes de julio del 2009, a Magistrados, Funcionarios".
Frassetto (el del Cepropa) diría que se está formando un frente de tormenta y habrá que esperar para saber si provoca una fina llovizna o un terrible chaparrón. Siempre se deben seguir con atención las borrascas de las cumbres.
Metáforas climáticas al margen, lo que quiero decir es que algunos temas están provocando diferencias entre los vocales del Tribunal Superior de Justicia.
En marzo escribí este post anticipando las cuestiones en las que estaba trabajando el Tribunal. En el tiempo que pasó desde entonces no se registraron avances.
Un tema es la división en salas del Tribunal para agilizar el tratamiento de las causas.
Ricardo Kohon quería dejar el reglamento listo durante su presidencia pero el fiscal Alberto Tribug lo convenció de que correspondía esperar a que asumieran los nuevos vocales para discutir el asunto entre titulares (en ese momento había sólo dos, el mismo Kohon y Felipe Cía) y así darle más legitimidad.
Massei tomó la posta pero hasta ahora no logró que se apruebe en acuerdo la división en salas (prevista en la Constitución provincial). ¿Por qué?
Otro tema que genera roces es el de las audiencias públicas, que permitirían la participación ciudadana en algunas de las causas que tramitan ante el Tribunal Superior.
Había rumores de su inminente aprobación en alguno de los acuerdos de mayo o a más tardar en la primera semana de junio, pero las fechas pasaron y no pasó nada.
Y por último, la estrecha relación que tejió uno de los vocales con un superministro del gabinete de Sapag podría acarrearle costos a futuro tanto al Poder Judicial como al poder Ejecutivo.
Una pista: la cárcel de Senillosa costó 70 millones de pesos, está tapada por los yuyos y eso es un escándalo que merece ser investigado. Está bien que respondan a los pedidos de los diputados, que hagan una recorrida, que informen, que pasen la bordeadora, etcétera.
Pero en la Unidad 11 los presos presentan recursos judiciales de todo tipo porque están cansados de los malos tratos y si no se trabaja a tiempo ese problema, el peligro potencial de un motín es enorme.
El Consejo de la Magistratura le pidió al Tribunal Superior de Justicia un informe sobre el trabajo de la Auditoría, ese organismo creado en la época de Sommariva-Fernández-Badano, pero le contestaron que los informes que produce son privados, de uso interno, exclusivo, propio. O sea, que no.
Según se publica en el punto Seis (VI para la nomenclatura judicial, que sigue utilizando los números romanos) del último acuerdo, el Consejo quería ver esos informes para enriquecer el debate sobre el reglamento de evaluaciones, que es uno de los últimos legados que quiere dejar el organismo antes de que se desintegre su composición actual.
Aquí está el texto completo del punto en cuestión:
VI.-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SOBRE PEDIDO.-
VISTO: El pedido efectuado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en relación a las estadísticas correspondientes a los años 2007 y 2008, como así requiere que se informe los organismos auditados y resultados de dichas auditorias.
Que el fundamento del pedido, es el enriquecimiento del debate en torno a la elaboración del Reglamento de Evaluaciones, a cuya redacción se encuentra avocado el organismo.
Que por otro lado, consideran que el pedido se encuentra encuadrado dentro de la facultad de evaluación conferida por Ley 2533.
Y CONSIDERANDO: Que conforme se desprende del Art. 240 inc. f) de la Constitución Provincial, “el Tribunal Superior de Justicia debe remitir anualmente a la Honorable Legislatura una estadística de administración de justicia en el territorio de la provincia”.
De dicho texto, surge con claridad el carácter público de dicha información, por lo que no existe impedimento para hacer lugar al pedido de las estadísticas.
Que en relación a los informes producidos por la Auditoría General, otra es la evaluación que debe realizarse.
Éstos, forman parte de la documentación interna elaborada por y para el uso exclusivo del Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de sus facultades de superintendencia.
Es en el contexto del ejercicio de esa superintendencia, que evalúa la conducta y desempeño funcional de todo el personal judicial, y no solo de los magistrados y funcionarios.
Esa exclusivamente es la finalidad de la realización de las auditorias, detectar posibilidades de mejoras, corregir cuestiones relacionadas con la gestión, etc.
En esa inteligencia, se interpreta que tal información, no posee relevancia externa.
A ello debe sumarse, que los solicitantes, tienen como finalidad, la valoración de Jueces y Funcionarios del Ministerio Publico, encontrándose excluido el resto de los funcionarios y empleados.
Por último, tanto la constitución Provincial, como la Ley orgánica, imponen al Tribunal, la obligación de “Producir todos los informes relativos a la Administración de Justicia que le fueran requeridos por los Poderes Legislativo o Ejecutivo” (Cfr. Art. 240 inc. f) de la Carta Magna Provincial).
Idéntico texto reproduce el art. 34 inc. f) de la Ley 1436. Es por las consideraciones expresadas en el dictamen fiscal que este cuerpo hace suyos en el presente resolutorio, que no invistiendo el carácter referido el Consejo de la Magistratura, no corresponde hacer lugar a lo solicitado, en relación a los resultados de las auditorias.
Por lo expuesto, de conformidad Fiscal,
SE RESUELVE: 1°) Remitir al Consejo de la Magistratura Provincial, las estadísticas correspondientes a los años 2007/2008, mediante nota de estilo.
2°) No hacer lugar al pedido de remisión de los informes de auditoria efectuados por la Auditoría General, en virtud de los considerandos expresados en el presente resolutorio.
La información sobre el derrumbe de una pieza del cielorraso en los juzgados de Familia me hizo acordar que el precio del alquiler de ese edificio tuvo algunos vaivenes, según se puede ver en esta serie de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia (el más nuevo primero, y retroceden en el tiempo).
Se encontrarán además con una singular recomendación del departamento Infraestructura previo al alquiler del inmueble de Roca 460:
“La obra se encuentra en un estado en el sería ideal para el ingreso del Poder Judicial ya que se podrían incorporar todas las modificaciones necesarias que le tendríamos que dar para su uso”.
De hecho se le hicieron muchas (y onerosas) modificaciones.
