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23 » Mar 2009 |
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Por el 24 de marzo |
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La lucha contra la impunidad y el desarrollo de los juicios deben acelerarse (*)
(*) material producido por Amnistía Internacional
En la víspera del 33 Aniversario del golpe de Estado que se dio en Argentina en 1976, Amnistía Internacional señala que la lucha contra la impunidad debe acelerarse en el país, así como el desarrollo de los juicios relacionados con las violaciones de derechos humanos del pasado.
Las cuestiones relacionadas con la justicia, las reparaciones y el conocimiento de la verdad deben ocupar un lugar destacado entre los objetivos de una sociedad. Si bien se reconoce que ha habido importantes avances en este sentido, ya que se han llevado a cabo y se han culminado diversos procesos judiciales, las investigaciones y los enjuiciamientos derivados de ellas deben continuarse, con mayor celeridad, para encontrar la verdad y la justicia. Según señaló el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio del año pasado, cuando visitó Argentina, existen cerca de 1,000 causas penales en proceso.
“La defensa de los derechos humanos en la actualidad no puede desprenderse de la búsqueda de la verdad y la justicia de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado”, señala Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Argentina.
Amnistía Internacional ve con preocupación las amenazas contra personas relacionadas con los procesos judiciales. Desde la vuelta al gobierno civil en 1983, abogados, familiares de las personas que desaparecieron mientras el país estuvo bajo el gobierno militar y miembros de organizaciones no gubernamentales que investigan esas desapariciones han sufrido amenazas, acoso y agresiones. Ésa es una realidad que ha continuado también en los últimos años.
Amnistía Internacional considera que la protección de la seguridad de las víctimas, testigos y sus familiares constituye un aspecto fundamental del debido proceso reconocido en la Constitución Nacional Argentina. En consecuencia, las autoridades deben garantizar que las víctimas, testigos y sus familiares involucrados en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos sean protegidos de cualquier amenaza, represalia o daño contra sus personas. Argentina cuenta con la lamentable desaparición, el 18 de septiembre de 2006, de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz –exdirector de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, declarado culpable de asesinato, tortura y secuestros durante la dictadura militar-.
Amnistía Internacional estima que el Estado Argentino debe Implementar un Programa Nacional de Protección de Testigos, Familiares y Víctimas de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos y dotarle de recursos suficientes para su correcto y efectivo funcionamiento. También debe investigar las desapariciones y amenazas contra las víctimas, testigos y familiares de los procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos; y dar a conocer públicamente la investigación y sus resultados.
“Las víctimas de tortura, de desapariciones y las miles de personas que vieron su derechos fundamentales violados durante la dictadura exigen justicia; y el Estado argentino tiene la obligación de otorgarla con celeridad y avanzar en la lucha contra la impunidad”, agrega Barca. |
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