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04 » May 2009 |
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Para que los sordos escuchen |
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El implante coclear es una solución para las personas sordas que, de ser operadas en la niñez, pueden llegar a escuchar. Es cierto que muchos sordos prefieren cargar con su problema y adaptarse con sus armas a los desafíos que plantea la sociedad, en toda su complejidad. Es más, hace un tiempo chicos sordos de la escuela especial 3 de Neuquén me dijeron que no quieren el aparato y que -en cambio- esperan la oportunidad de lograr trabajos "normales" para demostrar que pueden ser tan o más buenos que el más calificado. A la vez, me demostraron con letal contundencia cómo manejan los teléfonos celulares y los mensajes de texto, además de las computadoras y otras formas de comunicación relacionadas con las nuevas tecnologías.
En fin, todos tenemos el derecho de elegir. El problema es que si bien existe una ley que obliga al Estado a hacerse cargo del implante, éste no lo hace.
Lo que sigue es información producida por el diario "El Tribuno" de Salta y editado por Capítulo Infancia de Periodismo Social.
Argentina no cumple la ley para evitar la sordera infantil
No menos de 100 mil pesos argentinos cuesta hoy el módulo para un implante coclear, una práctica moderna y compleja para posibilitar que un niño sordo deje de serlo. Al tiempo que Argentina tiene una ley, que si se cumpliera evitaría a un gran porcentaje de pacientes llegar a esa instancia extrema.
Ese fue uno de los llamados de atención del 11º Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, que desarrolló hace pocos días en la ciudad de Salta, con sede en el Centro de Convenciones de Limache. La otorrinolaringología, como se sabe, es la disciplina médica especializada en oídos, nariz y garganta.
En este ámbito, los especialistas consultados por El Tribuno se mostraron preocupados por el aumento de la demanda de implantes cocleares, una prótesis que posibilita oír a los sordos. Y en la gran mayoría de los casos el paciente recién accede tras ganar un juicio en tal sentido ante la Justicia.
El caso es que desde hace 8 años, por ley nacional, todos los niños que nacen en Argentina, en la parte pública y privada, deben acceder a una prueba diagnóstica para detectar precozmente alteraciones en la audición. El estudio se llama "de otoemisión acústica" o "potenciales evocados auditivos automáticos".
Jorge Dib, presidente del congreso y titular de estos especialistas en Salta, reconoció que "el estudio es obligatorio a todo recién nacido. La ley está, pero no se cumple". |
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