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Domingo 4 de junio de 2006
   Editorial
Crimen y castigo
Con fruición indisimulada, muchos han tomado el fallo de una Corte del Estado de Texas que declaró culpables a los máximos directivos de la empresa Enron de fraude y conspiración por evidencia de que, gracias en buena medida al presidente George W. Bush, el capitalismo norteamericano está irremediablemente podrido. Sin embargo, el que a multimillonarios con excelentes relaciones con los políticos más poderosos de su país les aguarden décadas entre rejas por haber defraudado a sus empleados y a los accionistas muestra que en Estados Unidos por lo menos ningún empresario, por rico que fuera, puede considerarse por encima de la ley.  Aunque en la superpotencia no son muy frecuentes los prejuicios ideológicos contra el empresariado que son tan comunes no sólo en nuestro país sino también en otros de América Latina y Europa, lo que no se tolera es que se burlen de las reglas del juego. En el caso de que sean descubiertos, van indefectiblemente a la cárcel sin que a nadie le importe un bledo su amistad con integrantes destacados del mundo político.
Siempre y cuando no se viera acusado de actuar como un gánster, extrañaría que un hipotético equivalente argentino de los directivos de Enron, es decir, un multimillonario de apariencia muy respetable conocido por sus vínculos con el presidente de la República de turno, compartiera el mismo destino de Kenneth Lay y Jeffrey K. Skilling, dos hombres que en septiembre recibirán condenas severas por los delitos que cometieron. Puesto que en nuestro país ningún evasor impositivo significante tendría por qué temer pasar el resto de su vida en una celda, resultaría poco probable que ello sucediera, aunque no lo sería que tuviera que pagar un precio muy elevado un malhechor notorio por su oposición al movimiento hegemónico de turno. No sólo en la Argentina sino también en la mayoría de los demás países de América Latina en los que la corrupción es sistémica, los empresarios inescrupulosos siempre pueden confiar en que sus amigos políticos sabrán protegerlos si se encuentran en dificultades legales.  Lo mismo puede decirse de Rusia y, hasta cierto punto, Francia e Italia donde hay una relación estrecha entre el poder político y las figuras más eminentes del sector privado.
Acaso la diferencia principal entre el “capitalismo salvaje” y la versión domesticada no consista, como tantos suponen, en el grado de intervención estatal en el manejo de la economía, sino en la voluntad de las autoridades de hacer respetar la ley. En aquellos países que por razones que podrían calificarse de culturales están comprometidos con la libertad económica, suele entenderse que esto no quiere decir que los más ricos y, es de suponer, más dinámicos, tengan derecho a despreciarla. En cambio, en los habituados al intervencionismo estatal, la participación inevitable de funcionarios y políticos en los esquemas ideados con el propósito de estafar al público hace mucho más difícil cualquier intento de asegurar que las palabras “seguridad jurídica” tengan un sentido real porque el colapso de una empresa vinculada con un gobierno tendría repercusiones mucho más fuertes que las provocadas por el caso Enron, a pesar de los esfuerzos de tantos por involucrar al gobierno de Bush debido a la relación personal de éste con Lay.
Por desgracia, siempre habrá empresarios deshonestos por la misma razón que siempre habrá funcionarios y políticos corruptos, de suerte que es de prever que en el futuro estallen más escándalos como el causado por la conducta de los directivos de Enron, una empresa gigantesca que estuvo entre las siete mayores del país más opulento del mundo. Sin embargo, también es de prever que en el caso de que sean detectados los responsables pagarán por sus crímenes, lo que no sucedería en la mayoría de los países del mundo en que luego de pensar en los posibles costos políticos, personales y económicos de dejar caer una empresa considerada clave los gobernantes se movilizarían a fin de brindar protección a sus socios. Aunque no hay duda de que el caso Enron afectó de manera negativa la imagen internacional del capitalismo norteamericano, en los propios Estados Unidos las consecuencias han sido más matizadas porque, como el fallo de la Corte texana le recordó a la ciudadanía, la Justicia, indiferente a las eventuales presiones políticas, sigue funcionando como es debido. 

 

 

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