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Desde hace años se da por descontado que no habrá forma de mejorar la seguridad ciudadana en el país hasta que la Policía Bonaerense sea depurada de elementos que, si bien suelen combatir la delincuencia menor, colaboran con los notorios piratas del asfalto y otros criminales, además de estar involucrados en actividades que suelen calificarse de mafiosas como las supuestas por el juego y la prostitución. Así las cosas, es inevitable que se hayan tomado las sucesivas purgas ordenadas por León Arslanian, el ex camarista que está a cargo del ministerio de Seguridad provincial, por intentos de eliminar la corrupción que infesta la organización policial más poderosa del país. Que la corrupción haya sido y acaso siga siendo un problema muy grave de la Bonaerense no parece admitir discusión, ya que con cierta frecuencia se revela que ex comisarios resultaron ser dueños de una fortuna personal que no correspondía con sus ingresos oficiales, pero por motivos comprensibles Arslanian ha preferido atribuir la purga más reciente, en la que 72 efectivos de alto rango, entre ellos superintendentes, comisionados y capitanes, pasaron a retiro, 42 se vieron puestos en disponibilidad y cinco que están bajo investigación penal fueron declarados prescindibles, a la voluntad del gobierno bonaerense de llevar a cabo una reforma global con el propósito de modernizar la fuerza. A partir de abril de 2004, mes en que retomó su función como mandamás de la seguridad en la provincia más poblada, Arslanian ya ha llevado a cabo ocho purgas. Pocos creen que la anunciada el viernes será la última.
Lo que Arslanian y el gobernador Felipe Solá tienen en mente es una reorganización drástica no sólo para que la Bonaerense sea mucho más profesional sino también para que se desarticulen las redes de complicidad que responden a los “caciques” o “porongas” que por alguna que otra razón son considerados líderes natos. Según Arslanian, el gobierno quiere que todos los jefes “sean fungibles e intercambiables”, sin estar “atados a otras lealtades”, y para hacer más profunda la reorganización agregó 14 nuevas departamentales a las 18 que ya existían. Desde el punto de vista del gobierno provincial son muchas las ventajas de contar con una fuerza policial en la que los lazos personales entre los integrantes carezcan de importancia, pero esto no significa que –en el caso de que resultara posible formar una– la organización aséptica, de características burocráticas del tipo que les parece deseable, sería más eficaz que la actual.
Bien que mal, tanto la fuerzas militares como las policiales no pueden funcionar de modo adecuado a menos que los jefes sean respetados por algo más que su jerarquía formal o la cantidad de diplomas que han logrado acumular. Por depender la vida misma de lo que hacen o no hacen sus compañeros, siempre es necesario que los hombres y mujeres que las integran sientan un grado de confianza mutua que es superior al supuesto por los códigos escritos. Si bien en la Bonaerense los vínculos personales de esta clase han sido aprovechados por corruptos, esto no quiere decir que sean intrínsecamente malos o que sea realista el proyecto de una fuerza policial en la que no incida para nada la solidaridad que sienten los oficiales hacia los demás uniformados. También puede cuestionarse la noción de que los jefes tengan que ser “intercambiables”, es decir, que en adelante se acostumbren a ser trasladados con frecuencia de un lugar a otro y a desempeñar funciones distintas, de este modo reduciendo el riesgo de que se formen grupos mafiosos o que luego de permanecer años en un distrito determinado un jefe se convierta en cómplice de los malhechores locales. Como acaban de recordarnos aquellos legisladores que aprobaron sin debatirla una ley destinada a defender a los empleados de modificaciones de sus condiciones de trabajo, a nadie le gusta demasiado ser tratado como una pieza anónima de una maquinaria impersonal, sentimiento éste que, como es natural, comparte la mayoría de los policías. Convendría que Arslanian y Solá tomaran en cuenta dicha realidad: aunque está claro que las reformas que están impulsando tienen su lado positivo, su aplicación a rajatabla podría llevar a la desmoralización de lo que, al fin y al cabo, es la fuerza policial más grande del país.