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El camionero Hugo Moyano no se equivoca cuando afirma que Roberto Lavagna “no tiene la capacidad de controlar la inflación” y que por lo tanto trata de “buscar culpables” del fenómeno, entre ellos, el propio Moyano y, huelga decirlo, los dueños de los supermercados, los exportadores de carnes, lácteos y otros malhechores que el ministro de Economía está procurando multar quitándoles reintegros impositivos. A pesar de tales medidas y de las a menudo virulentas amonestaciones oficiales, se prevé que el índice de inflación correspondiente a noviembre se aproxime al uno por ciento y hay quienes vaticinan que el de diciembre sea del dos por ciento, un guarismo que en muchos países avanzados sería considerado excesivo para un año entero. Lo que es peor aún, pocos dudan de que antes de la Navidad se intensifique la sensación de que en realidad los precios están subiendo a un ritmo que es muy superior al registrado por el INDEC porque, según diversas organizaciones de defensa del consumidor, las fiestas costarán el cuarenta por ciento más que el año pasado. También serán mucho más caras las vacaciones de verano para quienes están en condiciones de disfrutarlas.
Que el crecimiento fuerte de la economía se haya visto acompañado por una subida generalizada de los precios no debería sorprenderle a nadie. La gran devaluación concretada por el gobierno de Eduardo Duhalde fue “exitosa” en el sentido de que no fue seguida por un estallido inflacionario porque depauperó a más de la mitad de la población del país, lo que obligó a los comerciantes a vender barato. Sin embargo, desde entonces, la economía ha crecido el treinta por ciento y, si bien el reparto de la bonanza ha sido llamativamente inequitativo, los que forman parte de una minoría favorecida tienen más dinero para gastar que tres años atrás.
Otro factor es la voluntad de Lavagna de subordinar casi todo a mantener un dólar muy alto, a diferencia de sus homólogos del Brasil y de Uruguay que optaron por permitir que sus monedas respectivas se apreciaran frente a la divisa estadounidense, sin por eso sufrir ninguna pérdida de competitividad. Puesto que el ministro está tan comprometido con la política así supuesta, no es demasiado probable que la modifique mucho en los meses próximos, aunque ya se habrá dado cuenta de que los “productivos” bonaerenses no han aprovechado la oportunidad para convertirse en máquinas de exportar. Antes bien, se han limitado a presionarlo para que no piense en dejar que el peso encuentre su nivel real que, se dice, estaría entre el 2,20 y el 2,40 de cara al dólar estadounidense.
Cuando una economía crece a gran velocidad, la amenazará la inflación a menos que la productividad mejore a un ritmo similar, pero parecería que esto no está sucediendo porque luego del bajón del 2002, las empresas tuvieron mucha capacidad instalada que no usaban. En la actualidad, en cambio, sectores significantes ya están operando a pleno, de suerte que los aumentos futuros de la producción dependerán de las inversiones que, como Lavagna mismo subrayó en varias ocasiones, distan de ser suficientes, motivo por el cual entenderá que el crecimiento rápido no podrá prolongarse por un tiempo indefinido, aunque otros miembros del gobierno, convencidos de que una tasa anual de inflación es un precio módico a pagar por una tasa de expansión del nueve por ciento o más, se opondrían a medidas destinadas a enfriar una economía que está mostrando síntomas de recalentamiento.
Si bien sindicalistas como Moyano se aseveran aliados del presidente Néstor Kirchner, no por eso dejarán de promover paros en un esfuerzo vano por asegurar que los salarios aumenten más que los precios.
Puede que por ahora no haya riesgo de que el país experimente tasas de inflación equiparables con las registradas durante décadas antes de la puesta en marcha del plan de convertibilidad, pero así y todo, serían necesarias medidas muy firmes para impedir que la tasa actual resulte crónica, lo que, además de desatar conflictos laborales constantes y hacer aún más tóxico el clima de negocios, perjudicaría mucho a más de la mitad de la población cuyos integrantes ya viven por debajo de la línea oficial de pobreza, y están tan cerca de ella que un aumento que otros apenas percibirían, bastaría como para hundirlos.