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Jueves 27 de octubre de 2005
   Opinion

Los casos "Boggiano"y "Mendaña": algunas reflexiones comunes

 

por Pablo A. Gutiérrez Colantuono, especial para "Rio Negro"

En el marco de nuestra República los ciudadanos asistimos con menuda frecuencia a diversos fenómenos políticos que tienden a debilitar nuestras instituciones, sin advertirse la magnitud del daño que se provoca.

El acceso en condiciones dignas y de pleno disfrute de la educación, la salud, el empleo, la seguridad social, son tan sólo algunos de los derechos fundamentalmente humanos que han sido sistemáticamente limitados o desmantelados desde las esferas del poder. Es que sin dudas nuestro país se contextualiza políticamente en una Latinoamérica llena de cíclicos avances y retrocesos que impactan en la desprotección de aquellos derechos, que por ser humanos, poseen una especial protección mas allá de los ordenamientos jurídicos de cada país.

Se desconoce así la conformación de una suerte de orden público internacional que afianza desde las normas y su aplicación, las obligaciones asumidas por cada Estado en materia de derechos humanos cuya protección debe ser garantizada prioritariamente desde el poder. En el caso de la Argentina, y esencialmente a partir de la reforma constitucional de 1994, nuestro país se ha obligado a través de la incorporación con jerarquía constitucional de los Tratados de Derechos Humanos, a adoptar en la actividad de los poderes del Estado una conducta concurrente que garantice el núcleo básico de los derechos fundamentales del hombre.

Los jueces poseen desde tal perspectiva constitucional la noble y difícil tarea de efectivizar el disfrute de tales derechos a través de sus fallos, los cuales deben ser consistentes con la cobertura que, en el caso, brinda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus interpretaciones y aplicaciones de los Tratados. En tal realidad, la función de los jueces se revaloriza a partir de su inserción mayor en el terreno de la protección de los derechos fundamentales del hombre. Sus opiniones transformadas en sentencias, son la concreción para el ciudadano de aquellas garantías recogidas en catálogos normativos que a muchos parecen distantes.

De allí que el enjuiciamiento a los jueces y magistrados judiciales por sus "opiniones" tienda a socavar su independencia e imparcialidad, transformando al listado de derechos y garantías en simples enunciados vacíos de contenido. Se destruye así, simultáneamente, un sistema judicial que tiene por objeto principalísimo asegurar la vigencia sustancial de los derechos del hombre.

En tal sentido, hay dos casos recientes en materia de enjuiciamiento de funcionarios judiciales que por su trascendencia han merecido la atención de nuestra sociedad, nacional y local: el caso "Boggiano" y el caso "Mendaña". En ellos me detendré, para intentar acercar algunas reflexiones desde el vértice de la República y de la trascendencia que los mismos adquieren frente al interés general. En el caso "Boggiano", se destituyó recientemente a quien fuera juez de la Corte Nacional, con sustento formal en las opiniones por él vertidas en determinados juicios.

La razón no escrita ni debatida por sus "jueces", pero sí por el poder político en los medios, ha sido su pertenencia a la denominada "mayoría automática menemista". Ambas causales, real y aparente, frente a los mecanismos republicanos, revisten el mismo nivel de gravedad que se convierten en un severo ataque a la independencia del poder judicial.

Resulta tan ilegítimo destituir a un juez de la Nación por sus fallos como por razones de estricta política partidaria. Salvo, claro está, que aquellos sean producto de maniobras ilícitas. ¿ Y el caso del fiscal Mendaña? Este, más conocido en la región, se ha convertido para algunos en la lucha por la independencia del Poder Judicial Provincial, para otros en un mero "capricho" corporativo. Se discuten, formalmente, acusaciones en su contra vinculados a "tamaños de canillas", cantidad de metros de tierras sobrantes que salvo al propietario a nadie parecen interesar en el municipio capitalino -casos de estos hay cientos en el ejido municipal- y finalmente, su pertenencia a organismos no gubernamentales que aparentemente lo distraen de sus tareas habituales. Informalmente, una segunda acusación, no escrita, discurre bajo la idea de independencia profesional que encarna dicho Fiscal Penal al tiempo de ejercer el Ministerio Público (condición esta resaltada aún por sus más acérrimos críticos). Y quienes lo juzgan, jurado de enjuiciamiento, han entendido que nadie ( incluyendo el poder judicial) puede revisar sus decisiones hasta tanto se dicte la pertinente sentencia.

Importa remarcar en ambos procesos el eje común en el que han centrado tanto Boggiano como Mendaña sus más enérgicas críticas e impugnaciones: la falta de imparcialidad de los "jurados". Ambos enfatizan trasfondos políticos partidarios, a la vez que acreditan sobradamente violaciones de garantías mínimas y que transforman en nulos e injustos sus juicios. A ello cabe agregar una observación no menor en tales juicios, la cual radica en la ausencia de coherencia institucional. Es que quienes desde lo partidario repudian por ilegítimo el caso "Mendaña" sostienen a nivel electoral alianzas con protagonistas que impulsaron, enjuiciaron e inhabilitaron de por vida a Boggiano. Y, por el contrario, quienes apuntalan políticamente el jury local comparten escenarios con quienes abogan por la inocencia de Boggiano. Esto marca una vez más el quiebre ético de nuestra dirigencia, ya que los principios básicos de nuestra República no pueden ser objeto de concesiones en tiempos de alianzas electorales; éstas cobran sentido a partir de la vigencia de aquella y no a la inversa como pretenden muchas veces enseñarnos. En este contexto, no es menor remarcar el responsable aporte que efectúan las organizaciones intermedias o no gubernamentales. Ellas intervienen como formadores de opinión buscando la sustentabilidad de las instituciones del Estado. Propósito noble, al cual nuestras universidades deben sumarse con sus opiniones y dictámenes producto del saber científico pero esencialmente humanista y realista.

En especial, la ciencia del derecho debe ser entendida como una herramienta al servicio de la realización del hombre en un estado social y constitucional de derecho; y la justicia debe ser defendida como el vehículo que posibilita y garantiza el real goce de los derechos fundamentales del hombre. Sostener la independencia judicial, por consiguiente, es sostener la vigencia de nuestros derechos.

No se trata de negar los mecanismos de control de la conducta de los funcionarios judiciales; por el contrario, estos deben activarse en defensa de la comunidad toda en un marco de asepsia partidaria garantizándose la imparcialidad de sus juzgadores. Para desde allí, analizarse todas y cada una de las conductas que merezcan ética y jurídicamente el pertinente reproche. Los casos "Boggiano"y "Mendaña" tienen una particularidad, se han transformado en síntomas del debilitamiento republicano. Sus efectos se expanden más allá de sus "propios intereses" e independientemente de sus conductas.

 

 

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