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Jueves 16 de junio de 2005
   Nacionales

Media sanción para derogar leyes secretas

La aprobó el Senado por unanimidad. En el país existen 146. De ellas, 64 están derogadas.

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El Senado votó por unanimidad la derogación de las leyes secretas.

BUENOS AIRES.- El Senado derogó hoy las 146 leyes secretas que habían sido sancionadas en la Argentina desde 1891 hasta la última dictadura militar, como consecuencia de la polémica abierta a raíz de las denuncias sobre el pago de sobresueldos en el Estado.

"No contienen nada misterioso, nada que deba ser ocultado", afirmó la senadora justicialista Cristina Fernández de Kirchner, tras presentar la propuesta de derogación.

La decisión del Senado, que todavía debe ser refrendada por la Cámara de Diputados, incluyó la ley secreta 18.302, que fue promulgada por la dictadura de Juan Carlos Onganía y había servido como argumento legal para el uso de los fondos reservados.

La media sanción reflejó el texto del dictamen aprobado por unanimidad la semana pasada en la comisión de Asuntos Constitucionales que en su artículo primero, deja sin efecto "el carácter secreto o reservado de toda ley qu haya sido sancionada con tal condición".

"El Poder Ejecutivo deberá publicar las leyes a las que se hace mención en el artículo 1 en el Boletín Oficial, en un plazo de sesenta días", establece el segundo artículo.

El tercer artículo prohíbe "el dictado de leyes de carácter secreto o reservado" y el cuarto punto deroga la Ley "S" 18.302 impuesta por el dictador Juan Carlos Onganía y la Ley "S" 5315/56, publicada tras la caída del segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que establecieron la distribución de gastos reservados en cuestiones vinculadas con la seguridad.

Los gastos reservados fueron modificándose a medida que se aprobaba año a año el Presupuesto de la Administración Nacional que ampliaba o reducía su distribución.

El quinto artículo establece que "los créditos de carácter reservado y/o secreto a que se refiere la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional vigente, deben ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia.

Engloba en esa definición a los recursos "inherentes a los organismos comprendidos en las leyes de Inteligencia Nacional, Seguridad Interior y Defensa Nacional", y establece que "queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a dicha finalidad".

"El control de la rendición de los gastos relativos a cuestiones de inteligencia de los organismos mencionados, queda a cargo de la Comisió Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia", finaliza la norma.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, informó los detalles del proyecto y argumentó que "existen 146 leyes secretas, de las cuales 59 son reservadas, 86 secretas y una tiene número, pero no texto".

Fernández de Kirchner indicó que, de esas leyes, 64 se encuentran derogadas y el resto tienen que ver con ascensos militares y aumentos o disminuciones del presupuesto, donaciones y convenios con otros estados, entre otras cuestiones.

"En esas leyes no hay nada misterioso. Algunas de ellas, nadie sabe por qué son secretas, como comprar vajilla para la quinta de Olivos, regalos de caballos o como la dictada durante la Revolución Argentina sobre un plan para mantener la preeminencia de la Argentina en Latinoamérica", concluyó.

El senador cordobés por el Partido Nuevo, Carlos Rossi, defendió la derogación de las normas secretas al señalar que ese debate pone al Senado "a la altura del requerimiento de la gente" y lamentó que se hubiera "tratado de justificar, en forma irresponsable la Ley 18.302 para el pago de sobresueldos".

El radical mendocino Ernesto Sanz, solicitó incluir en el primer artículo de la norma a los Decretos de Necesidad y Urgencia y los decretos delegados.

La justicialista salteña Sonia Escudero coincidió con Sanz en cuanto al tema de los DNU, argumentando que "no podría el Poder Ejecutivo Nacional dictar estos decretos que tienen, de acuerdo con la Constitución, naturaleza legislativa aunque no siguen el tratamiento de las leyes, por cuestiones de urgencia".

(Télam/ DyN)

 

 

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