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Domingo 27 de febrero de 2005
   Editorial
Un conflicto previsible
Puesto que a los integrantes del gobierno del presidente Néstor Kirchner les gusta considerarse progresistas de centroizquierda, es legítimo suponer que la razón principal, acaso la única, por la que no están impulsando la despenalización del aborto consiste en su escaso interés por enfrentarse con la Iglesia Católica. Puede entenderse, pues, la sorpresa ingrata que ocasionaron a muchos kirchneristas las palabras del ministro de Salud, Ginés González García, cuando afirmó que a su juicio hay que despenalizar el aborto porque, de lo contrario, continuarán muriendo muchas embarazadas que no puedan reunir los recursos necesarios para trasladarse al exterior y que por lo tanto se sienten forzadas a arriesgarse en clínicas clandestinas o utilizando medios caseros. Si bien la mayoría de los que conforman el gobierno habrá compartido la opinión de González García, prefirieron que guardara silencio, ahorrándose así la reacción previsible de los voceros eclesiásticos.
De éstos, el más vehemente resultó ser el obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, quien tuvo la pésima idea de no sólo acusar al ministro de “apología del delito por promover la multiplicación del aborto”, lo que desde su punto de vista podría considerarse razonable, sino que también subrayó su indignación por lo dicho por González García con una cita bíblica según la cual quien “escandalice a los más pequeños merecería que le colgasen una piedra de molino y lo arrojasen al mar”, o sea, que recibiese el mismo tratamiento que aquellos desaparecidos que fueron arrojados al mar en el transcurso de la “guerra sucia”. De este modo, se creó una situación en la que al gobierno no le quedó más alternativa que la de pedirle al Vaticano reemplazar al vicario castrense por otro que sea un tanto más respetuoso de las susceptibilidades locales, pero puesto que la decisión final dependerá del Papa, no es demasiado probable que se encuentre una salida rápida del embrollo que se ha producido.
Aunque la forma de expresarse de monseñor Baseotto difícilmente pudo haber sido menos diplomática, era de prever que cualquier alusión de un miembro del gobierno a la conveniencia de despenalizar el aborto motivaría una réplica furibunda por parte de los defensores de la actitud férreamente intransigente de la Iglesia. Al fin y al cabo, la posición del Vaticano frente al aborto no admite ambigüedades de ninguna clase: lo condena por completo sin considerar la posibilidad de que haya atenuantes, como los supuestos por la salud o la condición mental de la embarazada, por su situación económica, por su voluntad personal o por las circunstancias de la concepción aun cuando haya sido consecuencia de una violación. Conforme al mismísimo papa Juan Pablo II, la generalización del aborto en distintas partes de Europa y del resto del mundo es un crimen de lesa humanidad equiparable con el holocausto nazi. Además, no se dan motivos para suponer que la Iglesia pueda estar preparada para modificar su postura en los años próximos: por tratarse de una organización consustanciada con la que cree es la fe verdadera, no le es fácil en absoluto “modernizarse” adaptándose a la moda social e intelectual coyunturalmente imperante. Asimismo, en vista de las tendencias demográficas alarmantes que están reduciendo la población de países antes conocidos por su fervor religioso como España e Italia, en la actualidad los católicos pueden defender su actitud con planteos que son severamente pragmáticos, no sólo éticos o teológicos como fue el caso hace algunos años.
En Europa occidental la Iglesia Católica ya no está en condiciones de obligar a los gobiernos a obedecer sus mandatos, pero en América Latina aún tiene suficiente influencia como para frenar aquellas reformas que no cuentan con su aprobación. Si bien en casi toda la región la Iglesia ha perdido las batallas en torno del divorcio y es de prever que también se vea constreñida a batirse en retirada frente a quienes están en favor de más educación sexual para los jóvenes y de la mayor disponibilidad de preservativos, seguirá impidiendo que el aborto sea considerado en circunstancias determinadas el mal menor, cuando no un “derecho” universal, hasta que deje de constituir un poder fáctico fuerte que es capaz de hacer vacilar a los gobiernos más progresistas.

 

 

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