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Domingo 2 de enero de 2005
   Editorial
 
Recital de la muerte

Si bien no son muy frecuentes los incendios incontrolables en boliches atestados de jóvenes, cuando ocurren la cantidad de muertos y heridos puede resultar tan grande que el horror se siente hasta en zonas remotas del mundo que ya se han acostumbrado a las calamidades. Todos entienden que catástrofes como la que les costó la vida a 175 personas e hirió a más de 700 en Once antes de comenzar en el país el día final del año, podrían suceder en cualquier lugar en que se concentran miles de adolescentes resueltos a hacer gala de su espíritu de rebeldía mofándose de las advertencias de “los viejos”. En la enorme discoteca República Cromagnon la manía de ciertos fans crasamente irresponsables de tirar bengalas, como suelen hacer en los estadios de fútbol, se combinó con la decisión imperdonable de los dueños de mantener cerradas las salidas de emergencia para producir uno de los peores desastres de este tipo de los años recientes.
Por desgracia no será el último. A menos que se prohíban los recitales de rock en lugares cerrados siempre existirá el peligro de que por algún percance técnico o por un alarde de insensatez personal se produzca un siniestro de consecuencias trágicas. Según se informa, se habría tratado durante diez minutos de convencer al público de que “tirar bengalas acá es criminal”, por el riesgo de incendio debido al material usado para construir un techo acústico, advertencia que, de más está decirlo, fue contestada con los silbidos e insultos gruesos de quienes no estaban dispuestos a permitir que nadie les arruinara la fiesta, recordándoles que incluso cuando asistían a un concierto de rock no todo les sería permitido.
Sin embargo, el que los responsables del recital fueran plenamente conscientes de que algo terrible podría suceder debido a la conducta agresiva de algunos jóvenes hace inexplicable su falta de interés en asegurar que todas las puertas estuvieran abiertas, lo que con toda probabilidad hubiera reducido mucho los riesgos que todos corrían. Parecería que, como tantos otros en circunstancias similares, los responsables suponían que el poder atribuir una eventual catástrofe a la estupidez ajena los liberaría de su responsabilidad. Desde que hace poco más de once años se produjo el incendio en la discoteca Kheyvis, de Olivos, en la Capital Federal, en el que murieron 17 jóvenes, se ha subrayado una y otra vez la importancia fundamental de las inspecciones municipales de lugares tan vulnerables como República Cromagnon.
Aunque conforme a los funcionarios porteños este boliche se vio debidamente habilitado por haber cumplido con todos los requisitos, parece que el dueño y los gerentes creían que concluidos los trámites engorrosos así supuestos podrían continuar actuando a su antojo, cerrando las salidas de emergencia para que no ingresara gente sin pagar. Tal actitud desaprensiva es bastante común no sólo aquí sino también en muchas otras partes de América Latina: en agosto pasado murió casi medio millar de personas en un incendio en un supermercado de la capital paraguaya de Asunción porque los dueños mantenían cerradas las puertas por temor a los ladrones. Para combatirla es claramente necesario que haya más inspecciones sin preaviso y que de detectarse irregularidades las multas sean tan severas que ningún bolichero pensara en permitirlas: si bien puede comprenderse la voluntad del dueño de República Cromagnon de defender su negocio, no es posible comparar las pérdidas que podrían haberle ocasionado el ingreso gratuito de algunos jóvenes con los resultados catastróficos que fueron causados por su decisión o por aquella de sus empleados de convertir el local en una trampa para quienes sí pagaron la entrada.
Asimismo, de revelarse que funcionarios hayan aceptado sobornos a cambio de pasar por alto infracciones -práctica ésta que en algunos ámbitos es considerada rutinaria-, todos los involucrados deberían terminar tras las rejas. Por fortuna, en la mayoría de los casos no tendrá secuelas luctuosas el escaso respeto por los reglamentos, para no decir por el sentido común, de ciertos empresarios y funcionarios, pero cuando un desastre así ocurre las consecuencias pueden ser tan inenarrablemente terribles que en adelante todos, salvo los psicópatas, tomen las precauciones necesarias, aunque para estos 175 jóvenes ya será demasiado tarde.

 

 

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