Contáctenos
Tarifas Publicidad
Quienes Somos
Mapa del sitio
Todos los títulos Tapa de papel Ediciones Anteriores
   SECCIONES
   Tapa
   Regionales
   Municipales
   Nacionales
   Políticas
   Economía
   Internacionales
   Deportes
   Cultura y Espectáculos
   Policiales y Judiciales
   Vida Cotidiana
   OPINIÓN
   Editorial
   Carta de Lectores
   Columnistas
   Panorama Politico
   SUPLEMENTOS
   Rural
   Informática
   El Económico
   Cultural
   Energía
   INFO
   Escríbanos
   SERVICIOS
   Guía del Ocio
   Cines
   RECEPTORIAS
   CLASIFICADOS
   NECROLOGICAS
   Contactos
   Contanos tu historia
   Tarifas Publicidad
  
 
 
 

 

Lunes 29 de noviembre de 2004
   Opinion

Aumento del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia

Por Sandro Chaina (*)

Recientemente se dio a conocer la intención de algunos legisladores de impulsar el aumento de los miembros del STJ de la provincia de Río Negro. El argumento central esgrimido ha sido que ello debe hacerse en estricto cumplimiento de la Constitución Provincial y otros relacionados con el cúmulo de causas judiciales que aumentaron considerablemente en los últimos años. En realidad, podrían darse muchos argumentos y tal vez la mayoría de ellos hasta resulte válida. Lejos está la situación de ser "legítima" y que, en rigor de verdad, pareciera que responde a una decisión de carácter estrictamente político, a saber:

El trasfondo de intentar ampliar los miembros de la Corte provincial se me aparece como el corolario de la impunidad institucional. No estamos hablando de la elección de tal o cual juez o fiscal para la investigación de los delitos en Río Negro -y que también resulta de importancia puesto que una investigación mal realizada o un fiscal despreocupado o sin recursos suficientes conlleva a una sentencia absolutoria o, en otros casos, con penas irrisorias en relación con el delito investigado (no olvidemos por ejemplo la mega causa del Banco Provincia de Río Negro donde la pena más alta fue de tres años de prisión, donde los imputados no cumplirán arresto, y el perjuicio patrimonial rondaba los treinta millones de pesos o el negocio millonario de la TPC-Edersa-Provincia de Río Negro que supera los cincuenta millones de pesos y nadie es responsable hasta ahora ni en el fuero Penal ni en el Civil).

Todas las causas importantes, y más aún aquellas relacionadas con el erario público donde participan funcionarios con distintos niveles de responsabilidad, terminan en el STJ. Es este el órgano judicial máximo en la provincia que dictará en definitiva la sentencia final.

La importancia que reviste entonces, desde el plano institucional como poder independiente por un lado, y desde el plano garantista respecto de cada individuo en particular por el otro, es superlativa. Esos jueces resultan el último valladar, la última y más importante voz que se escuchará en un proceso judicial.

Entonces, me preocupa. Realmente me preocupa, puesto que ahora no es el Poder Ejecutivo (y eso que viene intentando hace un buen tiempo poner su pata en el Poder Judicial); tampoco es el STJ que inaugura obras, propone funcionarios y pauperiza el empleo de sus agentes con una velocidad y una voz de mando "aplastante"; sí, ése es el término más adecuado.

Ahora... es el Poder Legislativo.

Como si fuera poco esta omnipresencia del poder político en todas y cada una de las instituciones de esta provincia, se va por más, pero agudizando la intromisión, porque debe quedar claro que el Poder Judicial no se escapó totalmente de estos avatares. Y entonces aparece el Poder Legislativo diciéndonos que "ésta" es la decisión que debe tomarse.

No puedo representar en su justa medida qué anima a algunos legisladores del bloque de Encuentro a impulsar la ampliación del número de jueces del STJ, sí puedo representarme qué puede llegar a pasar de concretarse la medida. Incluso ya se está hablando de que uno de los jueces para ocupar ese cargo es de Cipolletti y que una reconocida legisladora del radicalismo sería el número cinco. Esto, que podría ser sólo un rumor en ámbitos tribunalicios, demostraría la confirmación de dos supuestos: primero, que el número de jueces efectivamente se va a ampliar y, segundo, que los nombres ya están escritos.

Me preocupa, realmente me preocupa.

Porque la Constitución Provincial se viola sistemáticamente en situaciones de lo más variadas, como la no cobertura de la obra social ante la enfermedad, las quitas salariales a los empleados públicos; el no respeto al derecho de huelga; el manejo indiscriminado de planes sociales; la construcción deplorable de casas de empresas amigas del poder gobernante; el millonario sobrecosto en la tarifa eléctrica que pagamos todos los usuarios y otros muchos que se podrían agregar a la lista, resultando tan importante (o tal vez más) que el Ipross brinde una prestación a la que está obligada, como designar dos jueces más. Y no existe un correlato que permita avizorar el mismo "celo institucional" respecto del avasallamiento permanente de la dignidad de los rionegrinos.

Y entonces no es la Constitución, porque ese argumento de que "debe" ser de tres a cinco miembros la composición del STJ solamente indica el número impar pudiendo ser tres o cinco -o cuatro, como ilustradamente apuntó un amigo-, pero en manera alguna autoriza a interpretar que "deben" ser cinco miembros.

La ley que responde desde su concepción, desde el embrión, a intereses de la comunidad siempre tiene esa raíz que la distingue: representa la voluntad de la gente. En esa inteligencia, con matices ideológicos por cierto, el legislador vuelca en el papel lo que recoge del pueblo, lo tecnifica, lo sistematiza y lo convierte en una ley. Esta construcción de la norma jurídica, y en este sistema representativo, tiene como figura descollante al legislador, llamado también a poner contrapeso al avance de los otros poderes y autoimponiéndose límites en su accionar a fin de no invadir la esfera de los restantes dos poderes (en definitiva, la idea es que se invadan "lo menos posible", digamos). Dudo seriamente que esta medida esté representando el interés de la comunidad. Las urgencias son otras. Se podrán nombrar muchos funcionarios, ministerios, secretarías, subsecretarías, comisiones, técnicos, etc. etc., pero si el conflicto social subsiste, se demuestra acabadamente que el problema no se resuelve (o que la medida directamente no respondía a la necesidad del problema y sí a otras necesidades). Y cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.

Si es el Poder Legislativo quien impulsa una medida como la expuesta, con la incontrastable realidad que el Poder Ejecutivo tiene mayoría, no sólo en la Legislatura sino en el mismo seno del Poder Judicial y en los Consejos de la Magistratura... no sé muy bien qué pensar respecto de quienes serán los verdaderos beneficiarios de estos intereses en juego en la decisión política.

Me parece que hay que agudizar el oído. Estar atentos. Se vienen las fiestas, aparece Papá Noel y hasta es probable que los Reyes Magos se den una vueltita por esta provincia. El espíritu navideño puede traer algunos anuncios.

 

(*) Abogado

 

 

Buscador

Es una publicación de Editorial Rio Negro SA.Todos los derechos reservados
Copyright 2004