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Lunes 29 de noviembre de 2004
   Editorial
 
Tolerancia perversa

En opinión del piquetero oficialista Luis D’Elía, el presidente Néstor Kirchner no tiene poder porque no impidió que el juez federal Jorge Urso ordenara su detención inmediata en cuanto se viera privado de sus fueros como diputado provincial. El comentario refleja las ideas primarias no sólo de D’Elía sino también de otros que se resisten a entender que en un Estado de derecho todos, incluyendo al presidente, han de someterse a la ley. Quienes piensan de tal modo dan por descontado que en última instancia todo debería depender de la voluntad del jefe máximo de turno. Si éste ni siquiera está en condiciones de ayudar a sus amigos cuando su conducta les ocasiona problemas con la Justicia, será porque “el poder lo tienen los grupos económicos” u otras manifestaciones del mal. Se trata de una mentalidad que es típica de sociedades proclives a entregarse a dictaduras unipersonales que antes era frecuente en la Argentina pero que, por suerte, en la actualidad se ve limitada a sectores marginales.
Con todo, si bien hemos progresado en este sentido, sigue incidiendo en la conducta de muchos militantes políticos una versión un poco más sofisticada del planteo de D’Elía, según la cual delitos cometidos en nombre de una causa considerada buena deberían ser tolerados. Es lo que pretenden aquellos piqueteros que se creen con derecho a extorsionar a empresarios, cortar rutas e intimidar a quienes no comparten sus puntos de vista. Durante años, los gobiernos tanto nacionales como provinciales, con el respaldo de sectores ciudadanos significantes, consintieron a los piqueteros por suponerlos “víctimas” de las circunstancias y que no eran realmente responsables de sus propias acciones. Por fortuna, parecería que de resultas del fastidio que siente la mayoría por los atropellos de las organizaciones piqueteras, los políticos han llegado a la conclusión de que no les convendría continuar tratándolos como si encarnaran una especie de castigo por los pecados de gobernantes anteriores que el país debería soportar con ecuanimidad porque, al fin y al cabo, todos son culpables.
Ya que parecería que los piqueteros están batiéndose en retirada, los sectores peronistas gobernantes podrían sentirse tentados a felicitarse por haber resuelto de forma pacífica el problema que representaban, incorporando a algunas fracciones en sus aparatos clientelares y desmoralizando a otras hostigándolas judicialmente, mostrándoles que sus actividades no les reportaban beneficios concretos y enfrentándolas con evidencia de que habían perdido la simpatía del grueso de la ciudadanía. Sin embargo, aun cuando los piqueteros dejaran de molestar a los demás, esto no querría decir que se hayan resuelto los problemas sociales que posibilitaron la irrupción de movimientos encabezados por individuos que, con sinceridad o por oportunismo, lograron aprovechar la situación de millones de personas que se sentían abandonadas por el resto del país. Puede que los planes Trabajar improvisados por el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde y repartidos según criterios arbitrarios hayan contribuido a atenuar las penurias de los “excluidos”, pero sólo se ha tratado de una medida de emergencia, de una suerte de dique de contención erigido por motivos políticos, no de una solución permanente.
Mucho más serios que los problemas provocados por los piqueteros son los planteados por los millones de hombres y mujeres que por deficiencias educativas o por otros motivos no están en condiciones de encontrar empleos en la economía actual y que tendrían grandes dificultades para insertarse en una que fuera un tanto más avanzada. Aunque la mayoría de los políticos y funcionarios entiende que es urgente intentar prepararlos para un futuro que podría serles mucho más exigente que el presente, los programas en tal sentido que se han puesto en marcha son penosamente inadecuados. Asimismo, existe el peligro de que el gobierno tome el repliegue piquetero por una señal de que la llamada exclusión social no es tan grave como antes, cuando lo único que probaría sería que los que, con ingenuidad, confiaban en mejorar sus perspectivas mediante la militancia callejera se resignaron a la miseria que, sin una ofensiva educativa en gran escala, será el destino de muchos.

 

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