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Jueves 23 de setiembre de 2004
   Opinion

Inquietudes para la reforma procesal civil en Río Negro

Por Miguel Angel Cardella (*)

En el seno del Poder Judicial de Río Negro, a instancias de su Superior Tribunal de Justicia, se ha constituido una comisión para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Integrada en forma exclusiva por jueces, tiene como temario modificaciones parciales a dicho Código. Ya en 1988 el mismo Tribunal y con otra integración planteó algunas de estas inquietudes, dando una interpretación correcta a la nueva constitución.

Pero, ¿para qué sirve el Código Procesal? Con fundamento en garantías constitucionales tales como el acceso de los ciudadanos a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa y, si desacralizamos el concepto, afirmamos que establece reglas claras de juego por las cuales los particulares someten sus conflictos a un juez para que los resuelva.

En estas circunstancias los abogados debemos opinar y hacer saber nuestras ideas, porque nosotros también trabajamos día a día con ese conjunto de reglas de juego que se llama Código Procesal, desempeñando una función social en la lucha por el fortalecimiento de las instituciones, del Derecho y la defensa de valores esenciales como la justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la paz social.

Rescatamos y reforzamos el aire fresco que todo proceso reformista trae aparejado, mas sostenemos que las reformas deben ser estructurales y no parciales. Las parciales con el tiempo se transforman en una sumatoria de parches y distorsionan, en definitiva, la intencionalidad primera.

Una reforma estructural significa abordar e implementar aspectos tales como:

a) oralidad, b) nuevas salas de audiencias y oficina judicial, c) cambio de mentalidad en el juez, sus empleados y los abogados, d) métodos alternativos de resolución de conflictos, e) medidas cautelares, f) capacitación continua (léase escuela judicial y educación pública), g) establecer un plan edilicio para los juzgados y tribunales de las cuatro circunscripciones judiciales.

La oralidad es esencial en el juicio. Expresión cultural de Occidente, nace en Grecia y Roma y es en ese sistema latino que también se funda el anglosajón. Nuestro sistema escrito es herencia del proceso español, estructural y cerrado o limitado y constreñido más a las formas que a la verdad. Resulta así una carrera con obstáculos para el ciudadano que reclama contra otro. Tan aberrante que busca la verdad "formal" antes que la verdad "real". En suma, una injusticia plagada de formalidades puede dar lugar a una buena sentencia técnica. La verdad escrita se aleja del juzgador por la sucesión de intermediadores: un ciudadano le cuenta su problema a su abogado, éste se lo transmite a un juez en forma escrita mediante un texto que el magistrado no lee de inmediato, sino al momento de dictar la sentencia. Las pruebas se agregan a un expediente que adquiere un volumen de papel indeseado y poco práctico. Los testigos realizan sus declaraciones en distintos días -lo normal es que el juez no lo interroga, sino que lo hacen los abogados de la contraparte frente a un empleado del juzgado-.

Si la oralidad implica un profundo replanteo, éste trae aparejado un cambio estructural que, necesariamente, tiene que reflejarse en un nuevo diseño de las salas de audiencias en las que el juez debe escuchar en forma directa el reclamo del ciudadano asesorado por su abogado. Esta inmediatez implica, más allá del espacio físico adecuado, que el juez esté presente en su despacho en el horario judicial y que, además, conozca de antemano el asunto que está en sus manos, a fin de establecer y/o permitir sólo aquellos actos necesarios para el proceso, dejando de lado todos los innecesarios y dilatorios. En esa sala y en un mismo día deben prestar declaración no sólo los testigos, sino además los peritos como auxiliares de la administración de justicia. La audiencia por la cantidad de concurrentes puede ser grabada o filmada para tener un registro fiel de sus pormenores. Es de esta manera que se pone de manifiesto lo contradictorio del reclamo, donde un tercero imparcial que ofrece como servicio el Estado, resuelve la cuestión, es decir, el juez dicta su sentencia. Los recursos ante la Cámara de Apelaciones e incluso el propio Superior Tribunal de Justicia deberían ser orales, donde los jueces puedan escuchar los alegatos de los abogados y además contar con facultades de interrogarlos (eso sucede hasta en la propia Corte Suprema de los Estados Unidos).

Si avanzamos en la reforma estructural también se requiere de un nuev diseño de oficina judicial. La organización de nuestro sistema es similar a la que tenía hace 100 años. La incorporación tecnológica es sin duda un aporte positivo a la estructura judicial, pero su resultado será inocuo para el sistema si carece del acompañamiento humano. Será imprescindible entonces, para un desarrollo acorde con los tiempos, la posibilidad de contar con la firma digital para presentar escritos que se agreguen al expediente judicial. De tal modo, nuevas salas de audiencias y de modelo de oficina judicial van de la mano de un plan edilicio para los juzgados y tribunales de las cuatro circunscripciones judiciales.

También es imprescindible la incorporación de todos los métodos alternativos de resolución de conflictos. En ese marco y en este contexto los abogados debemos prevenir litigios y facilitar la conciliación, el arreglo extrajudicial (avenimiento, conciliación o transacción). Está en contra de nuestra misión social el fomentar litigios o conflictos, pero así no fuimos educados ni en la universidad ni en nuestros colegios profesionales. De estos métodos el más conocido en la actualidad es la mediación, pero son también importantes las técnicas de la conciliación, la transacción, el arbitraje y la mediación con arbitraje vinculante. La normativa comparada nos enseña, por ejemplo, que en la legislación de los Estados Unidos aparecieron novedosos procedimientos: el mini-juicio (mini-trial), la evaluación neutral temprana (early neutral evaluation), los jueces privados (private judging), los juicios condensados por jurados o abreviado (summary jury trial). Luego surgieron las figuras del arbitraje y la mediación y su mixtura y, por último, como gran experiencia fue creado el Tribunal Multipuertas (multidoor courthouse). Otros ejemplos tenemos de la ley de Procedimientos de Resolución Alternativa de las Disputas de Texas de 1987 y en el Estado de Florida una ley especial otorga a los jueces el poder de derivar las acciones civiles defendidas a la mediación o al arbitraje no obligatorio y concede a los contendientes el derecho a solicitar un arbitraje vinculante.

En este nuevo marco, un papel fundamental jugarán las medidas cautelares porque ningún proyecto de Código Procesal debería dejar de lado el tratamiento de la cautelar, como la antelación de la tutela efectiva previo al otorgamiento de la sentencia. La reforma debe abordar la cuestión de las medidas cautelares mediante una regulación común a todas ellas, cualquiera sea su naturaleza, incluso las de carácter positivo. Corresponderá al juzgado o tribunal determinar las que, según las circunstancias, fuesen necesarias de acuerdo con su urgencia y pretensión. Por cierto no está de más aclarar que entendemos que la justicia cautelar forma parte del verdadero derecho a la tutela efectiva, que el órgano judicial la puede y la debe ejercitar. La aparición de las medidas cautelares es la muestra reveladora de la crisis de un sistema procesal arcaico e inservible por su demora para dar satisfacciones a los justiciables, ya que los derechos de los ciudadanos no pueden estar a la merced de la generalizada lentitud del trámite judicial.

Párrafo especial merece la necesaria activación real de la Escuela Judicial que permita armonizar la formación inicial (la requerida para el acceso al cargo) con la carrera judicial y continua de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Se trata de un instituto que prevé nuestra Constitución local y propugnamos una institución más amplia y abarcativa en la composición de sus autoridades y destinatarios, en donde los abogados tengamos un rol importante en su estructura y accionar. Es en la Escuela Judicial en donde se produce el cambio de mentalidad de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial por ser, sin lugar a dudas, una herramienta para la capacitación y para el cambio. Este centro de estudios tiene que existir como motor de la optimización que los tiempos actuales requieren.

En suma, básicamente apostamos con entusiasmo a la reforma procesal civil pero, con visión más amplia, aspiramos a un cambio estructural que debiera tener como únicos fines la prestación de un cualitativamente mejor servicio de justicia y el que los ciudadanos tengan acceso más directo a ese servicio del Estado.

 

 

 

 

(*) Abogado de la ciudad de Viedma.

Doble magíster MDE y MDA.

Participó de la reforma procesal penal en el 2003.

 

 

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