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Sábado 22 de mayo de 2004
   Policiales y Judiciales

La Justicia decidió intervenir la Unidad 11 y relevar a 35 policías

Un fallo descabezó a la conducción de la cárcel donde se tortura a los detenidos. Los jueces encontraron "conductas impregnadas de sadismo" por parte de los efectivos. Tres inspectores externos deberán concurrir a la prisión todos los días e informar diariamente a las Cámaras Penales sobre las situaciones que observen. Trascienden más detalles de apremios.

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Luzuriaga, presidenta de la Cámara que dispuso la medida.

NEUQUEN (AN)- La Justicia dispuso la intervención de la Unidad de Detención 11 a raíz de las torturas sufridas por los presos. En un enérgico pronunciamiento conocido ayer, descabezó a la conducción de la cárcel, afirmó que "es evidente el ilegítimo agravamiento de las condiciones de las personas" que están allí alojadas, y atribuyó a los policías "conductas impregnadas de sadismo".

El jefe de la Policía, Walter Cofré, tendrá que remover "de inmediato" al jefe y subjefe de la mayor cárcel de la provincia, a todo el personal del temible grupo Requisa "y a todo aquel que se encuentre denunciado y/o sumariado" por los casos de torturas a detenidos. Son 35 efectivos que la semana próxima serán indagados, acusados de vejámenes contra los internos.

La Cámara Criminal Primera dispuso además que tres oficiales de mayor jerarquía que el nuevo jefe de la Unidad actuarán como supervisores externos. Todos los días, "personal y directamente" deberán vigilar lo que sucede en la cárcel e informar diariamente a la Cámara sobre lo que ocurra.

La resolución judicial le otorgó un plazo de 30 días a Cofré para que "proponga un plan inmediato para corregir el sistema de funcionamiento" de la U11, mientras que el ministro de Seguridad, Luis Manganaro, tiene tres meses para darle trabajo a los detenidos. El ocio forzado fue considerado uno de los motivos de conflictos recurrentes.

El durísimo pronunciamiento judicial precipitó los planes del gobierno provincial, que pensaba tomarse más tiempo para decidir un recambio en la conducción de la cárcel. El ministro Manganaro había dicho a la prensa que no le constaban los casos de brutalidad policial contra los detenidos, y que no tenía "nada, ni un renglón" escrito por la justicia que así lo manifestara. Ayer le llegó un oficio de 24 páginas firmado por los camaristas que describe la pesadilla que viven a diario los internos de la cárcel del Parque Industrial.

En los fundamentos de la resolución se detallan más casos de apremios ilegales que sufren los detenidos, y que se agregan a los ya conocidos y publicados por "Río Negro" (ver aparte).

El fiscal Ricardo Mendaña se mostró conforme con lo dispuesto. "Frente a una situación en la que reinaba la fuerza brutal, se decidió un restablecimiento del imperio del derecho, de la fuerza de la ley", dijo.

La Cámara que preside Cecilia Luzuriaga de Valdecantos se pronunció a raíz de un recurso de hábeas corpus presentado por los defensores Gustavo Vitale y Héctor Dedominichi, en nombre de todos los internos, preocupados por su seguridad personal.

Es que entre el 24 y el 26 de abril, como consecuencia de una protesta, los internos "fueron reprimidos con granadas de gases lacrimógenos, sumándose a la tarea personal de la policía Metropolitana y personal de requisa de la Unidad", dice el pronunciamiento de la Cámara.

A criterio de los magistrados, quedó demostrado "el mal manejo de la autoridad responsable (de la cárcel) para lograr soluciones efectivas y pacíficas".

"De los 41 internos alojados en los pabellones en conflicto, 38 resultaron lesionados en distintas partes del cuerpo, dando muestras visibles de golpes o castigos físicos inferidos en distintas y reiteradas partes (rostro, cabeza, brazos, espalda, abdomen, piernas, planta de los pies), cuya naturaleza y entidad muestra que se utilizaron distintos mecanismo de producción", agregaron.

La Cámara le dio la razón a los defensores y la fiscalía, y recordó que ya anteriormente había determinado "la existencia de abusos y maltrato policial en la U11". Pero ahora "es evidente que "la violencia del personal policial se ha potenciado".

 

"Impregnada de sadismo"

"Más aún, a través de las explicaciones dadas por el Jefe de Policía y el Jefe de Unidades de Detención, se advierte que no existen reglas claras de conducción, ni mecanismos de resolución de conflictos para abordar la problemática carcelaria; tampoco el necesario y debido contralor y supervisión de las tareas desempeñadas por el personal a cargo de la Unidad. Con manifiesta imprevisión se recurrió a medidas extremas y violentas (impregnadas de algunas conductas de sadismo), a todas luces inapropiadas (como el ingreso de personal de la policía Metropolitana), afectando de manera innecesaria e ineficaz, la convivencia pacífica de los internos, en abierta violación de sus derechos", indica uno de los párrafos más duros del pronunciamiento.

Para colmo, "ni siquiera se arbitraron los mínimos e inmediatos recaudos para prevenir futuros conflictos, permaneciendo a cargo de la Unidad 11 los mismos directivos y demás personal, inclusive el de requisa".

En consecuencia, la Cámara dispuso "la remoción inmediata de las actuales autoridades policiales que detentan la jefatura, del personal de requisa y de cualquier otro que haya estado denunciado o sumariado por los hechos de cuestión; la designación en calidad de supervisores externos de dicha Unidad, de tres oficiales de jerarquía superior a quienes sustituyan a aquellos, con el compromiso de informar de su gestión en forma diaria a las Cámaras".

También, que "se garanticen las condiciones de seguridad, salud, alimentación, higiene, normas de trato y los demás derechos individuales de los internos, previniendo eventuales represalias policiales".

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