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Miércoles 24 de marzo de 2004
   Opinion

El Poder Judicial y la publicidad de sus actos

Por Hugo Frare y Pablo Gutiérrez Colantuono (*)

Algunos hechos y actos de contenido político institucional de los últimos tiempos nos han movido a realizar algunas reflexiones en torno de cuestiones tales como la publicidad de los actos del Estado que, por imperio del desarrollo de instituciones tradicionales del orden republicano, requieren de una revisión y adecuación que el sentido común social actual exige.

Un departamento del Estado que ha sido centro de reflexiones en los más diversos sentidos, otrora exento de toda mirada social en ese aspecto, es el Poder Judicial, tanto en el orden federal como en el de las provincias.

La reciente designación dentro del sistema constitucional vigente de tres de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén; el proyecto de reforma de la Constitución de esta provincia, que contempla la creación de un Consejo de la Magistratura (art. 3º, inc. 11 y 16 de la propuesta del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia) y el plausible decreto 222/2003 de la gestión Kirchner son datos de la realidad, algunos formales y otros auspiciosos de una dirección en la operación del poder jurisdiccional, que alientan a pensar en reformas profundas y efectivas que restablezcan el vínculo sociedad civil - Estado y, dentro de éste, con el Poder Judicial.

Se enrolan en la orientación auspiciosa la Carta de derechos de los ciudadanos de la Patagonia argentina ante la Justicia, del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de las provincias de la región, y el proyecto de reforma jurisdicción apelada de la Corte Suprema, elaborado y presentado por el Grupo de trabajo sobre reformas de la Justicia en el ámbito del colegio público.

Sumamos a lo expuesto la conceptualización que ha hecho la ONU en la recientemente aprobada Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, rubricada en México el 21 de diciembre de 2003 -y su antecedente Convención Interamericana contra la Corrupción-, al definir a los jueces como "funcionarios públicos" (artículo 2 inc. a) y someterlos a la regla general de la publicidad y transparencia de sus actos. Como regla general, los jueces deben informar públicamente -con matices en punto a los alcances- sus sentencias y sus decisiones de carácter administrativo.

 

Sistemas comprometidos

 

El orden republicano, como expresión liminar del Estado de derecho o el gobierno de las reglas antes que de las personas, impone a los operadores de los poderes del Estado la necesidad de sujetar su obrar a normas de publicidad.

En este orden, el Poder Judicial, como departamento del Estado, está sujeto por lo menos a un triple orden de publicidad y transparencia, donde podremos encuadrar los hechos auspiciosos citados precedentemente.

I- Publicidad y Transparencia en los actos jurisdiccionales, administrativos y político En la Carta de los derechos ciudadanos ante la Justicia, aprobada en el marco del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia, se puede leer en el capítulo referente a "una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos" -una Justicia transparente-, el derecho de todo ciudadano a "...recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de cada uno de los poderes judiciales de las provincias de la Patagonia".

Ello comporta un avance notorio en el control, producto de una cultura republicana, en el Poder Judicial y los operadores del derecho; verbigracia, abogados, técnicos y auxiliares.

II- Publicidad y transparencia del "orden normativo integrado" por la sentencia jurisdicciona Creemos que se ha avanzado en este aspecto de la publicidad de los actos de Poder Judicial, fundamentalmente a partir de lo que ha significado el cambio tecnológico producto de la irrupción de la informática en los estrados judiciales.

Ello ha sido apuntalado con las denominadas "Reglas de Heredia" (aprobadas el 9 de julio de 2003 en Heredia, Costa Rica), adoptadas recientemente por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Es en esta regulación donde se establecieron las reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet. Allí se fijó como regla primera la finalidad de la publicidad de los actos jurisdiccionales: "...(a) El conocimiento de la información jurisprudencial y la garantía de igualdad ante la ley; (b) para procurar alcanzar la transparencia de la administración de justicia..."

La misma finalidad es la que sostiene al proyecto de reforma de la competencia de la CSJN, en donde se resalta la imposibilidad del conocimiento de la doctrina del máximo tribunal federal frente a las casi 15.000 sentencias que emite por año. Algunos parámetros alertan sobre la irracionalidad de esta situación: la Corte argentina emite 1,71 sentencias por hora durante las 24 horas del día, todo el año. La Corte de EE. UU. emite no más de dos sentencias por día en promedio, es decir, unas 700 al año.

Al igual que la sobreabundancia legislativa, este exceso injustificable atenta contra el conocimiento, la legitimidad y la eficacia de la regla judicial.

III- Publicidad y transparencia en el acceso a la función pública judicia En esta materia -en orden al proyecto de reforma de la Constitución provincial en Neuquén- no creemos necesario insistir en órganos colegiados de carácter corporativo, con una fuerte tendencia burocrática (valga la paradoja) y solapadamente cerrados, como los consejos de la magistratura para la designación de funcionarios y magistrados.

Creemos que se debe priorizar el debate público a partir del mismo en sesión pública de los cuerpos de representantes para la designación de magistrados de grado o de tribunales inferiores, debiendo agregarse -para el caso de los integrantes de las cortes provinciales- una instancia de revisión en un lapso de treinta (30) días para la designación, al estilo de la doble vuelta que prevé la Constitución de Río Negro para la sanción de leyes (conf. arts. 141 y ss.).

Proponemos, en definitiva, que en lugar de la constitución de un cuerpo colegiado corporativo -por ejemplo, un Consejo de la Magistratura- se privilegie la publicidad de la intervención de la Cámara de Diputados o de representantes con mecanismos que impongan el conocimiento de los postulantes, sus méritos y deméritos. De esta forma iremos construyendo un modelo republicano de Poder Judicial al servicio de la sociedad civil, con participación de la misma en la conformación de los cuerpos jurisdiccionales que deciden sobre sus vidas, patrimonio y libertad.

 

Profesores de Derecho Administrativo en la UNC

 

 

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