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Domingo 14 de marzo de 2004
   Regionales

Los juicios le cuestan a Neuquén cuatro millones por año

La burocracia estatal favorece el trabajo de los abogados. Sobisch quiere modificar leyes para limitar la industria de los amparos.

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Sobisch busca en la Cámara de Diputados un remedio a la industria del juicio contra el Estado.

NEUQUEN (AN).- La administración del gobernador Jorge Sobisch pierde unos 4 millones de pesos anuales por los juicios que se generan en los distintos organismos provinciales y los municipios neuquinos. Por eso, el Poder Ejecutivo presentó en febrero último un proyecto de ley para modificar un artículo de las leyes de amparo y de procedimiento administrativo.

Con esa herramienta, e gobernador busca desactivar los amparos por mora que representan sólo una de las puertas de la denominada industria del juicio contra el Estado. Desde 2000 hasta la fecha la provincia desembolsó 16.222.262 pesos por este concepto y otros, según los datos registrados en los más de mil expedientes que llegaron a la Legislatura para solicitar la reserva presupuestaria correspondiente (ver infografía). De esa torta, una parte importante se destina al pago de los honorarios de los profesionales que accionan contra los distintos organismos de la provincia y las municipalidades. Aunque los desembolsos más importantes son por indemnizaciones, accidentes de trabajo, acciones procesales administrativas y por daños y perjuicios.

Esa cifra no incluye los litigios en que las partes llegan a un acuerdo ni los montos que representan el capital y los intereses. Tampoco están, por ejemplo, el juicio que un grupo de ex magistrados jubilados le ganó al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) el año pasado por 3.600.000 pesos.

Ayer, el vicepresidente primero de la Cámara, el ultrasobischista Oscar Gutiérrez, confirmó que el miércoles tratarán el proyecto oficial en la Comisión de Asuntos Constitucionales que él preside. La iniciativa apunta a clausurar los amparos por mora que interponen los abogados, cuando el funcionario del organismo demandado con una acción judicial deja vencer el plazo de 60 días hábiles que fija la ley, y no contesta por escrito el requerimiento administrativo. Por cada amparo por mora que presenta un letrado ante un juez, el Estado debe pagar alrededor de 1.300 pesos en concepto de honorarios.

La propuesta prevé modificar ese sistema, y para lograrlo plantea incorporar una cláusula de advertencia (pronto despacho) al organismo demandado. Es decir, que además de los 60 días, le dará otra instancia para reaccionar ante el reclamo administrativo. Por otra parte, propone que, en el caso de que se presente la acción de amparo por mora, los honorarios que genere ese trámite serán afrontados por el particular que lleva adelante la demanda, aunque el juez le haya dado la razón.

El MPN tiene los votos para sancionar el proyecto y anular ese recurso que a criterio del legislador radical Marcelo Inaudi se ha transformado en una "industria sin chimenea que aprovechan dos o tres estudios de abogados".

La polémica por los fondos públicos que deja escapar la provincia está abierta, y tiene en el ojo de la tormenta a algunos estudios de abogados y a los funcionarios que toman decisiones.

Por lo pronto, hay consenso entre los legisladores para encontrar una solución, aunque para diputados de la oposición es fundamental que el funcionario cumpla con los deberes que le impone la ley. Observan, además, que el proyecto del gobierno tiene serios riesgos de inconstitu

cionalidad. Plantean que el funcionario tiene la obligación de responder antes de que finalice el plazo, porque está en juego el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades que tiene cada uno de los ciudadanos

El presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, Ricardo Kohon, dijo ayer que el asunto está en la agenda de la comisión directiva que lo analizó en la reunión del viernes por la noche.

Kohon anticipó que la semana próxima trabajarán en una propuesta para presentarle a los diputados porque "es un tema delicado" y se "requiere una solución equilibrada"

El legislador de Patria Libre, Jesús Escobar,presentó tres proyectos para enmendar tanto la ley de procedimiento administrativo como la del amparo para solucionar un problema que representa cientos de miles de pesos del erario provincial.

Nota asociada:

Mansilla se defiende

Consenso para buscar una solución

Cautela de abogados

 

 

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