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Domingo 14 de marzo de 2004
   Municipales

El tren bala

Lograr que las necesidades políticas vayan de la mano con las circunstancias y ciclos económicos, no es tarea fácil. Casi nunca lo es...

San Martín de los Andes es una "ciudad-parque", como gusta en llamarla ahora la nueva administración. El grueso de los sanmartinenses tiene en muy alta estima la preservación del ambiente, según lo señala más de una evidencia.

Se trata de un valor destacable. Difícilmente un político pueda hacer carrera aquí si no incorpora el medio ambiente a su discurso. Pero las decisiones en esta materia pueden afectar aspectos básicos de la oferta y demanda de tierras, lo que no es malo en sí mismo si hay respuestas para afrontar descalabros.

Las ordenanzas 3012 y 2210, que regulan los usos del suelo y fijan directrices urbanas, recogieron en su momento la interpretación política de un deseo común: orientar el crecimiento con criterios de preservación de los principales bienes de San Martín: el entorno, la ciudad y la calidad de vida de su gente. Pero también esas normas fueron y son un plexo regulador con impactos económicos.

Por estas horas, San Martín asiste a un debate intenso sobre la conveniencia o no de aprobar un loteo en un sector de tierras frágiles como es la Vega Plana, que según las directrices locales no es urbanizable.

Los argumentos son contradictorios y variopintos, pero no es intención de esta columna abordar el caso específico, sino el contexto de la disputa.

Ocurre que las restricciones de uso en un sitio de notable escasez de tierras urbanizables como es San Martín, tienden a elevar el valor de las propiedades existentes o de aquellas susceptibles de ser aprovechadas.

A su vez, la presión por vía de la creciente demanda de inmuebles y terrenos enfrentada a la carencia de disponibilidad, agrega otra vuelta de tuerca. Con lo que aquí se compra un lote de 1.000 m2 en un country, podría adquirirse un "petit palacette" en otro sitio del país con economía regional menos agraciada.

Esta relación, por cierto, no es función directa de las ordenanzas, pero ellas son un factor de peso en medio de una combinación de variables. Veamos.

El turismo está en alza en Argentina y en particular en destinos cordilleranos. Junto con él se multiplican la construcción, la necesidad de mano de obra y el comercio. La consecuencia es que estos sitios se transforman en atractivos para personas interesadas en invertir y en trabajar, que a su vez necesitan dónde vivir. Ergo, presionan sobre la oferta de bienes inmuebles y realimentan el ciclo de precios en alza, a la vez que se constituyen en un problema político.

Algunos creen que los precios de los bienes raíces aquí son en sí mismos una barrera de entrada, pero la gente se afinca donde tiene empleo y no donde sólo tiene casa. No por nada han crecido en los últimos años las tomas fiscales.

De allí que la presente polémica sobre los loteos de la Vega, cualquiera sea su motivación, es apenas el primer vagón visible de un tren bala. No está llamada a terminar sino a incrementarse de manera vertiginosa en un futuro cercano.

¿Deben abandonarse regulaciones? ¿Debe renunciarse a criterios de crecimiento sustentable? De ningún modo. Pero también sería bueno asumir que la economía tiene dinámica propia, y que debe ser atendida.

Acaso sea urgente explorar nuevos espacios urbanizables, los que a su vez demandarían servicios y accesos. Y quizá esas opciones no estén en el actual casco, sino en villas satélites con adecuados sistemas de conectividad.

Se debe ordenar el crecimiento... lo que no se puede es detenerlo.

 

Fernando Bravo

rionegro@smandes.com.ar

 

 

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