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Lunes 19 de enero de 2004
   Editorial
Los amigos del FMI
Si bien es poco probable que el presidente Néstor Kirchner deje de acusar al FMI de ser el gran responsable de virtualmente todos los problemas económicos del país, no cabe duda de que quiere que siga siendo el acreedor más privilegiado. Entiende mejor que nadie que si el Fondo tuviera que tomar un lugar en la cola con los demás como pretenden los abogados de los bonistas, el gobierno no tardaría en verse en apuros. Felizmente para Kirchner, empero, el juez Thomas Griesa de Nueva York parece reacio a fallar en favor de los acreedores privados que por motivos comprensibles han protestado contra la voluntad oficial de limitarse a mantenerse al día con los pagos al FMI y otras instituciones afines, negándose a negociar en serio con los bonistas de los que, no lo olvidemos, el contingente más nutrido está conformado por argentinos. La resistencia de Griesa a pronunciarse en favor del eventual embargo del dinero que se paga al FMI puede entenderse porque una decisión en tal sentido tendría fuertes repercusiones en las finanzas mundiales. Entre otras cosas, significaría que al gobierno le sería imposible intentar satisfacer a los organismos internacionales sin hacer ningún esfuerzo por conciliarse con los acreedores privados. Sin embargo, el que el juez haya pedido una lista de los bienes del Estado argentino que podrían ser embargados fue una mala noticia para el gobierno. Aun cuando resulte que hay pocos, cualquier intento por parte de los acreedores de apropiarse de ellos incidiría en el prestigio internacional del país y con toda seguridad asustaría a muchos inversores en potencia.
La intransigencia de la que ha hecho gala Kirchner descansa en el presupuesto de que lo que está en juego es una deuda exclusivamente “externa”, de suerte que lo que está haciendo es defender con vigor excepcional los intereses de la Argentina contra los representantes de la usura extranjera que quisieran depauperarla. Sobre la base de este planteo, sería el deber patriótico de todos apoyar la negativa del gobierno a considerar la posibilidad de que pudiera haber alternativas a la oferta oficial. Se trata de una caricatura de la verdad porque sólo una parte de la deuda es “extranjera”, pero así y todo insistir en ella le ha permitido a Kirchner gozar del apoyo de muchos que, de concretarse la quita drástica, la que en la práctica superaría el 90%, que ha sido propuesta por el gobierno, terminarían perdiendo porque entre los más perjudicados por la medida estarían los fondos previsionales. En efecto, el default, como la virtual incautación de los depósitos bancarios y la pesificación asimétrica que lo acompañaron, no era sino parte de un operativo en gran escala que ha acarreado la transferencia de una cantidad enorme de dinero desde el sector privado -o sea, desde casi todo el país- hasta el sector público, que es manejado por la clase política.  Dicho de otro modo, con gran habilidad, el gobierno de Eduardo Duhalde primero y el de Kirchner después se las han arreglado para instrumentar un “impuestazo” de ferocidad inédita en beneficio de una minoría determinada.
Por desgracia, a esta altura encontrar una solución aunque fuera imperfecta para el embrollo que se ha creado será imposible. Si el gobierno aceptara iniciar negociaciones auténticas con los bonistas, los más lo verían como una derrota, pero a menos que lo haga seguirá siendo blanco de la hostilidad cada vez más amarga de decenas de miles de personas diseminadas por el mundo que no dejarán pasar ninguna oportunidad para manifestar sus sentimientos. Además de inversores privados, los enfurecidos por la actitud del gobierno incluyen a funcionarios de los países más perjudicados: según un vocero del gobierno italiano, el default argentino significó la eliminación del uno por ciento del Producto Bruto. Aunque Kirchner pueda contar con el apoyo relativo del FMI y el más decidido de la Casa Blanca, que por motivos ideológicos desaprueba las actividades financieras, cometería un error muy grave si subestimara la influencia de la multitud de personas influyentes que, además de creerse defraudadas por políticos inescrupulosos, ya no intentan ocultar la indignación que sienten por el trato despectivo que les han deparado los representantes oficiales.

 

 

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