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Lunes 22 de diciembre de 2003
   Economia

Leyes virtuales

Según distintos funcionarios del gobierno del presidente Néstor Kirchner y, desde luego, sindicalistas deseosos de recuperar algunas parcelas del poder que detentaban antes de los cambios que se produjeron en el transcurso de los años noventa, debería derogarse la ley de reforma laboral cuya aprobación por el Senado provocó el escándalo que se ha visto revivido debido a las declaraciones de un ex funcionario supuestamente arrepentido. En palabras del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, es necesario hacerlo porque dicha ley "está viciada en origen". Puede que haya tenido razón, pero a menos que demos por descontado de que antes y después no hubo ningún caso de la compra de votos, ya con dinero en efectivo, ya con otros favores, sería igualmente lógico proponer la derogación de muchas leyes más. Puesto que según el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, el político que ha denunciado con más fervor las presuntas coimas que habrían servido para persuadir a los contrarios a la reforma laboral de que les convendría cambiar de opinión, lo que a su juicio hizo el entonces presidente Fernando de la Rúa fue seguir con las prácticas típicas de la década menemista, habría que suponer que otras leyes que actualmente rigen están igualmente viciadas.

Por cierto, ésta parece ser la opinión de buena parte de la población que desde hace muchos años se niega a tomar al pie de la letra las leyes aprobadas por parlamentos desprestigiados, una actitud que se ve reflejada en la economía, de la cual sólo una mitad opera conforme a la legislación vigente. En efecto, son muchos los problemas nacionales que pueden atribuirse a la convicción generalizada de que las leyes, sobre todo las relacionadas con la economía, carecen de plena legitimidad por inspirarse por lo común en los intereses corporativos o personales de políticos y lobbistas. Para colmo, las muchas medidas arbitrarias que se tomaron a partir del colapso de la convertibilidad y la defenestración del gobierno de De la Rúa no han contribuido del todo a restaurar el respeto por la ley. Antes bien, sirvieron para que los que antes estaban habituados a atenerse a la ley se hayan sentido con derecho a despreciarla.

Huelga decir que la reforma laboral que tantos dolores de cabeza le costó al gobierno de la Alianza no constituye una excepción a esta regla deprimente. Como los especialistas han estado señalando, su incidencia en las relaciones laborales fue decididamente reducida, lo que no extraña porque, al fin y al cabo, a los acostumbrados a trabajar en la economía negra no les interesa demasiado los detalles legales y a los demás suele importarles más el deseo de conservar el empleo que recurrir a la Justicia ante las eventuales violaciones cometidas por empresarios que, en medio de una crisis devastadora, tendrán buenos motivos para exigirles cierta comprensión de sus propias dificultades. Es posible que, como afirma el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no haya influido en la generación de empleo en la Argentina, pero también lo es que su presunta inutilidad en tal sentido se haya debido menos a sus deficiencias intrínsecas, que al hecho apenas discutible de que aquí la economía funcione según sus propias reglas.

De prosperar la tesis de quienes están reclamando la derogación inmediata de la ley supuestamente viciada, regiría otra anterior que fue improvisada por el gobierno de Carlos Menem y que, para horror de los sindicalistas, se caracteriza por "la flexibilidad". En cambio, si el gobierno de Kirchner opta por una nueva reforma, se verá obligado a tomar en cuenta no sólo los puntos de vista de los sindicalistas más poderosos, los que darán prioridad a sus propios intereses, sino también las consecuencias para la economía en su conjunto. Si bien Kirchner y sus colaboradores parecen estar en favor de legislación de carácter tradicional, ayudaría que reconocieran que incluso en nuestro país el panorama laboral es muy distinto de lo que era hace treinta o cuarenta años y que, de todos modos, una ley laboral debería formularse pensando en la Argentina del 2010 ó 2020, no en el país de comienzos de 1976. Conscientes de esta realidad, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ha estado haciendo gala de un grado sorprendente de cautela frente a las perspectivas que acaban de abrirse.

 

 

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