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Lunes 01 de diciembre de 2003
   Editorial

Hermano caucásico

Para explicar la rebelión callejera que puso fin a la gestión del presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, pocos analistas han omitido mencionar ni la corrupción galopante ni el hecho de que más de la mitad de la población de un país antes considerado rico haya caído por debajo de la línea de pobreza. Es que no sólo los disturbios en parte espontáneos que se dieron en la capital georgiana Tbilisi y la voluntad de los beneficiados por el desenlace de afirmarse fieles a la Constitución nacional se parecen a ecos lejanos de lo que sucedió aquí hace menos de dos años. También ha sido similar la evolución de los dos países después de haber optado por la democracia. Convencidos de que su país era naturalmente rico y que los talentos de sus habitantes les permitirían adaptarse sin dificultades a circunstancias nuevas, muchos dirigentes de ambos países se han mostrado reacios a hacer un esfuerzo serio por solucionar problemas a su juicio de importancia escasa como los supuestos por la corrupción endémica y la necesidad de continuar actualizando la economía a pesar de la oposición de los comprometidos con intereses creados.

Tanto aquí como en Georgia, la revuelta popular políticamente orquestada que redundó en la caída del viejo régimen ha desembocado en cierto repudio a la tutela de la potencia regional dominante, de ahí la ola antinorteamericana que se produjo en nuestro país después del default y la antirrusa en Georgia, donde la oposición se destaca por su entusiasmo no sólo por la Unión Europea sino también por Estados Unidos. Aunque en la mayoría de los países los problemas de fondo suelen ser internos, la tentación de atribuirlos a las presiones externas es a menudo irresistible. Si bien tal actitud es comprensible y en cierta manera lógica porque a los países relativamente pequeños no les queda otra opción que la de adaptarse como puedan a un mundo en el que su capacidad para producir cambios es muy limitada, no cabe duda de que es debilitante.

El gobierno interino que ha asumido el poder en Georgia luego del triunfo del golpe civil dice que dará prioridad a la lucha contra la corrupción que, lo mismo que el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y otros integrantes del gobierno de Néstor Kirchner, considera una de las causas básicas del colapso económico de su país. Están en lo cierto los que piensan así -además de los costos directos supuestos por el saqueo, la corrupción hace virtualmente imposible el manejo racional de la economía-, pero, como sabemos muy bien, eliminar el mal no es nada fácil, sobre todo cuando los encargados de hacerlo son ellos mismos producto del orden que quieren desmantelar. Se trata de un problema que está compartido por todos aquellos países que a pesar de haber perdido mucho terreno en el ámbito económico tienen una sociedad civil lo bastante sofisticada como para insistir en que sus dirigentes respeten normas más propias del Primer Mundo que del Tercero. De más está decir que saber que la corrupción constituye un obstáculo enorme en el camino del desarrollo ayudará mucho a los sinceramente resueltos a combatirla.

Aunque en términos generales la Argentina, que por fortuna no tiene que preocuparse por la proximidad de vecinos tan amenazadores como Rusia y los países del Medio Oriente ni por conflictos étnicos internos, parece encontrarse en una situación más promisoria que Georgia, ésta cuenta con una ventaja que podría resultar decisiva. Puede que sea utópica la esperanza de muchos georgianos de que pronto su país se convierta en otro miembro de la Unión Europea, pero la experiencia de una cantidad de países nuevamente democratizados como Grecia, España, Portugal y, últimamente, Polonia y otros antes sometidos por Moscú, además de candidatos como Turquía, ha probado que la promesa supuesta por la posibilidad de formar parte del superestado embrionario suele facilitar reformas que en otras circunstancias serían sumamente difíciles. En cambio, la Argentina y otros países sudamericanos no pueden aspirar a ingresar en un club de presuntos iguales que, después de obligar a los miembros en potencia a atenerse a una multitud de reglas detalladas, les retribuiría ofreciéndoles muchos beneficios concretos encaminados a permitirles reducir la brecha económica que los separa de los miembros más ricos.

 

 

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