Buscan más responsables de la muerte del obrero

Hoy indagarán al capataz y al director de la obra. Ambos están acusados de homicidio culposo.

La losa se desplomó desde unos seis metros de altura y causó la muerte del obrero Carlos Bascuñán.

NEUQUEN (AN).- La justicia ampliará la investigación por la muerte del obrero Carlos Bascuñán, aplastado el martes pasado por el derrumbe de una losa en el edificio en el que trabajaba. Hasta ahora están detenidos el encargado de obra y el capataz, quienes recuperarán hoy su libertad después de ser indagados, pero también tendrán que dar explicaciones la provincia, la municipalidad, el contratista y el dueño que encargó la construcción.

Según explicaron fuentes con acceso a la causa, de la información recopilada por los investigadores surge que nadie cumplió con la obligación de verificar en qué condiciones se estaba construyendo el edificio de Perticone y Corrientes, donde Bascuñán murió y otros tres operarios resultados con heridas.

La subsecretaría de Trabajo provincial, a través de su director Ernesto Seguel, argumentó que los inspectores no dan abasto para controlar todas las obras en construcción, y el secretario de Hacienda municipal, Martín Farizano, afirmó que carecen de poder de policía, algo que fue desmentido ayer por un consejero del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería. "Existen normas legales nacionales, provinciales y municipales que establecen al Estado un rol de policía permanente" sobre las obras en construcción, afirmó Néstor Ungar, maestro mayor de obra.

La justicia penal inició un expediente para dilucidar quiénes son los responsables de la muerte del obrero. Pero además se abre una instancia de responsabilidad civil, en la que los involucrados podrían ser más.

En la causa penal hay dos detenidos. Uno de ellos es Héctor Goizueta, de 49 años, maestro mayor de obra, quien figura como director de la obra y al menos en lo formal, sería el máximo responsable de lo que ocurría en la construcción. El otro es Abel Páez, de 48 años, capataz y encargado de contratar al personal.

Según pudo saber "Río Negro", ambos serán indagados hoy en el juzgado 3 de Roberto Abelleira, secretaría de Marcelo Benavídes, por el delito de "homicidio culposo", es decir el que se comete sin intención de matar, sino por negligencia, impericia o imprudencia.

Se trata de un delito excarcelable, por lo que es muy probable que luego de la indagatoria recuperen su libertad aunque seguirán sujetos a la causa.

Se supo además que Goizueta podría argumentar en su defensa que estaba desvinculado de la construcción por desacuerdos con el propietario, un comerciante de apellido Ruffini, aunque en lo formal figura como responsable de la dirección técnica de la obra.

Después de esta etapa concentrada en los presuntos responsables directos, la investigación se ampliará hacia otros involucrados de manera indirecta, por acción u omisión. En ese círculo caen la municipalidad, que nunca controló las características de la edificación, su precariedad y peligrosidad, y por el otro la subsecretaría de Trabajo de la provincia, que nunca utilizó su poder de policía para controlar si el personal que trabajaba allí tenía elementos de seguridad, además de recibos de sueldo, aseguradora, etcétera.

Voceros del gremio de la construcción afirmaron que sus denuncias sobre las precarias condiciones en que se levanta esa edificación, presentadas en agosto, fueron desoídas. Y se ofrecieron como testigos en la causa judicial.