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Unas 900 demandas

"La provincia gana más de los que pierde"

El Estado neuquino y los municipios perdieron 15 millones de pesos en juicios desde el 2000

Muchas de ellas son por malos procedimientos con empleados. Las demandas se convirtieron en una maquinaria imparable.

En lo que va de este año, 69 demandas contra la provincia y distintos organismos autárquicos por 698.759 pesos pasaron por la Cámara.

NEUQUEN (AN).- Los juicios contra el Estado provincial y los municipios se han transformado en una maquinaria imparable que representa para el fisco pérdidas millonarias. Sólo por la Legislatura provincial, pasaron desde el 2000 hasta la fecha, 920 expedientes vinculados con demandas que equivalen a un desembolso de fondos públicos que asciende a 15.053.636 pesos.

Se trata, sin embargo, de una parte de los montos que paga la provincia y las intendencias, porque a la Legislatura no llegan los pleitos cuyas partes llegan a un acuerdo. Por ejemplo, el juicio por 3.600.000 pesos que un grupo de ex magistrados jubi

lados le ganó meses atrás al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ver aparte). Además, a esa catarata de juicios que desembarcan en la Cámara de Diputados para solicitar la reserva presupuestaria correspondiente tal como lo exige la Constitución Provincial, hay que agregarle el capital y los intereses, cuyas cifras se desconocen, porque gran parte de esos recursos son para cancelar los honorarios de los abogados que representaron a los demandantes, según apuntó el diputado del MPN, Jorge Tobares El legislador del ARI Carlos Moraña, opinó que la provincia pierde "muchos juicios, primero porque los funcionarios hacen mal las causas contra los empleados y segundo se atiende mal los juicios pese a que el Estado tiene una cantidad impresionante de abogados y evidentemente el fiscal de Estado no ha cumplido con su rol de defensa del Estado".

Pero Moraña enfatizó que "el primero que vive al margen de la legalidad es el gobernador de la provincia que no cumple con la ley. Esta es una provincia en que la Ley no se cumple". El titular del organismo, Raúl Gaitán, defendió el trabajo del equipo de veinte abogados que trabajan a sus órdenes. Y aseguró que "la provincia no pierde juicios en forma permanente, por el contrario, gana mucho más juicios de los que pierde".

En lo que de este año, 69 demandas contra la provincia y distintos organismos autárquicos por 698.759 pesos pasaron por la Cámara de Diputados. La provincia y el Consejo Provincial de Educación encabezan el listado con 23 y 34 litigios respectivamente.

Una alta fuente judicial atribuyó la causa al permanente estado de conflictividad en el que se encuentra el Estado neuquino desde hace 10 años. Y consignó que el Tribunal Superior de Justicia "está inundado de juicios de todos las áreas del Estado".

En su opinión "son producto del manejo clientelístico del Estado". "Hay personas que se las contrata para cumplir tareas que el Estado no necesita por compromisos político", completó la fuente. Y graficó que "a pesar de que siempre estuvo gobernando el mismo partido, el que llega despide a 300 y contrata a otros 300 y los despedidos accionan contra el Estado".

Pero esa situación también se refleja a nivel comunal. La Municipalidad de Plottier acumula 102 expedientes en lo que va de 2003 en la Legislatura con el pedido de reserva presupuestaria por un monto de 195.301 pesos. La intendenta del lugar, Pilar Gómez (MPN), explicó que la abultada cantidad de demandas en contra del municipio que gobierna, se originó por los despidos que dispuso en abril del año pasado contra un centenar de empleados contratados durante la gestión del ex intendente y actual senador justicialista Sergio Gallia.

Dijo que Gallia pasó a los contratados a planta permanente una semana antes de que asumiera al frente de la comuna. Afirmó que habían llegado a un buen acuerdo con los litigantes y aseguró que "todas las demandas fueron contestadas, pero los abogados gremiales aprovechan de cobrar honorarios". Según los expedientes oficiales que están en el parlamento neuquino, sólo en 2003, el estudio que conduce Mariano Mansilla solicitó la reserva presupuestaria de 159.095 pesos en concepto de honorarios. También el buffet del letrado Carlos Fernández cuyos honorarios ascienden a 75.666 pesos, y el estudio de Silvano Righetti que pidió 24.450 pesos ocupan los primeros lugares. Lo que deberán pagar el Estado provincial y los municipios por las demandas perdidas en 2003 representa una quinta parte del presupuesto anual del Poder Judicial.

Críticas al mecanismo de defensa del sector público

NEUQUEN (AN).- El reelecto legislador del ARI Carlos Moraña, planteó que el problema de los juicios contra el Estado "se soluciona, primero, con una Fiscalía debidamente organizada que defienda los intereses de la provincia no los del gobernador (Jorge Sobisch) y, en segundo lugar, cumpliendo con la Ley empezando por el gobernador".

Recordó que durante un debate en una sesión legislativa de septiembre de 2002, la Cámara le pidió al Fiscal de Estado que informe cuánto se pagaba por las demandas que perdía el Estado y jamás envió la información. "En la Legislatura están los montos que se toma conocimiento, pero se desconoce lo que paga la provincia por vía administrativa y por vía judicial", dijo.

Para el diputado del MPN Jorge Tobares, "no funciona el área de sumarios que tiene la administración central" y que debe resolver los problemas laborales con los empleados públicos. "Hay negligencia en el área -opinó- En todas las estructuras del gobierno funcionan equipos de abogados lo que sucede es que, o es mucho el trabajo o falta de coordinación". Y recalcó que las demandas "que llegan a la Legislatura hay que agregarle capital e intereses porque en su gran mayoría sólo están los montos de los honorarios".

El abogado Juan Kairuz, miembro del estudio que encabeza el representante legal de los gremios estatales, Mariano Mansilla, dijo que "cada vez que asume un gobierno toma medidas ilegales contra los trabajadores. Sobisch echó a 400 empleados y Pilar Gómez en Plottier otros 100 y después no ofrecen acuerdos, porque no reconocen que se han equivocado". Y remató: "Más que una industria del juicio lo que hay es negligencia de nuestros gobernantes" El fiscal de Estado, Raúl Gaitán, explicó que los profesionales que trabajan en su área no están impedidos de hacerlo en forma privada aunque el único que no puede ejercer en privado es él mismo. Y rechazó que la solución para no perder juicios sea conformar un equipo de abogados con dedicación exclusiva.

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