Ex docentes de Nación podrán jubilarse por el ISSN

Un proyecto de ley circunscribe el beneficio a maestros y profesores que hayan desempeñado la mayoría de su carrera en Neuquén. Quedan excluidos trabajadores de otras reparticiones y dependencias y quienes ya perciban jubilación. Más de 130 docentes en actividad están en la fila para ingresar a este nuevo régimen.

En setiembre pasado, la comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Carbajo, recibió a los docentes.

NEUQUEN (AN).- Más de un centenar de docentes de escuelas nacionales transferidas a la provincia podrá jubilarse por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, ISSN, en caso de haber desempeñado la mayor parte de su carrera en la provincia El beneficio, que figura en un borrador de proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo con carácter de "excepcional", excluye a los trabajadores de reparticiones y dependencias nacionales que se transfirieron a jurisdicción provincial -servicios de salud, ferrocarriles, oficinas de vialidad- y a maestros y profesores que ya perciban haberes jubilatorios.

Se calcula que 136 docentes actualmente en actividad en ex establecimientos nacionales de Neuquén, Cutral Co y Zapala, están en la fila para ingresar a este nuevo régimen, cuyo impacto en el presupuesto provincial será de 2,55 millones de pesos anuales En 1992 el entonces presidente Carlos Menem y el gobernador Jorge Sobisch firmaron el traspaso a la provincia de los servicios educativos nacionales, con 1.074 docentes de los cuales 599 ya están jubilados por la Administración Nacional de Seguro de Salud, Anses Estos últimos están excluidos expresamente de cualquier posibilidad de reclamar su transferencia a la caja provincial.

El proyecto, que presentó el diputado provincial Eduardo Carbajo -MPN- hace dos semanas a un grupo de docentes en actividad en establecimientos de esa condición, fija una serie de requisitos para los futuros beneficiarios y flexibiliza la ley 611 en cuanto a determinar la caja otorgante En efecto, se considerarán "servicios docentes provinciales" a los que se desempeñaron en escuelas y colegios radicados en Neuquén.

Como contrapartida, la iniciativa propone que los beneficiarios de este régimen parcial deberán continuar con sus aportes previsionales a la caja provincial "como si estuvieran en actividad" hasta cubrir el período faltante, según la ley, para que el ISSN fuera caja otorgante. En este caso, la tasa de aporte se calculará sobre la base de la usual dividida por 0,80, esto es, un 25% más alta En las mismas condiciones y, a fin de morigerar el riesgo financiero para el ISSN, el Ejecutivo se compromete a aportar, durante el mismo lapso que el beneficiario, su contribución patronal, que se estimará de igual forma, es decir, dividida por 0,80.

La iniciativa fue bien recibida por los docentes, que agradecieron por la gestión al Ejecutivo provincial aunque consideraron que la "excepcionalidad" del régimen de

bería alcanzar también a la cuestión de la edad jubilatoria En efecto, según un cálculo realizado por el grupo, el artículo segundo del proyecto excluye a los docentes "que tienen más años trabajados en otras provincias" La objeción se fundamenta en que, por caso, un trabajador de 60 años de edad con residencia en Neuquén desde 1988, si se desempeñó durante 38 años y sólo estuvo en Neuquén 15, queda excluido. Además, si trabajó desde los 35 años y tiene 15 de antigüedad en la provincia y 10 en otras jurisdicciones, queda incluido en el régimen.

También lamentaron que no se incluya a los empleados no docentes de los establecimientos en cuestión ni se menciona en "posibilidades de opción referentes a elegir la caja" jubilatoria.

En consecuencia, solicitaron que no se tenga en cuenta el artículo de la ley 611 que designa "como caja otorgante a aquella con mayor cantidad de años de aporte" y que se fije la misma edad jubilatoria que la norma provincial, y proponen opciones para los períodos de aportes. Estas propuestas colisionarán con la posición de los consejeros gremiales en el ISSN que ya fijaron su posición de mantener el principio de "caja de mayor aporte, caja jubilatoria" y de "tener cuidado con que trabajadores de otras áreas o jubilados nacionales no exijan el traspaso".

La discusión, que se acelerará con la integración de la nueva Legislatura, coincidirá con la reactivación de los proyectos de emergencia económica y reforma administrativa que impulsará la nueva gestión de Sobisch. Estos últimos también contemplan la disminución de la presión de la masa salarial sobre el presupuesto mediante regímenes de jubilación anticipada.

Reactivarán planes de emergencia

NEUQUEN (AN).- En su tercer mandato, Jorge Sobisch se dispone a volver a sus orígenes e instrumentar una amplia transformación en el Estado provincial, con el fin de ordenar el gasto, fundamentalmente el correspondiente a la masa salarial. Los cambios pivotearían en torno de tres proyectos de ley, ya presentados en febrero de 2000 y que nunca fueron aprobados: la ley de función pública, la de remuneraciones y reforma administrativa.

De sancionarse esas leyes, tras la correspondiente discusión legislativa, se "adecuarán las plantas funcionales de la administración pública", con lo cual se podrán disponer "traslados y reubicaciones" de los empleados públicos dentro de la zona geográfica de su residencia, con garantías sobre derechos laborales adquiridos, remuneración y otros componentes de la relación contractual.

Dentro de ese esquema, también se había propuesto -a comienzos de la actual gestión gubernativa- la instrumentación de una suerte de jubilación anticipada para los trabajadores que se declaren, eventualmente, en disponibilidad Ese lote de empleados del Estado estará constituido por quienes estén en condiciones de acceder a la jubilación luego de fijarse un plazo, que puede ser a tres años vista, si se mantienen las propuestas de los proyectos originales.

En la reorganización del Estado, se propondrá la "incentivación de la carrera profesional" con la promoción de un salario ajustado a la "responsabilidad asumida y a la formación adquirida", con contenidos de equidad y orden que apunten a un equilibrio entre los trabajadores del sector público y del privado, de manera de eliminar las distorsiones en el mercado laboral.