En Viedma indemnizarán a una mujer afectada por los ruidos molestos

VIEDMA (AV).- La Justicia civil de esta capital condenó al gremio de los empleados legislativos (APEL) a indemnizar con 10.000 pesos a una vecina del mismo edificio, como consecuencia de los ruidos molestos provocados en el salón de usos múltiples que se alquila para diversos eventos.

Los padecimientos para la docente Nancy Astaburuaga y sus hijos comenzaron a fines de 1999. A partir de allí empezaron a manifestar cierto cansancio frente a potentes equipos musicales que no los dejaban dormir sobre todo durante los fines de semana.

Las consecuencias se hicieron sentir en su desempeño laboral y la docente se vio obligada a dejar uno de sus trabajos por no estar en buenas condiciones anímicas. Tuvo que seguir un tratamiento médico ante una profunda crisis depresiva, según alegó.

Como paso previo a recurrir a la Justicia civil determinó, por medio de mediciones que efectuaron los inspectores municipales, que los decibeles sobrepasaron el límite permitido en unos 26 puntos durante un baile. Lo permitido por la Ordenanza 3.637 llega a 50 puntos. Ante ello, debió actuar la Justicia Municipal de Faltas.

El juez de primera instancia, Fermín Donate, confirmó que el ruido excede la normal tolerancia sosteniendo que APEL "no respetó las pautas de convivencia vecinal y no tomó recaudos para el control de terceros que alquilaron", según reveló una fuente tribunalicia. Con respecto al daño moral, el magistrado consideró que "hay una relación de causalidad entre los ruidos y la afección", agregando luego que la vecina "desde su instalación en el inmueble se preocupó por lograr la cesación de las molestias, soportó un padecimiento espiritual digno de ser resarcido, y dicho padecimiento no necesita prueba directa de su existencia porque ella queda demostrada por las propias circunstancias".

Donate hizo lugar a la demanda y condenó al gremio a abonar la mencionada suma, sin embargo la docente recurrió reclamando una cifra superior. La Cámara Civil confirmó el caso días atrás, el monto pecuniario inicial e impuso a la demandada la obligación de acondicionar el inmueble para que los sonidos respeten los valores fijados por la normativa municipal.

Mientras ello no se cumpla, por cada emisión de sonidos en infracciones a las normas, el sindicato deberá abonar una suma de 1.000 pesos en favor de la docente.