El bloque del PJ dividido por el régimen de coparticipación de Saiz

VIEDMA (AV)- Cinco diputados del justicialismo anticiparon su rechazo a la coparticipación municipal que el gobernador electo Miguel Saiz prevé instrumentar en el primer semestre del año próximo.

Esa reacción era previsible. Saiz se entrevistó el viernes con el presidente de la bancada justicialista, Javier Iud, oportunidad donde coincidieron en avanzar en un proyecto transitorio por seis meses, a partir de noviembre. El diputado opositor prevé discutir esta semana esa reforma con los intendentes, pero ayer cinco legisladores del justicialismo anticiparon su disidencia con esa coparticipación.

Los firmantes del rechazo son Jose Luis Zgaib, Sigifredo Ibáñez, Silvia Jáñez, María Severino de Costa y Vita Bucci. Además de Iud, la bancada justicialista se completa con Eve Adarraga, Wálter Cortes, Juan Bolonci, Alejandro García y Liliana Finocchiaro.

Asimismo, el presidente de Asuntos Municipales, el legislador Alfredo Pega convocará la semana próxima a su comisión para evaluar la reforma transitoria, cuyo reparto regirá entre noviembre y abril.

Todo indica que el proyecto lo formalizará el Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros, lo cual permitirá su aprobación definitiva en la sesión del 30 de octubre.

Inicialmente, el oficialismo deberá analizar un eventual aumento del índice de coparticipación de la provincia a los municipios, que se estableció en un 25,5% pero Iud solicitó a Saiz mejorar ese monto de distribución. Así, se prevé un porcentaje del 26 o 26,5%.

El monto destinado a los municipios conforma el principal cuestionamiento de los cinco diputados justicialistas, que insisten en una distribución del 33% de los recursos provinciales.

Ese grupo de diputados advirtió que el proyecto original del Ejecutivo -que se presentó el 9 de diciembre del año pasado- fija un 25,5% para los municipios, recordando que el propuesto régimen transitorio "considera un aumento en el monto" pero mantiene esa propuesta original.

Ese porcentaje -dicen los legisladores- "estaría en abierta contradicción con lo solicitado por los intendentes en la asamblea del 16 de octubre de 2002 donde su petición fue una distribución del 33%".

Relativizó la suspensión de la vigencia de la ley 2475 -que establece un techo en el reparto- porque "un acto de estricta justicia sería su derogación". Se cuestiona que "se avanza en una modificación en el régimen coparticipable antes que la Nación y las provincias tengan definido" su nuevo esquema de repartos de recursos.

Además, advierten que la reforma "se concretaría con legisladores que terminan sus mandatos y antes que asuman las nuevas conducciones municipales". Por eso, los diputados opositores anticipan su rechazo si el proyecto "no respeta el 33% que pidieron los intendentes".