Acordada del STJ contraría argumentos de Piccinini

La anulación de las indagatorias dispuesta por la Cámara de Apelaciones de Viedma en la causa sobre presunto cohecho en el negocio del juego administrado por el Estado en Río Negro, generó una polémica interna en el Poder Judicial, y puso en evidencia rivalidades, posturas jurídicas divergentes y hasta presuntas orientaciones políticas o ligazones personales.
La anulación, que se conoció el viernes por la tarde, incluyó como sanción al juez Jorge Bustamante su apartamiento de la causa, y fue firmada por los jueces Liliana Piccinini, Ernesto Rodríguez y Ricardo Rodríguez Aguirrezabala, aunque sólo los dos primeros fundaron su voto.
En síntesis, Piccinini objetó la resolución de Bustamante por estimar que el juez no fundó debidamente el secreto de sumario, no permitió el acceso de los indagados a las pruebas porque se negaron a declarar o se limitaron a negar los cargos, dudó de que les hubiera explicado la imputación en su contra, y no accedió a escucharlos luego, cuando voluntariamente lo pidieron, previo al dictado de los procesamientos. Rodríguez compartió su criterio y le agregó que el juez privilegió una hipótesis en detrimento de otras y no fundó por qué dio credibilidad a algunos testigos y no a otros.
Una referencia elocuente circuló ayer por el Poder Judicial de la provincia. Se recordó que la Acordada Nº 40/97 del Superior Tribunal de Justicia -que actualmente rige el procedimiento para la toma de declaraciones indagatorias en causas penales- contraría la postura expresada por la jueza Piccinini en la resolución que anuló las indagatorias en la causa de Lotería y los procesamientos consecuentes.
En la Acordada (que curiosamente, no es el resultado de un “acuerdo” como su nombre haría suponer, ya que dos jueces se pronunciaron en un sentido y el tercero en otro) los jueces del STJ Edgar Echarren y José Leiva expresaron su opinión coincidente respecto de que no es necesario que el acta de la indagatoria registre la descripción del hecho que se enuncia al imputado, sino que “basta la constancia de que el juez lo hizo”. Más aún -añaden- cuando durante el interrogatorio está el abogado defensor del imputado y no consta que objete el modo en que el juez hizo la enunciación.
El tercer juez -que al momento de dictarse la acordada era el actual vocal Alberto Balladini- coincide en parte con la postura de los anteriores pero agrega que en el acta debería constar textualmente el modo en que el juez transcribiera los hechos imputados al indagado y enuncie las pruebas que existen en su contra.
Otros de los puntos que agitó ayer el debate es el referido a la cita -también de Piccinini- de un autor que sugiere que el juez no sólo debe decir qué prueba hay contra el imputado sino facilitarle “los medios adecuados para la preparación de su defensa”, es decir el acceso directo al expediente o copias de las pruebas. “De ninguna manera eso es así”, afirmaron varias fuentes consultadas, no sólo en la provincia de Río Negro sino también juristas de relevancia nacional, que hicieron notar que el Código de Procedimientos Penales rionegrino en ese aspecto no difiere de los vigentes en el resto del país.

Competidores y enemistados

Liliana Piccinini es jueza Correccional, presidenta subrogante la Sala B de la Cámara de Apelaciones y la que argumentó con énfasis para que el juez Jorge Bustamante sea apartado de la causa Lotería. Sin embargo, hay un detalle nada menor: tanto ella como Bustamante son candidatos a integrar como titulares mañana la Sala B de la Cámara. Es decir que entre ambos hay un mismo interés: compiten duramente por un cargo de camarista. Entonces, ¿correspondía que Piccinini se involucrara en un fallo que desacredita la actuación de su contrincante? Desde luego que no. El sentido común dice que debería haberse excusado.
Piccinini y Bustamante no son sólo competidores. Por lo que se conoce en el ámbito judicial de Viedma, ambos no ocultaron sus diferencias y rencores. El año pasado, fue evidente una pulseada en una causa por la posesión de las tragamonedas entre Carlos Ferrari (Varsa) y Cecilia Giovinazzo (Pradión). Bustamante decidió la inhabilitación de medio centenar de máquinas, pero en una subrogancia Piccinini lo contradijo y las liberó. Bustamante ratificó la decisión, pero las máquinas ya no estaban.
Aun esos antecedentes, Piccinini asumió la subrogancia en la sala B para juzgar las apelaciones planteadas en la causa mayor de la Lotería que instruyó Bustamante. En el fallo no ahorró críticas y calificativos hacia la instrucción de Bustamante para fundar la anulación de los procesamientos de funcionarios y empresarios.
El hecho de que Piccinini haya estado en condiciones de influir en la decisión de la Cámara mediante una resolución que aplica una sanción y aparta al magistrado, es para cualquier observador la demostración de que quiso sacar de pista a un competidor. Sorprende que esto haya pasado. Piccinini no estaba en condiciones de tomar una decisión, por lo menos en lo que se refería al apartamiento del juez, mientras se presentara un interés personal.