La designación fue prevista para mañana.

Para mañana a las nueve está convocada la reunión del Consejo de la Magistratura, que tiene por objeto designar a dos camaristas para la Sala B de la Cámara del Crimen, que actuará como Cámara de Apelaciones.
Todos sus miembros aseguraron que la reunión se realizará a pesar de los rumores de suspensión, postura que sostendrían los legisladores y con la coincidiría el gobernador electo Miguel Saiz.
Pero, a diferencia de la semana pasada, ahora nadie puede asegurar cómo saldrá la votación, teniendo en cuenta que los candidatos más firmes a ocupar esos dos cargos de camaristas -entre los más de diez postulantes- son la jueza en lo Correccional, Liliana Piccinini, y el juez Penal Jorge Bustamante, enfrentados y a su vez en la mira (ver “Competidores...) .
El Consejo está presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Luis Lutz e integrado, en este caso, por el presidente de la Cámara Penal de Viedma, Eduardo Giménez; los diputados Iván Lázzeri, Walter Cortés y Noemí Sosa en reemplazo de Miguel Saiz y, por el Colegio de Abogados local, Raúl Bruno, Gustavo Valverde y Rodolfo Cufré.
Para la reunión anterior de setiembre -que se postergó por el retiro del presidente de la Cámara del Crimen y de los representantes del Colegio de Abogados que plantearon necesidad de analizar con mayor detenimiento los candidatos-, tanto Bustamante como Piccinini contaban con los votos de los legisladores y del Colegio. Sólo el presidente de la Cámara, Eduardo Ignacio Giménez, se oponía a la designación de Bustamante.
Hasta ayer, el apoyo oficial seguía siendo el mismo pero habrían variado otros votos respecto de ambos candidatos.
Los últimos acontecimientos han afectado seriamente la imagen de los dos. Por un lado, están las severas críticas de la Cámara de Apelaciones subrogante contra el juez Bustamante en la investigación de presunto cohecho, con el agravante de su apartamiento de la causa.
A esto se sumó el pedido de juicio político contra el magistrado presentado por el presidente de Lotería, Miguel Irigoyen.

Sospechas

Por el otro lado, la jueza Piccinini no queda exenta de un manto de sospecha. En este caso juega en su contra haber integrado como subrogante la Cámara de Apelaciones de donde habría surgido el trascendido de cómo saldría el fallo en la causa de la Lotería, tal como finalmente sucedió.
Cabe recordar que, cuando el rumor comenzó a caminar, la resolución aún no habría estaba escrita y sólo habría sido analizada verbalmente en una reunión privada entre los tres camaristas.
Esta situación habría revertido el voto de algunos integrantes del Consejo de la Magistratura al interpretar que algunos de los tres magistrados podría ser quien adelantó el fallo, una falta muy grave y causal de destitución para un magistrado pero sobre lo que no se inició ninguna investigación, por lo menos, para salvar el buen nombre y honor de los camaristas actuantes.
Quienes impulsan la suspensión de la reunión fundamentan que con un pedido de juicio político no se puede ascender a un juez ni tampoco retirarlo de la escena como candidato prejuzgando su conducta cuando aún no está resuelta aquella solicitud.