Los directores de escuelas neuquinas siguen su batalla en la Justicia

El Tribunal Superior definirá la legalidad de la norma que los obliga a informar sobre los docentes que hacen huelga

OIT. El argumento con el que lo hizo fue, además de resaltar la violación de la Constitución Nacional, Provincial y de convenios de la OIT, que el CPE no tiene competencia para imponer una norma como la resolución 163.

La ley 242, que rige su funcionamiento, no le otorga esta facultad. Le corresponde al Congreso de la Nación reglamentar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional.

A los directores se los notificó de los sumarios la semana pasada. Reaccionaron contra la medida calificándola de persecutoria. "No vamos a someternos a la obediencia debida que impulsa este gobierno", indicaron. "Pretenden un sometimiento total a las políticas que impulsan y nosotros no vamos a ser parte de su juego", agregaron.

También cargaron contra el titular del CPE, Mario Pilatti. "Es un simple contador que jamás dictó clases y desconoce la realidad del aula que nosotros enfrentamos cotidianamente. De lo contrario no hubiese puesto en vigencia esta resolución".

El Estatuto Docente establece que los directores deben ser investigados por personal de igual jerarquía; según los vocales gremiales el CPE eso no se puede cumplir por falta de personal. "Están inflando un globo para mostrarle a la sociedad cómo disciplinan a los que se oponen a sus políticas", destacaron.

NEUQUEN (AN).- La suerte de los 54 directores de escuelas que fueron sumariados por el Consejo Provincial de Educación (CPE), por no respetar la resolución 163 implementada por este organismo, dependerá exclusivamente de la batalla judicial que inició el gremio docente (ATEN) contra a esta norma y que hasta el momento no le dio los resultados esperados: su vigencia fue avalada en dos instancias de la justicia provincial.

Pese a esto, los abogados del gremio recurrieron a fines de la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde presentaron un recurso de casación, y tienen previsto también hacer un planteo en la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

La ratificación o no de la polémica resolución, le despejará el camino a las autoridades del CPE para continuar los sumarios qu iniciaron la semana pasada o las obligará a retroceder con la medida.

En el primero de los casos, según lo establecido en el artículo 54 del Estatuto del Docente, las penas que le cabrían a los directores van desde una simple amonestación hasta la exoneración.

La resolución 163 fue puesta en vigencia en marzo del año pasado. Establece que los directores deben informar al CPE qué docentes adhieren a una medida de fuerza, además de obligarlos a permanecer en las escuelas durante el desarrollo de la huelga.

Luego de su implementación el gremio recurrió a la justicia. Lo hizo para "defender el derecho a huelga que tiene cualquier trabajador", indicaron sus representantes legales, "que están contemplados en la Constitución Nacional, Provincial y de convenios de la OIT".

Pero tanto en primera instancia como en la Cámara Civil de Apelaciones, la resolución fue ratificada. En el primer caso, la jueza Ana Lía Zapperi argumentó que la educación "es un servicio público que debe ser garantizado por el Estado", y agregó que el derecho a huelga está limitado para los directores. En términos similares se manifestó la Cámara al confirmar el fallo.

Ante esto el gremio presentó un recurso de casación en el TSJ el viernes pasado. Y tiene previsto recurrir también ante la